Rosy, ¿qué pasó con los 194 MDP observados por la ASE?

Que no son 77, sino 194 millones de pesos, los recursos públicos que la gestión de la ex presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, no ha solventado. Un total de 194 millones 388 mil 64 pesos con 17 centavos fueron objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), derivadas de la revisión de las cuentas públicas de 2021 y 2023 del Ayuntamiento de Tapachula, durante la administración encabezada por Rosa Irene Urbina Castañeda, hoy diputada federal por el distrito 12.

La cifra no es menor y obliga a preguntarnos ¿qué ocurrió con esos recursos públicos y qué explicaciones existen sobre su ejercicio? Se trata de dinero que debió manejarse bajo principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, por lo que las observaciones del órgano fiscalizador no pueden quedar reducidas a simples anotaciones administrativas.

De acuerdo con la documentación de la ASE, las irregularidades detectadas están relacionadas con recursos pendientes de comprobar, erogaciones improcedentes, gastos sin justificar, pagos en exceso y deficiencias técnicas en obras públicas. Entre los montos señalados destacan 188 millones 814 mil 744.99 pesos en saldos pendientes de comprobar; 2 millones 741 mil 006.45 pesos en erogaciones improcedentes; un millón 804 mil 370 pesos en erogaciones no justificadas; 753 mil 022.09 pesos por deficiencias técnicas en construcciones y 274 mil 920.64 pesos por pagos en exceso en obras públicas.

Los expedientes ASE/OAC/045/2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, y ASE/OAC/087/2022, relativo a 2021, concentran las observaciones que integran este señalamiento. En conjunto, representan una cantidad millonaria que merece una explicación puntual, particularmente porque se trata de recursos provenientes del erario y, por tanto, pertenecientes a la ciudadanía.

Una observación de auditoría no significa automáticamente que exista un delito o que se haya determinado responsabilidad administrativa. Sin embargo, sí representa una alerta sobre el manejo de los recursos y la obligación de presentar documentación, aclaraciones y, en su caso, reintegrar los montos que correspondan. La fiscalización no termina con la detección de irregularidades; debe continuar hasta conocer qué se solventó y qué consecuencias legales proceden.

En este contexto, llama la atención la actividad política de Rosa Urbina, quien el pasado 31 de octubre compartió en sus redes sociales su registro como aspirante a coordinar el Comité Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena. La exalcaldesa busca mantenerse vigente en la vida política de Tapachula, mientras siguen los cuestionamientos sobre el manejo financiero de los años en que estuvo al frente del Ayuntamiento.

Su registro ya generó inconformidad entre distintos sectores sociales, que cuestionan sus aspiraciones de continuar participando en la política de Tapachula. Y es que, más allá de las simpatías o diferencias partidistas, quienes han ocupado cargos públicos tienen una responsabilidad que no concluye cuando dejan el escritorio ni cuando obtienen una nueva posición política.

La rendición de cuentas debe ser una exigencia permanente, independientemente del partido al que pertenezcan los funcionarios. No puede haber una interpretación selectiva de la transparencia ni pretender que las observaciones de los órganos fiscalizadores pierdan importancia por el paso del tiempo o por la trayectoria política de quienes estuvieron al frente de una administración.

De acuerdo con el estatus referido en los expedientes, las observaciones correspondientes al ejercicio 2021 aparecen como concluidas y archivadas, mientras que otras permanecen como investigaciones pendientes de resolución. Esta situación hace necesario conocer con precisión cuáles fueron solventadas, qué documentación se presentó y cuáles continúan bajo revisión de las autoridades competentes.

Hasta el momento, Rosa Irene Urbina Castañeda no ha emitido un posicionamiento público sobre estos señalamientos. Tampoco se conoce, a partir de la información disponible, una explicación detallada que permita a los ciudadanos identificar el destino de los recursos observados y el resultado de los procedimientos de fiscalización.

La pregunta es, ¿con qué cara busca seguir construyendo una carrera política quien todavía tiene señalamientos millonarios de su administración que requieren aclaración pública? Debe exigir congruencia entre el discurso político y la responsabilidad que implica haber administrado recursos públicos.

Tapachula merece cuentas claras. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gastó cada peso, qué obras se ejecutaron, si cumplieron con las especificaciones contratadas y qué ocurrió con los recursos que la auditoría señaló como pendientes de comprobar.

Porque ocupar un cargo de elección popular no debe convertirse en un escudo frente a los cuestionamientos públicos. La transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones, no concesiones, y deben exigirse tanto a quienes gobiernan actualmente como a quienes ya dejaron la administración.

Antes de buscar nuevos espacios de representación, lo mínimo que espera la ciudadanía es que las cuentas del pasado estén debidamente aclaradas.

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