Cafetómano.
Bernardo Figueroa.
Durante décadas, Chiapas ha enfrentado dificultades para atraer inversiones que generen empleos bien remunerados. Los indicadores de 2026 muestran un panorama de mayor dinamismo productivo y abren posibilidades de paz, certidumbre jurídica y desarrollo regional. El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, publicado por el INEGI el 10 de noviembre, registró para Chiapas un crecimiento anual de 12.3 por ciento en julio de 2026, frente al 2.7 por ciento nacional, una ventaja de 9.6 puntos porcentuales que colocó a la entidad en segundo lugar del país. Con cifras desestacionalizadas, el avance mensual fue de 3.2 por ciento respecto de junio.
El impulso sectorial revela que la generación y distribución de electricidad y el suministro de agua y gas aumentaron 25.3 por ciento, la minería avanzó 18.9 por ciento y la construcción creció 16.5 por ciento. Las manufacturas, con una variación anual de 1.0 por ciento, revelan la necesidad de transformar materias primas y fortalecer proveedores locales. La evolución acumulada también ofrece elementos favorables. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, las actividades secundarias acumularon un crecimiento de 3.7 por ciento entre enero y junio de 2026, mientras que la economía chiapaneca en su conjunto aumentó 2.7 por ciento durante ese mismo semestre, resultado que complementa el dato industrial de julio.
SEGURIDAD Y CRECIMIENTO, EL NUEVO HORIZONTE ECONÓMICO DE CHIAPAS
En este escenario adquieren relevancia las políticas de seguridad y justicia impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, mediante la coordinación con las instituciones federales, porque la tranquilidad social y el respeto a la ley son condiciones fundamentales para producir, transportar mercancías y comprometer inversiones de largo plazo. La recuperación de espacios públicos y la protección de las rutas comerciales forman parte de un entorno que puede favorecer la confianza empresarial y la estabilidad económica. Los datos difundidos por el Gabinete de Seguridad federal reportan una reducción de 64 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, de 2.5 en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026, mientras que los delitos de alto impacto disminuyeron 44 por ciento entre noviembre de 2024 y agosto de 2026.
El observatorio independiente México, ¿cómo vamos? aporta otros resultados positivos, al registrar un crecimiento económico anual de 3.2 por ciento en el segundo trimestre de 2026 y una disminución de la pobreza laboral de 62.5 a 59.8 por ciento entre los segundos trimestres de 2025 y 2026. Durante el mismo periodo, la informalidad laboral descendió de 78.0 a 76.9 por ciento, avances que deben valorarse junto con los desafíos sociales todavía pendientes. En materia de empleo, la Secretaría de Economía y del Trabajo reportó que Chiapas alcanzó en agosto de 2026 un total de 267,024 trabajadores afiliados al IMSS, con 8,768 puestos adicionales frente al mismo mes de 2025, un avance que demanda continuidad para ampliar las oportunidades formales.
El gobierno de Eduardo Ramírez tiene ante sí el desafío de vincular sus acciones de seguridad, justicia e infraestructura con una agenda de inversión productiva, capacitación técnica y fortalecimiento de pequeñas empresas, para que la estabilidad avance acompañada de certeza jurídica y mejores ingresos. El crecimiento industrial cobra mayor significado cuando sus beneficios llegan a los municipios, al campo, a los proveedores y a las familias. Las cifras ofrecen motivos para observar con atención la evolución de Chiapas durante 2026, cuyo principal reto será convertir la expansión de sectores estratégicos en una transformación económica duradera, sustentada en instituciones confiables, mayor productividad y condiciones de paz que faciliten el desarrollo regional.
LOS CONTRATISTAS DEL INE QUE LLEGARON A CHIAPAS
El escándalo que sacude al Instituto Nacional Electoral por presuntas irregularidades en sus contrataciones ha dejado de ser un asunto exclusivo de la Federación. En Chiapas, los números empiezan a contar una historia incómoda que apunta a una red de proveedores que habría operado con la misma lógica de concentración y competencia simulada durante los procesos electorales de 2018 y 2021. El INE es solo la parte visible de un océano de problemas. Lo que está debajo es un entramado que trastocó a los organismos públicos locales electorales y que hoy exige una revisión sin concesiones.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas adjudicó diversos contratos a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas por un monto que supera los 260 millones de pesos. Cajas Graf recibió en 2018 el contrato C003 por un monto superior a los 74 millones de pesos. Formas Inteligentes obtuvo el C011 por más de 42 millones de pesos. Gráficas Corona J.E. se llevó una adjudicación directa por más de 6 millones de pesos. Para 2021, Formas Finas y Materiales facturó más de 104 millones de pesos mediante el contrato C020, mientras Gráficas Corona J.E. sumó prácticamente 35 millones con el contrato C019.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno documentó que las empresas de los Hernández Casillas obtuvieron contratos por más de 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 organismos electorales locales entre 2015 y 2023. La cifra sube a 2 mil 740 millones si se suman las adjudicaciones de 2024 y 2025 en 15 entidades. El modus operandi descrito por la dependencia federal incluye simulación de competencia, empresas con menos de cinco trabajadores y subcontrataciones entre firmas del mismo grupo.
El caso chiapaneco es una pieza de un rompecabezas mayor. En Hidalgo se han identificado contratos por más de 350 millones de pesos entre 2016 y 2022. En Oaxaca, las adjudicaciones superan los 190 millones entre 2021 y 2024. En Sinaloa se documentaron alrededor de 74 millones durante 2021 y 2024. La Auditoría Superior de la Federación investiga operaciones por casi 9 mil millones de pesos acumuladas por dos grupos empresariales entre 2014 y 2026. La corrupción no es un accidente aislado. Es un sistema que se reprodujo durante años con la complacencia de quienes tenían la obligación de vigilarlo. Chiapas no es la excepción. Es el espejo donde el INE y los organismos locales deben mirarse sin filtros.
Desde el café: El proceso de revisión patrimonial de 316 servidores de alto nivel anunciado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno constituye una medida para verificar la congruencia entre ingresos, obligaciones y patrimonio declarado, y adquiere sentido dentro de la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la conducción de Ana Laura Romero Basurto de consolidar una administración transparente, honesta y comprometida con la rendición de cuentas. La investigación de evolución patrimonial, realizada con rigor técnico y apego a la legalidad, fortalece los mecanismos de vigilancia y fiscalización, permite prevenir y detectar posibles irregularidades y envía una señal sobre la política de cero corrupción y cero impunidad… En representación del gobernador Eduardo Ramírez, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, encabezó la entrega de dispositivos de alta especialidad auditiva, prótesis y órtesis a personas con discapacidad auditiva y motriz; una iniciativa del Sistema DIF Chiapas para ofrecer herramientas que permitan mejorar la calidad de vida a población en situación de vulnerabilidad.
Para terminar: “El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho”. Lo dijo Wayne W. Dyer.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
