Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
Lenia Batres llevó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la disputa por la presidencia en 2027. Durante la discusión de un amparo en materia de propiedad industrial, insinuó que las objeciones a sus proyectos tienen relación con la sucesión del actual presidente Hugo Aguilar. Yasmín Esquivel le respondió que sus observaciones eran jurídicas y ajenas a cualquier aspiración por encabezar el tribunal. El episodio dejó al descubierto las tensiones que se acumulan entre los ministros y ministras de una Corte que, a poco más de un año de renovar su presidencia, se ha convertido en un polvorín.
En el caso discutido este lunes, la autoridad había tardado más de cinco años en resolver la nulidad de una marca. Giovanni Figueroa y Yasmín Esquivel señalaron una contradicción en el proyecto de Batres, que sostenía que no existía un plazo específico para resolver el procedimiento, pero al mismo tiempo reconocía la aplicación supletoria de uno de tres meses. Aunque el amparo fue negado por ocho votos contra uno, la mayoría exigió retirar algunas consideraciones del proyecto, por lo que Batres consiguió los votos para su propuesta, pero no para sostener todos sus argumentos.
La discusión se extendió a la conducción del Pleno. Batres reclamó al presidente Hugo Aguilar por el uso de la palabra y lanzó una ironía sobre las diferencias entre prescripción y caducidad. Loretta Ortiz le reprochó que pusiera en duda los conocimientos de sus compañeros.
La semana pasada ocurrió otro desencuentro. En un expediente sobre indemnización por negligencia médica en el ISSSTE, cinco ministros votaron por aplazar la resolución hasta revisar el texto definitivo de la sentencia. Querían verificar cómo se incorporarían las modificaciones acordadas en la discusión. La sentencia debía reflejar lo votado.
También quedó en minoría en el caso del Cabildo de Puebla. Batres, María Estela Ríos e Irving Espinosa defendieron una fórmula de distribución de regidurías promovida por el gobernador Alejandro Armenta, invalidada por seis votos contra tres. El fallo tendrá efectos electorales en 2027.
Este lunes se sumó otro revés. Por siete votos contra dos, la Corte rechazó el segundo intento de Batres de atraer el litigio fiscal de Juegos del Bajío, empresa vinculada a los hermanos Rodríguez Borgio, por un crédito reclamado por el SAT superior a 4 mil 306 millones de pesos. Batres denunció un presunto contrato falso y cabildeo. Sólo Sara Irene Herrerías la acompañó.
La dificultad de Batres consiste en convertir las diferencias jurídicas en señalamientos políticos contra sus compañeros. Su protagonismo y su cercanía con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador no le han garantizado mayorías. Al revés, se ha ido radicalizando en sus posturas.
La posibilidad de que presida la Corte preocupa a sectores empresariales por sus posiciones sobre la intervención del Estado, las controversias fiscales y los derechos de los particulares. Asimismo, en Estados Unidos la protección de inversiones y la certidumbre jurídica forman parte de la agenda bilateral, especialmente ante la revisión del T-MEC.
La sucesión agrega presión. El artículo 94 constitucional prevé una presidencia rotatoria cada dos años según los votos de la elección judicial, lo que colocaría a Batres después de Aguilar en septiembre de 2027. El artículo 97 conserva una regla distinta, la elección interna del presidente por cuatro años. Esa contradicción aún no ha sido resuelta. No puede darse por hecho ni que Batres asumirá ni que sus compañeros podrán elegir libremente a otra persona en esa fecha.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la contradicción constitucional y ha señalado que corresponde a la propia Corte resolverla. Batres decidió llevar la disputa sucesoria a una sesión en la que se discutía un asunto completamente ajeno. Todo apunta a que vienen meses todavía más complicados para el máximo tribunal, con diferencias jurídicas que comienzan a mezclarse con las disputas por el poder. Y de esas que sacan chispas.
