Cinthia Ruiz/ Diario de Chiapas
El uso de celulares, tabletas y videojuegos se ha convertido en un nuevo motivo de conflicto dentro de algunas familias, principalmente cuando los padres establecen límites sobre el tiempo que sus hijos pueden permanecer frente a estos dispositivos. Ante estas situaciones, niñas, niños y adolescentes pueden interpretar la corrección como una vulneración a sus derechos, aunque retirar un aparato electrónico como medida disciplinaria no significa, por sí mismo, que exista maltrato.
Así lo explicó María Isabel Cruz Cruz, procuradora municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF Tuxtla Gutiérrez, quien señaló que la Procuraduría ha recibido reportes en los que los propios menores manifiestan sentirse violentados cuando sus padres les quitan el celular, la tableta o los videojuegos, por lo que cada caso debe ser valorado antes de determinar si existe realmente una vulneración de derechos.
Para identificarlo, el área de psicología trabaja junto con personal jurídico y de trabajo social, ya que no solamente se toma en cuenta lo expresado por el menor, sino también la versión de los padres y la dinámica que existe dentro del hogar. De esta manera, se busca conocer qué está provocando determinadas conductas y si existe algún problema familiar que requiera atención.
Los especialistas señalaron que un menor no necesariamente presenta una conducta considerada rebelde sin una razón detrás, puede haber falta de atención, conflictos familiares u otras situaciones que estén influyendo en su comportamiento. Por ello, establecer límites debe ir acompañado de comunicación y herramientas de crianza positiva, antes que recurrir a medidas que puedan afectar la relación entre padres e hijos.
A esto se suma otro riesgo relacionado con el acceso de niñas, niños y adolescentes a dispositivos electrónicos. La Procuraduría advirtió que, sin supervisión, pueden quedar expuestos a violencia digital, engaños y personas que buscan establecer contacto con ellos con fines que pueden poner en riesgo su integridad física y emocional.
Por ello, los padres y cuidadores tienen la responsabilidad de conocer qué hacen los menores en internet, qué contenidos consumen y cuánto tiempo permanecen conectados. Al mismo tiempo, niñas, niños y adolescentes tienen derechos, pero también responsabilidades dentro de casa y en su formación.
La Procuraduría mantiene un promedio de entre 20 y 22 denuncias al mes, aunque son pocos los casos en los que los propios menores solicitan directamente una intervención por conflictos con sus padres. Ante estas situaciones, la atención puede incluir orientación, terapia individual o familiar y medidas de protección, dependiendo del nivel de riesgo identificado.
El reto, señalan, no está únicamente en retirar un dispositivo, sino en establecer reglas claras y entender qué hay detrás de la conducta de cada menor. El diálogo entre padres e hijos se mantiene como una de las principales herramientas para poner límites sin confundir disciplina con violencia.
