Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
En la dinámica del poder político, los cambios en los gabinetes rara vez obedecen a necesidades administrativas; a veces corrigen errores de gestión, otras veces acomodan cuotas de grupo, premian lealtades partidistas o anticipan de manera calculada nuevas etapas en el ejercicio del poder. Sin embargo, cuando las modificaciones se concentran de forma específica en la oficina encargada de resguardar la gobernabilidad, administrar la conflictividad social y decodificar el humor político del territorio, lo verdaderamente relevante consiste en descifrar qué transformaciones profundas están ocurriendo en la manera de gobernar.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, no se ha caracterizado por desmontar de golpe el equipo original con el que arrancó su administración; áreas estratégicas como Finanzas, Educación, Seguridad del Pueblo, Infraestructura, Economía y Medio Ambiente han conservado en lo esencial a sus titulares de origen. En ese escenario de estabilidad general, lo acontecido en la Secretaría General de Gobierno y Mediación adquiere una densidad analítica singular, al registrar tres nombramientos distintos –Patricia Conde Ruiz, Dulce María Rodríguez Ovando y, desde principios de octubre, Jorge Enrique Hernández Bielma– en un lapso aproximado de 22 meses.
Una rotación de esta magnitud sugeriría a primera vista un síntoma de inestabilidad crónica en una dependencia donde la continuidad operativa suele considerarse un activo indispensable; no obstante, tal lectura resulta demasiado simplista para una institución cuya naturaleza intrínseca radica precisamente en lidiar con las complejidades del sistema político. Más que tres fracasos administrativos consecutivos, lo que parece revelarse son tres momentos distintos de una misma estrategia de gobernabilidad.
La gestión inicial de Patricia Conde respondió a una coyuntura extraordinaria de emergencia. El nuevo gobierno heredó un Chiapas atenazado por la violencia criminal, el desplazamiento forzado, los bloqueos carreteros y amplias regiones donde el Estado había extraviado la presencia institucional; los primeros meses estuvieron definidos por el imperativo de la recuperación territorial. En esa etapa fundacional, la gobernabilidad operó indisolublemente atada a la estrategia de seguridad encabezada por Óscar Aparicio en la secretaría correspondiente y los despliegues tácticos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Su salida, meses más tarde y sin reproches públicos por parte del Ejecutivo, confirmó que el relevo de Conde no respondía necesariamente a deficiencias en sus funciones, sino al cierre de un ciclo operativo.
La llegada de Dulce Rodríguez en noviembre de 2025, respaldada explícitamente por la confianza del gobernador tras su paso por la Secretaría de la Mujer, acompañó una fase de reorganización de las estructuras y mediaciones territoriales, concluyendo su encargo no por una ruptura, sino para integrarse de lleno al proceso político-electoral de Morena rumbo a 2027. La segunda secretaria simplemente cambió de casilla en el tablero estratégico.
El nombramiento de Jorge Enrique Hernández Bielma introduce un giro interpretativo contundente porque no se trata de un operador externo que arriba para rescatar una dependencia colapsada, sino de un cuadro que venía fungiendo como subsecretario, con pleno dominio del funcionamiento interno y del mapa de conflictos.
Su perfil biográfico, ligado a la vieja escuela del priismo tradicional, al corporativismo campesino y a la experiencia legislativa –coincidiendo en tiempos pasados con los inicios políticos del propio gobernador–, se vio complementado con el ascenso de Juan Luis Zarazúa a la subsecretaría, colocando en la cúspide de la dependencia a los dos hombres que mejor conocen la fontanería territorial del estado.
Con este movimiento se dibuja con claridad la tercera etapa del sexenio. Si la primera fase exigió el músculo de la seguridad para pacificar regiones y la segunda se concentró en la reorganización institucional, la etapa actual responde a una realidad distinta donde el calendario político se precipita hacia 2027. Cuando los conflictos dejan de ser exclusivamente de carácter operativo frente al delito y comienzan a gravitar en torno a las disputas municipales, las fracturas entre corrientes partidistas, la presión de los alcaldes y la acumulación temprana de fuerzas rumbo a la sucesión, el régimen vuelve a demandar una especie política clásica que nunca se extinguió en Chiapas: el operador territorial.
Esto no significa que la Secretaría de Gobierno se convierta en una oficina electoral, sino que la naturaleza misma de la gobernabilidad experimenta una mutación ineludible. Los relevos secretariales de estos meses no reflejan una puerta giratoria improvisada, sino el mecanismo de un reloj político que ya ha comenzado a marcar implacablemente el tiempo de 2027.
