Cafetómano
Bernardo Figueroa
Con la entrega de certificados a 206 personas facilitadoras en mediación comunitaria, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén puso en marcha un ajuste de fondo en la relación entre el Estado, los pueblos originarios de Chiapas y la justicia intercultural. Su saludo en tseltal y el reconocimiento a la labor de los jueces de paz dibujan a un titular del Poder Judicial chiapaneco que se aparta del molde monolítico de la justicia tradicional. Ese gesto, con peso político y cultural, empata con una tendencia continental en la que la oralidad y la pertenencia étnica de quienes juzgan se han convertido en herramientas valiosas para resolver conflictos.
El dato estructural que sustenta esta política pública es contundente. En Chiapas, más del 28 por ciento de la población habla una lengua indígena y más del 60 por ciento de los asuntos locales se resuelven por vías tradicionales. Ignorar esta realidad equivalía a mantener un sistema judicial que operaba de espaldas a la cosmovisión de una parte significativa de la población. La certificación de estos 206 facilitadores, respaldada por el Centro Estatal de Justicia Alternativa, formaliza un modelo de atención que reconoce la labor de los juzgados de paz y conciliación indígena, instancias que fungen como el primer contacto de la ciudadanía con la justicia. La incorporación de conceptos como el Lekil Chapanel (justicia verdadera o buen acuerdo) no es un adorno retórico; representa la posibilidad de que los principios comunitarios informen la resolución de conflictos, privilegiando la restauración de los vínculos sociales sobre la sanción punitiva.
EL PODER JUDICIAL CUMPLE CON ESTÁNDARES INTERAMERICANOS DE DERECHOS HUMANOS
La experiencia comparada ofrece evidencia robusta sobre la eficacia de este enfoque. En Guatemala, el peritaje cultural y el reconocimiento de las normas indígenas por parte de los tribunales superiores han permitido resolver casos penales con pertinencia cultural, evitando sanciones desproporcionadas para prácticas arraigadas en la espiritualidad maya, como la fabricación de bebidas tradicionales. En Brasil, el Tribunal de Justicia de Roraima determinó que los términos de conciliación en el Polo Indígena de Maturuca se redacten en la lengua materna de las partes, una medida que, según las autoridades judiciales, valora el idioma y clarifica los acuerdos, facilitando la pacificación social. En Perú, jueces y autoridades comunales de Ucayali acordaron realizar juicios en lenguas originarias, designando interlocutores permanentes para armonizar los conflictos desde la realidad cultural de los involucrados. Estos casos demuestran que cuando el juzgador habla, escribe y domina la lengua nativa, el proceso judicial deja de ser un laberinto ajeno y se convierte en un espacio de diálogo comprensible.
La visión humanista que Moreno Guillén imprime al Poder Judicial chiapaneco se sostiene en pilares que reconocen explícitamente la perspectiva de género, la de infancia y la intercultural. Esta última no es un añadido folclórico, es una condición indispensable en un estado donde conviven 13 pueblos indígenas reconocidos y donde las resoluciones judiciales deben considerar contextos, identidades y formas de organización propias. La entrega de certificados a juezas y jueces municipales, de paz y conciliación, y de paz y conciliación indígena representa un paso firme hacia una justicia que no se impone desde el escritorio, se construye desde el territorio y se legitima en el reconocimiento de la otredad.
LA JURISPRUDENCIA SOBRE JUSTICIA CULTURALMENTE ADECUADA
El trabajo de Juan Carlos Moreno Guillén encuentra un sustento jurídico de primer orden en los estándares que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido sobre acceso a una justicia culturalmente adecuada. El máximo tribunal ha establecido que las autoridades judiciales están obligadas a indagar las costumbres y especificidades de la comunidad que influyen en los hechos. Además, la perspectiva intercultural integra las dimensiones de igualdad formal, igualdad sustantiva y ruta diferenciada, con el fin de reducir las disparidades estructurales que enfrentan los pueblos indígenas.
En el amparo directo 8/2021, la Primera Sala determinó que tomar en cuenta el contexto y las especificidades culturales obliga a los juzgadores a rebasar la visión formalista e interpretar los hechos desde una perspectiva intercultural y antirracista. La Segunda Sala, en el amparo en revisión 1041/2019, sostuvo que existe una obligación constitucional y convencional ineludible de considerar las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena involucrada. Este criterio aún no permea en todos los órganos jurisdiccionales locales debido a una visión formalista y al racismo judicial persistente. La política de certificación de facilitadores en mediación comunitaria que encabeza Moreno Guillén responde precisamente a ese déficit, al dotar a los juzgadores de paz de herramientas que materializan la obligación de juzgar con pertinencia cultural.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado un método intercultural explícito para impartir justicia, que rompe el esquema tradicional y ordena medidas como la traducción de sentencias a la lengua de la comunidad, la realización de peritajes culturales y lingüísticos y la garantía de intérpretes desde el inicio del procedimiento. La Corte ha señalado que el derecho a la identidad cultural implica el derecho de todo grupo étnico a conservar su propia cultura y a no ser forzado a asimilarse, y que las reparaciones en casos indígenas deben incorporar la perspectiva comunitaria y los lazos históricos y culturales específicos. La coincidencia entre estos estándares y la ruta chiapaneca no es retórica; confirma que la entrega de certificados se inscribe en un proceso de alineación deliberada con la jurisprudencia nacional e interamericana. Cuando un juez de paz en Oxchuc recibe un certificado que acredita su formación como facilitador en mediación comunitaria, está asumiendo la responsabilidad de aplicar los criterios que la SCJN y la Corte IDH han definido como obligatorios para que la justicia sea verdaderamente accesible para quienes históricamente han sido juzgados en un idioma y bajo una lógica que no les pertenece.
Desde el café: La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Mtra. Ana Laura Romero Basurto sostuvo una reunión interinstitucional con el secretario de Salud, Mtro. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre ambas dependencias. Durante este encuentro se destacó que la transparencia y la rendición de cuentas son ejes fundamentales de la administración pública, por lo que resulta indispensable sumar esfuerzos para consolidar una gestión responsable, eficiente y apegada a la legalidad… La Secretaría de Educación, encabezada por Roy Mandujano, anunció la implementación del Sistema Integral de Cobertura Educativa (SICOE), una plataforma digital que permitirá modernizar y agilizar los procesos de asignación de interinatos, así como dar mayor seguimiento y certeza a los pagos de las maestras y los maestros interinos. Durante diciembre se realizarán pruebas para iniciar operaciones en enero de 2027… El Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio, se reunió con representantes de COPARMEX Chiapas para escuchar y sumar esfuerzos que fortalezcan la seguridad, en donde señaló que trabajando unidos, sociedad, empresarios y autoridades, se construye un mejor futuro: un Chiapas seguro genera confianza, inversión y mejores oportunidades.
Para terminar: “Odioso para mí, como las puertas del Hades, es el hombre que oculta una cosa en su seno y dice otra”. Lo dijo Homero.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
