POR LA CONCIENCIA
Dr. Roger Heli Díaz Guillén
“Un proceso y/o proyecto que incumple criterios básicos esta obligado a forzar su conclusión o mejorar”; siendo esta reflexión con la que partimos para revisar el “modelo de consulta previa, libre e informada” que está aplicando el gobierno federal en este 2026 a nivel nacional, que no se funda en un marco jurídico nacional, sino en un marco internacional y administrativo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas denominado “Documento Marco. Derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada de los pueblos indígenas. Bases y principios metodológicos para su implantación por la administración pública federal” de enero del 2019, además de específicos como el “Protocolo de consulta Libre, Previa e Informada para la reforma constitucional#” del 3 de junio del 2019
La falta de un marco normativo de la consulta libre, previa e informada se observa desde la reforma al artículo segundo en el 2001, del que no derivó ordenamiento para regular estas consultas; siendo el 10 de junio del 2020 en que la SCJN le solicitó al poder legislativo promulgar la ley de consulta en sentencia del amparo en revisión 1144/2019. El plazo concedido feneció el 15 de diciembre del 2020 en que concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones de la cámara de diputados. Transcurriendo quince años de la reforma y seis años en que la SCJN solicitó se legislara en el tema, sin que ello haya acontecido en dos legislaturas.
Cierto es que el proyecto de ley de derechos de pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas considera un Libro, capítulos y Títulos sobre la consulta, que presenta observaciones de fondo de las que se está en espera de que sus observaciones sean atendidas antes de enviarse al congreso de la unión.
Haciendo un Balance actual entre la formalidad y la simulación que se ha observado en la consulta libre, previa e informada, observamos que se incumple con los estándares internacionales fijados por el convenio 169 de la OIT y la ONU debido a fallas estructurales de tiempo (en asambleas de cinco horas se pretende debatir 453 artículos), representatividad y pertinencia cultural. Donde es evidente que no existió diálogo y entendimiento, únicamente convocatoria y entrega de documentos.
Se sustituyó a las asambleas como formas propias para tomar decisiones por “asambleas regionales” llamando a comisariados y agentes municipales que no representan a las comunidades indígenas. Al forzar e implementar asambleas regionales que son ajenas a los usos y costumbres viola el estándar internacional de “adecuación cultural”. Siendo en este orden la consulta un proceso de levantar actas y contabilizar asistencia en “asambleas regionales” para legitimar un proyecto; además que el modelo de consulta .no tiene carácter vinculante y libre. Es una consulta de “opiniones”.
Se observa en la consulta realizada una “Asimetría del poder” donde una parte, el Estado, obtiene más ventajas, privilegios y autoridad. Una evidente instrumentalización y burocratización donde la consulta se asume como tramite administrativo con mecanismos de validación. Un despojo del carácter vinculante de la consulta, que no trata de una aceptación o negación del proyecto de ley, sino de recepcionar “opiniones de mejora”. Promueve una fragmentación comunitaria incidiendo en liderazgos. Así como se observa, una criminalización de las protestas contra la consulta en 18 Estados:
Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Puebla, Campeche, Quintana Roo; Aguascalientes, Chihuahua, Veracruz, de 27 Estados donde se realizaron asambleas regionales que representa un 66%; donde se han derivado 120 inconformidades. Por el contrario, los Estados sin incidencia en la consulta son 9: Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Tlaxcala.
Es observable que no se haya programado asambleas regionales en los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, aun cuando cuenta con población indígenas de carácter migrante, jornalera o residente urbano. Por ejemplo, en Nuevo león existen “migrantes residentes”. Hay colonias en Monterrey donde se habla lengua indígena como el huasteco, mixteco y mazahua. En Baja California Sur existen mixtecos, Triquis, Zapotecos y náhuatl que llegaron como jornaleros agrícolas. Tamaulipas tiene población binacional y migrante náhuatl y totonaca. Zacatecas con población Huichol y tepehuano. Aguascalientes con población purépecha y otomíes.
Su exclusión en la consulta se basó en el criterio según el INPI, que no cuentan con núcleos agrarios indígenas, por lo que no cuentan con identidad originaria en los Estados, proponiéndose ser atendidos en mesas de carácter pluricultural o nacional para atender sus intereses. Siendo ello un tema sesgado de observar su interes jurídico en la consulta como población indígena; que es excluyente al ponderar su no pertenencia estatal sin valorar su ascendencia e identidad que le concede el derecho de opinar sobre el proyecto de ley.
Subrayamos que cuantitativamente el número de comunidades inconforme con relación a las 16 mil 681 comunidades no es representativo, menos del uno por ciento; aunque el impacto político de inconformidades en 18 de 27 Estados de la Republica obligó a ampliar los tiempos de la consulta; esperando sean escuchados y adoptados los planteamientos de mejora y redacción de contenidos del proyecto de ley.
