Cinthia Ruiz/ Diario de Chiapas
La falta de aplicación de los reglamentos municipales para regular las tortillerías mantiene en desventaja a los establecimientos que cumplen con sus obligaciones frente a los negocios informales que operan sin licencia de funcionamiento. Ante esta situación, Carlos Alberto Cisnero Lara, presidente de la Unión Industrial de la Masa y la Tortilla de Cacahoatán, pidió a las autoridades municipales hacer cumplir las disposiciones vigentes y evitar que la informalidad continúe afectando al sector.
El dirigente señaló que, alrededor del 90 por ciento de los municipios de Chiapas cuenta con reglamentos para regular la apertura y el funcionamiento de molinos de nixtamal y tortillerías. Sin embargo, afirmó que tener estas normas no garantiza su cumplimiento, pues, según su experiencia, los compromisos de las administraciones municipales no siempre se traducen en acciones concretas.
Explicó que los negocios establecidos deben cubrir los gastos de sus licencias, cumplir con requisitos sanitarios y atender las disposiciones de distintas instancias. Entre sus obligaciones se encuentran tomar cursos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), además de cumplir con los lineamientos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y otros requerimientos municipales, estatales y federales.
Cisnero Lara destacó que estos trámites y capacitaciones representan una inversión para los propietarios que buscan mantener sus establecimientos dentro de la normativa. En contraste, aseguró que algunas tortillerías operan sin los permisos correspondientes y pueden ofrecer precios más bajos, lo que genera una competencia desigual para quienes sí asumen los costos de la formalidad.
El problema, añadió, también involucra a los consumidores, pues cuando no existe una supervisión suficiente pueden surgir dudas sobre la procedencia de las tortillas y las condiciones en que son elaboradas, manipuladas y distribuidas. Por ello, consideró necesario que las autoridades no solo promuevan la regularización de estos negocios, sino que verifiquen que cumplan con los requisitos establecidos.
El representante del gremio indicó que han participado en reuniones con autoridades para buscar acuerdos; sin embargo, afirmó que todavía no observan resultados suficientes. Sostuvo que los ayuntamientos tienen la obligación de aplicar sus reglamentos y que su cumplimiento no debe depender de los cambios de administración.
Por ello, pidió al Gobierno estatal dar seguimiento a esta problemática y exhortar a los municipios a hacer valer sus disposiciones. Señaló que la aplicación de las normas permitiría establecer condiciones más equitativas entre los establecimientos, fortalecer la regulación sanitaria y brindar mayor certeza a los consumidores.