Posdata 1
Los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) encontraron en el paro nacional una vía para mejorar sus condiciones salariales. Este lunes, después de suspender actividades en módulos de atención ciudadana de distintas entidades, consiguieron que las autoridades electorales aceptaran un incremento base de 6%, con posibilidades de elevarlo hasta 12% mediante ajustes presupuestales. Los inconformes, que perciben alrededor de 9,600 pesos mensuales, buscan alcanzar los 19 mil pesos, equivalentes a dos salarios mínimos. El acuerdo contempla revisar las economías del Instituto y eventualmente solicitar recursos adicionales a Hacienda. El aumento mayor todavía no está garantizado, pero la movilización consiguió abrir una negociación que antes estaba limitada por las restricciones presupuestales.
El episodio se suma a una práctica que ha ganado fuerza durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. En octubre, trabajadores del IMSS realizaron marchas, bloqueos y plantones en distintas ciudades para rechazar una propuesta de incremento de 2.9% al salario tabular, acompañada de 3.9% en prestaciones. La presión obligó a la dirigencia sindical a consultar a sus bases, que rechazaron la oferta, y al director del Instituto, Zoé Robledo, a instalar nuevas mesas de negociación. Los inconformes exigían un aumento directo de 10%, regularización de plazas y mejores condiciones de trabajo. El conflicto mostró que incluso los acuerdos previamente negociados entre las autoridades y los sindicatos pueden quedar sujetos a revisión mediante movilizaciones.
En el magisterio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha recurrido repetidamente a paros, plantones y bloqueos desde 2025. La presión llevó al gobierno federal a retirar una propuesta de reforma al ISSSTE, congelar la edad de jubilación y anunciar medidas de alivio para deudores del Fovissste. En mayo de 2026, la administración federal autorizó un incremento salarial de 9% para docentes de educación básica, aunque la Coordinadora mantuvo sus exigencias de modificar el régimen de pensiones. En junio volvió a paralizar escuelas y vialidades durante casi tres semanas, aprovechando también la cercanía del Mundial de Futbol para aumentar la presión sobre las autoridades.
Los resultados de estas negociaciones tienen consecuencias presupuestales. En el IMSS, el aumento finalmente pasó de 6.8% a 8%, con un costo adicional estimado en 5 mil 229 millones de pesos, además del compromiso de basificar a 10 mil 939 trabajadores. En el INE todavía falta determinar de dónde saldrán los recursos para cumplir las expectativas salariales. Las demandas laborales pueden ser legítimas, pero el gobierno de Sheinbaum enfrenta un problema creciente, porque cada movilización que consigue modificar una oferta presupuestal incentiva a otros grupos a utilizar el mismo mecanismo.
Posdata 2
La relación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la DEA atraviesa una etapa de mayor colaboración operativa. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo una nueva reunión con Terrance Cole, director de la agencia antidrogas estadounidense, para revisar investigaciones financieras, intercambio de inteligencia, extradiciones pendientes y objetivos criminales prioritarios.
El encuentro, celebrado la semana pasada y anunciado este lunes, también incluyó el tráfico de armas hacia México y los recursos que reciben las organizaciones criminales por la venta de drogas en Estados Unidos. La DEA fue más allá del comunicado mexicano y habló expresamente de desmantelar organizaciones narcoterroristas y combatir la corrupción que permite su funcionamiento.
La reunión se conoció después de la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Jalisco y Michoacán. El operativo realizado en Zapopan dejó 20 detenidos y contó con información proporcionada por la DEA, además del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia y las fuerzas federales mexicanas. El presunto criminal enfrenta acusaciones relacionadas con homicidio, extorsión, secuestro y narcotráfico, y tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.
La colaboración entre Harfuch y Cole no es nueva. Ambos se reunieron en Washington en marzo y coincidieron en agosto en Argentina, donde el estadounidense calificó al secretario mexicano como un socio confiable y amigo de su país.
@MarioMal
