La podredumbre en el Instituto Nacional Electoral no puede quedar impune
Nuestra última editorial sobre el tema de la presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) relacionada con la ahora ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, abordaba el riesgo que corría la democracia frente a las elecciones de 2027, ya que la institución funge como árbitro electoral y por lo tanto debe solventar autoridad moral.
Pero lo que ha estado revelándose a través de filtraciones y el periodismo de investigación es una podredumbre al interior del Instituto, operaciones que encabezaba Guadalupe Taddei junto al proveedor más beneficiado del órgano electoral, José Alfredo Hernández Casillas.
Se trata de toda una red de corrupción en la que participan más de una decena de personas en las que se han favorecido contratos por más de 2 mil 500 millones de pesos (con vigencia extendida hasta 2031), gestionados por funcionarios de su estructura como Jesús Octavio García González, Iliana Hernández Gómez y Mario Burciaga.
A través de adjudicaciones directas, se benefició al consorcio de Cosmocolor e Icards Solutions, operado por Hernández Casillas, por más de mil millones de pesos para fabricar credenciales de elector, tras modificar requisitos de la licitación y registrarse un aumento significativo en el costo unitario de los códigos QR.
Se trata de contratos multimillonarios otorgados para empresas lideradas por José Alfredo Hernández Casillas y su gente cercana, quienes convivían juntos en fiestas y reuniones, ahora se sabe que eran pareja sentimental, cosa que no es de nuestra incumbencia, pero que al estar involucrada el dinero del erario les interesa a todos los mexicanos.
Además, los consejeros electorales acusaron a Taddei de recibir amenazas a través de terceros. Uno de ellos, Martín Faz, dijo: “a mí ni me hablaba”, es evidencia de la podredumbre al interior del Instituto.
La persona que encabezaba el INE, Guadalupe Taddei, cercana al partido en el poder, quien utilizaba prendas de diseñador con precios de burla, es investigada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control por los presuntos actos de corrupción, colusión, triangulación de recursos y conflicto de interés relacionados con proveedores y empresarios.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, primeramente, deslindó al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de estas prácticas corruptas, claro, no les conviene, incluso mencionó que la funcionaria había sido designada mediante una tómbola. Pero cómo puede desligarla si fue el mismo gobierno fue el que le otorgó a Taddei “poderes supremos” de realizar nombramientos de funcionarios sin la intervención del Consejo General, modificaciones administrativas que concentraron gran poder en su figura y alteraron la dinámica al interior del Instituto.
Esta podredumbre cuyo tufo es grande y pestilente no puede quedar impune, se debe llegar hasta las últimas consecuencias y los delincuentes de cuello blanco deben recibir el castigo correspondiente. No podemos ver a una funcionaria con ese nivel de desfachatez, quien prometía austeridad y la erradicación de los lujos, llevando al INE al escándalo público por el grado de corrupción cometido en agravio de todos los mexicanos, salirse con la suya. Que, bajo el manto protector del partido Morena, a Taddei se le vuelva a asignar un cargo público en el extranjero o que está libre de culpas, cuando alguien debe hacerse responsable por estos actos ruines.
Ahí está el ejemplo del ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien hundió a la entidad en la inseguridad por los nexos con un grupo del crimen organizado nacido en el estado de Tabasco y que en materia de administración pública dejó a Chiapas en la oscuridad, con observaciones de montos millonarios sin solventar. También está el ex gobernador Juan Sabines Guerrero, quien con la misma desfachatez de Taddei, desvió recursos multimillonarios del erario a través de empresas fantasma, dejando al estado más pobre que nunca. ¿Dónde están ambos? Ocupando consulados en Miami y en Florida, cuando ambos deberían estar rindiendo cuentas.
Ya no peligra la democracia con la presunta corrupción en el INE, peligra la confianza ciudadana en el gobierno y las instituciones, así como la legitimidad de los procesos democráticos y la credibilidad de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia, la imparcialidad y la legalidad.
