Estrictamente Personal
Raymundo Riva Palacio
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene perdida la batalla del deslinde de Guadalupe Taddei de Morena. Ha invertido enorme capital político en una cruzada inútil, porque las irregularidades y delitos que cometió la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, se siguen acumulando. Las investigaciones sobre sus andares a la cabeza de la institución siguen produciendo inquietantes evidencias. Hasta ahora, se han encontrado adjudicaciones oscuras y decenas de contrataciones sospechosas que significarían, de probarse su ilegalidad, delitos por más de 30 mil millones de pesos.
El caso Taddei tiene de cabeza a Sheinbaum, que lleva chapaleando en el lodo desde el 23 de octubre, cuando dijo que se tenían que investigar las denuncias periodísticas -crecientes, numerosas y apabullantes-, y ordenó a los órganos donde legalmente no tiene atribuciones -el propio INE y la Auditoría Superior de la Federación-, que las hicieran. Como no pudo contener la cascada de materiales inculpatorios, cambió la estrategia, y la semana pasada utilizó sus conferencias matutinas para decir que la corrupción venía del pasado y que a Taddei era protegida de su antecesor Lorenzo Córdova. En la cima de la ridiculez, ubicó la raíces de su corrupción en el gobierno de Carlos Salinas, ¡hace 32 años!
¿Por qué tanto esfuerzo? El caso Taddei tiene dos vertientes. La primera es la corrupción con su contratista-pareja, Alfredo Hernández Casillas, y se han establecido vínculos con licitaciones irregulares en su gestión en contratos hechos a la medida para que ganaran las empresas con las que estaba coludida, por montos superiores a los 30 mil millones de pesos, además de decenas de contrataciones sospechosas que todavía se están revisando. La otra es que este escándalo es resultado de un conflicto dentro de Morena.
Existen varias versiones sobre quién o quiénes están detrás de las filtraciones, lo que no es solo morbo, sino un dato fundamental para ver qué es lo que está realmente detrás de esta implosión en la 4T. Lo que se tiene comprobado, porque el autor de ella lo presumió, es que la filtración original fue con material entregado por el mismo Hernández Casillas, quien se regodeaba que lo había hecho en venganza porque Taddei lo había traicionado quitándole un contrato.
Ese contrato, aparentemente, tiene que ver con una adjudicación para cambiar los sistemas del INE, en donde estaba involucrado Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que está integrando bajo su mando las bases de datos del país. No hay información independiente que confirme esta versión que, sin embargo, se empata con otra, que lo coloca como el autor intelectual del escándalo. La réplica que Merino no haría nada que pudiera afectar a la presidenta, no se sostendría porque tiene una agenda particular y en el pasado hizo filtraciones sobre la Línea 12 del Metro, que impactaron negativamente a Sheinbaum.
Lo que queda en el aire es quién fue el intermediario entre Hernández Casillas y los medios que comenzaron a ventilar las corruptelas en el INE, para poder confirmar si en efecto, como lo señala otra versión, fueron dos consejeros los autores intelectuales de las filtraciones. Sería importante conocer los nombres, si esa fuera la versión correcta, para establecer a qué grupo o facción de la 4T pertenecen, y encontrar así los motivos ulteriores de un escándalo donde no importó sacrificar a Taddei, que era una de los suyos.
Ocultar las peleas internas en Morena en la disputa por el INE y su control durante el proceso electoral del próximo año, sería una explicación a la actitud desesperada de Sheinbaum para deslindar a Taddei de la 4T. Pero al mismo tiempo, sirvió para que ella y Hernández Casillas salieran del país y pudieran transferir sus recursos a donde quisieran, por la lentitud con la que actuó el gobierno para congelar sus cuentas.
No se sabe exactamente en dónde se encuentra Taddei, salvo que viajó por carretera a Estados Unidos, donde tiene una casa en Arizona y otra en California. Hernández Casillas, como reportó la prensa, se encuentra en Argentina, donde el seguimiento que tienen las autoridades de él, permitió saber que planea viajar esta semana a Estados Unidos. No obstante, al no existir ningún proceso en su contra, pueden moverse sin temor a ser detenidos o extraditados.
Este tiempo que les regaló Sheinbaum a Taddei y Hernández Casillas para prepararse ante lo que viene, esconde en tanto ruido una cadena de omisiones que son delitos federales. Lo más importante recae en la fiscal Ernestina Godoy, que ha sido omisa en sus responsabilidades. Existe un concepto jurídico llamado “noticia criminal” (notitia criminis) utilizado en materia penal, que es el conocimiento que adquiere una autoridad investigadora sobre la posible comisión de un delito, independientemente de que posteriormente se compruebe o no. El conocimiento puede ser mediante una denuncia, una querella o una investigación periodística, publicada o difundida en los medios de comunicación. En este caso, Godoy no abrió ninguna investigación, con lo cual extendió una especie de amnistía a Taddei y Hernández Casillas.
Tampoco hizo nada el fiscal para delitos electorales, Facundo Santillán Julián, pese a que lo divulgado por la prensa caía directamente en sus responsabilidades. El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, declaró haber sabido de la corrupción desde mayo del año pasado, pero tampoco hizo nada. La consejera Rita Bell admitió que varios consejeros recibieron denuncias sobre posibles malos manejos. Carla Humphrey -cuya cuñada también es proveedora del INE-, Arturo Castillo y Martín Faz, dijeron haber advertido irregularidades en la adjudicación de contratos. El consejero Arturo Castillo, incondicional de Sheinbaum, reconoció que como director de Talleres Gráficos, presentó denuncias sobre irregularidades en el INE.
Todos ellos, algunos de manera automática y otros no, tuvieron conocimiento de los hechos y no hicieron nada para frenarlos, como los consejeros, que hasta noviembre decidieron presentar una denuncia penal en la Fiscalía General. Su inacción y actitud puede incurrir en responsabilidad penal, además de responsabilidades administrativas, de acuerdo con los artículos 214, 215, 225 y 400 del Código Penal Federal.
Es el lodazal en el que se encuentra la 4T, que la presidenta trata de limpiar y controlar, le quita la autoridad y legitimidad que dice tener, al copiar la práctica de otros casos de morenistas criminales, que la convierte en cómplice por omisión y encubrimiento, aunque no fuera esa su intención. Recurrir al pasado para deslindar a Taddei, no la sacará del atascadero, como lo está experimentando todos los días.
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