Razones
Jorge Fernández Menéndez
El acuerdo firmado está semana entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha pasado casi desapercibido para la opinión pública, pero tiene una importancia crucial. Se trata del convenio para interconectar los sistemas de información y dar acceso a la Guardia Nacional a la Plataforma Central de Inteligencia.
El convenio fue firmado por el general Ricardo Trevilla Trejo y por el secretario de seguridad, Omar García Harfuch para potenciar las investigaciones contra el crimen organizado y deberá permitir, sobre todo, que los sistemas operativos, bases de datos y registros administrativos de la Guardia Nacional se vinculen directamente con los operados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Al poder cruzar los datos de campo de la Guardia Nacional con el sistema central, las autoridades de ambas instituciones podrán identificar con mayor precisión patrones delictivos, estructuras financieras y vínculos de organizaciones criminales. El objetivo principal, se dijo, es generar «datos de prueba» sólidos para que las detenciones se traduzcan en vinculaciones a proceso efectivas ante los jueces, un tema crucial porque cerca del 50 por ciento de los detenidos por delitos de alto impacto no terminan tras las rejas o con las condenas que deberían tener.
Usted se podrá preguntar cómo es que después de cuatro décadas de lucha contra el crimen organizado las plataformas de inteligencia no están comunicadas. Esa es una de las deficiencias evidentes durante todos estos años y un espacio que ha permitido, además, la ineficiencia y la corrupción. El problema no es que existan diferentes agencias, civiles y militares. En Estados Unidos hay 18 agencias de información e inteligencia operando simultáneamente, pero después del fracaso que significaron los atentados del 11-S, se creó la Oficina del director de Inteligencia Nacional que supervisa toda la comunidad de inteligencia, información y contraterrorismo y asesora directamente al presidente. El actual director, por cierto, es Jay Clayton, el ex fiscal del sur de Nueva York, que realizó las investigaciones y pidió las órdenes de captura contra los narcopolíticos de Sinaloa, comenzando por Rubén Rocha y Enrique Inzunza.
Este esquema de colaboración, además del mensaje político que envía al ser presentado en forma conjunta por García Harfuch y el general Trevilla, es fundamental para lo que viene. En términos legales, en 2028 las fuerzas armadas tendrán que dejar todas las tareas de seguridad pública. Esas responsabilidades quedarán en manos de las autoridades civiles y de la Guardia Nacional, que depende de la Defensa pero que está específicamente dedicada a la seguridad pública. Las fuerzas militares sólo atenderán la seguridad interior y nacional. Por eso es tan importante el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su coordinación en todos los ámbitos con las autoridades de seguridad civiles.
Pero el retiro militar de 2028 implica un desafío mucho mayor. Como lo comprobamos día con día, sin policías estatales y federales eficientes, operativos, la presencia de la Guardia Nacional nunca será suficiente, esté o no coordinada por las otras fuerzas federales. No tenemos policías capacitadas en el ámbito local más que en un puñado de estados y ciudades. En los lugares en los que funciona la estrategia de seguridad es porque las autoridades locales han logrado crear policías eficientes y están coordinadas con las fuerzas federales. Coahuila o Yucatán, hay otros pocos casos, son ejemplos evidentes de ello.
Pero lo cierto es que durante los seis años de López Obrador no se destinó recursos ni esfuerzos presupuestales y políticos a las policías locales, que dependieron de los gobernadores o presidentes municipales en turno para su desarrollo. Y la mayoría prefirió usar sus recursos en otros temas, pedir apoyo federal o coludirse con los grupos criminales. De ahí la ineficiencia y corrupción que hemos visto en muchos estados y municipios.
Desde 2020, los alcaldes perdieron el control de recursos etiquetados, que fueron exclusivamente para patrullas, chalecos y exámenes de control de confianza. Para que los militares regresen a los cuarteles en 2028, los estados deben certificar a todos sus elementos, mejorar sus salarios y adquirir tecnología de punta, metas que se ven lejanas para la enorme mayoría sin una fuerte intervención y apoyo federal que, por lo menos en el paquete económico 2027, el año previo al retiro de los militares de las calles, no aparece de ninguna forma.
Los estados, con una fuerte astringencia financiera y sin demasiado apoyo presupuestal federal (sobre todo en los gobernados por la oposición) tampoco parecen estar en condiciones de dar por sí solos esos pasos. Recordemos que a pesar de todo lo que vivimos, lo que invertimos en seguridad es menos de la mitad del porcentaje del PIB que destinan países como Colombia o Chile. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, reclama que México invierta mucho más en seguridad para atacar los grupos narcoterroristas, está hablando de precisamente de esto.
Por eso, entre otras razones, el acuerdo establecido entre la Defensa y la secretaría de seguridad federal es un paso importante, porque comienza a unificar sistemas e información de distintos ámbitos para coordinar mejor esas acciones. Pero no nos engañemos: falta muchísimo más por hacer y el 2028 ya está en el horizonte.
