Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
Reynaldo Pérez Pérez tenía un botón de pánico, un teléfono satelital y un expediente abierto en las oficinas del gobierno federal. Tenía también algo que ninguna de esas medidas pudo garantizarle: la posibilidad de llegar vivo al día siguiente. El miércoles lo asesinaron en Chenalhó, en una región donde la paz se anuncia desde los escritorios mientras decenas de familias indígenas siguen buscando el camino de regreso a sus casas.
No murió solamente un defensor de derechos humanos. Con él desapareció una de las voces que impedían que el sufrimiento de los desplazados quedara sepultado bajo el silencio. Reynaldo representaba a 63 familias tsotsiles expulsadas de Santa Martha, acompañaba denuncias contra grupos armados y había convertido la defensa de los desposeídos en una actividad que, paradójicamente, terminó costándole la vida.
Su asesinato tiene una gravedad que trasciende la estadística criminal porque golpea uno de los cimientos más delicados de la gobernabilidad: la confianza de los ciudadanos en que las instituciones pueden protegerlos cuando se atreven a denunciar la violencia.
Desde junio de 2023, Reynaldo estaba incorporado al Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Había denunciado amenazas y su situación de riesgo era conocida por las autoridades. Sin embargo, dos individuos en motocicleta pudieron acercarse al taller mecánico donde se encontraba y dispararle.
El caso revela las limitaciones de una política de protección que puede terminar administrando expedientes y repartiendo dispositivos electrónicos sin conseguir que desaparezcan las amenazas.
La Fiscalía de Chiapas ha prometido que no habrá impunidad, pero esclarecer quién apretó el gatillo representa apenas una parte de la obligación institucional. También deberá investigarse quién tenía motivos para eliminarlo, qué denuncias había presentado, cómo se evaluaron los riesgos y por qué las medidas adoptadas resultaron insuficientes.
No puede atribuirse automáticamente una responsabilidad penal a las autoridades encargadas de protegerlo, pero sí corresponde exigirles una explicación documentada.
Los territorios donde la paz no llega
El asesinato ocurre en un corredor territorial que comprende Chenalhó, Pantelhó, Aldama y Chalchihuitán, donde las disputas agrarias, las fracturas comunitarias y la actuación de grupos armados han producido desplazamientos, homicidios y prolongados conflictos de gobernabilidad.
Hace apenas unos días, la problemática de Tzanembolom llegó hasta la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. El gobierno federal reconoció la existencia de familias desplazadas, mientras las autoridades educativas informaban sobre alumnos obligados a recibir clases fuera de sus comunidades.
La semana pasada, funcionarios de seguridad del gobierno estatal acudieron a la región para instalar una mesa de paz. Sin embargo, las familias desplazadas continuaban reclamando garantías para recuperar sus tierras.
No existe todavía evidencia pública que permita vincular directamente el asesinato de Reynaldo con los acontecimientos recientes de Tzanembolom, pero sería igualmente equivocado ignorar que ambos episodios pertenecen a una geografía donde las denuncias sobre grupos armados, amenazas y desplazamientos se repiten desde hace años.
El gobierno de Eduardo Ramírez ha convertido la recuperación de la seguridad en una de sus principales banderas. Existen operativos y acciones institucionales que deben valorarse por sus resultados, pero también territorios donde la presencia policial no ha significado todavía el restablecimiento pleno de los derechos.
Cuando hombres armados pueden imponer condiciones sobre la vida comunitaria, restringir desplazamientos o expulsar habitantes, el problema deja de ser exclusivamente policiaco y se convierte en una disputa por el ejercicio efectivo de la autoridad.
La gobernabilidad tampoco puede medirse solamente por la ausencia de enfrentamientos. Requiere justicia, restitución de derechos, instituciones confiables y garantías para quienes se niegan a aceptar la violencia como destino.
En ese escenario, el asesinato de un defensor puede tener consecuencias que van mucho más allá de una muerte. Puede desalentar las denuncias, desarticular la representación de los desplazados y fortalecer entre las víctimas la percepción de que reclamar justicia significa exponerse todavía más.
La herida que sigue abierta
Chenalhó carga una memoria dolorosa. Acteal, Santa Martha y los desplazamientos de comunidades vecinas pertenecen a distintos momentos históricos, pero exhiben la persistencia de una tragedia que los gobiernos no han conseguido resolver definitivamente.
También permanece el recuerdo de Simón Pedro Pérez López y del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, defensores indígenas asesinados en años recientes. No hay elementos para atribuir estos crímenes a una misma estructura, aunque su reiteración obliga a examinar las condiciones que permiten que quienes acompañan a las víctimas terminen convertidos en víctimas.
El asesinato de Reynaldo pone frente a las instituciones una responsabilidad que no admite respuestas ceremoniales. No bastan las condolencias, los operativos posteriores ni las promesas de justicia. Hace falta proteger a las familias que acompañaba, esclarecer las amenazas que recibió y demostrar que la justicia puede llegar también a los territorios donde históricamente ha sido más difícil encontrarla.
El daño social de este crimen no termina en la familia de Reynaldo. Alcanza a cada indígena que contempla la posibilidad de denunciar una injusticia y se pregunta si hacerlo significará firmar su propia sentencia.
