La ciudad, rehén de las protestas magisteriales
Tal como lo habían anunciado, docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon el viernes los principales accesos y salidas de Tuxtla Gutiérrez.
La protesta volvió a poner a la capital chiapaneca frente a una realidad conocida: cuando las movilizaciones se trasladan a las vías de comunicación, el costo no siempre lo pagan los tomadores de decisiones, sino miles de ciudadanos que son ajenos al conflicto.
Los profesores cerraron la circulación en el poniente de la ciudad, a la altura de La Pochota, y en el oriente, en la salida hacia la presa de La Angostura. Dos puntos estratégicos que bastaron para desquiciar el tránsito, interrumpir traslados y afectar a quienes necesitaban salir o entrar a la ciudad capital por razones de trabajo, salud, educación o comercio.
Los más perjudicados suelen ser quienes menos alternativas tienen. Habitantes de las colonias periféricas y de municipios cercanos, trabajadores que deben cumplir horarios, pacientes que necesitan atención médica y personas que dependen del transporte público. Para ellos, el bloqueo no es una consigna política, sino horas perdidas, gastos adicionales e incertidumbre.
La coyuntura tampoco pasa inadvertida. En medio de las actuales protestas de trabajadores del sector salud, la CNTE busca reinstalar una mesa de negociación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para discutir sus demandas pendientes. La coincidencia de ambas movilizaciones desafía al gobierno federal y cuestiona su capacidad para resolver conflictos sindicales.
Entre las principales exigencias del magisterio disidente se encuentra la abrogación total de la reforma educativa, el regreso a la jubilación por antigüedad, 28 años para las maestras y 30 para los maestros, así como su rechazo a las consultas digitales. También buscan reinstalar mesas tripartitas para negociar esta abrogación.
El Gobierno de México tiene la responsabilidad de escuchar y atender, de demostrar respuesta institucional y negociación capaz de producir resultados. De lo contrario, quedaría demostrada su falta de capacidad ante las demandas de las luchas sindicales.
Tuxtla Gutiérrez no puede convertirse periódicamente en escenario de disputas cuya resolución depende de quién consiga ejercer mayor presión sobre las autoridades. Una ciudad no debería detenerse para que una demanda sea escuchada.
El derecho a protestar es indiscutible, pero también lo es el derecho de la ciudadanía a trasladarse, trabajar y realizar sus actividades cotidianas. Se deben encontrar mecanismos de negociación que eviten que la población termine pagando una factura que no le corresponde.
Pero sobretodo hace falta mayor voluntad política para encontrar soluciones efectivas. Porque cuando una movilización paraliza los principales accesos de una ciudad, el ejercicio del derecho a protestar debe considerar el de los demás al libre tránsito.
