Estrictamente Personal

Raymundo Riva Palacio

La mañana siguiente ya llegó. Nuevamente las pinzas se han cerrado, pero con una diferencia. Las están apretando Stephen Miller y Terry Cole, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca y el titular de la DEA, que en un gabinete lleno de enemigos de México, ellos sobresalen. Ellos fueron quienes elaboraron las primeras listas sobre funcionarios y militantes de Morena vinculados con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando no estaban tan empoderados como hoy, ni el énfasis contra los morenos narcopolíticos estaba en lo alto de la agenda presidencial.

El momento no está del lado mexicano, pese a los esfuerzos de entregar resultados del combate a los delincuentes todos los días. La presión estadounidense parece insaciable, que sí lo es, pero no solo obedece al apetito creciente que tiene Trump por detenidos, sino porque hasta ahora, el reclamo central que le han hecho a Sheinbaum durante casi año y medio, lo ha ignorado: los narcopolíticos. Sheinbaum alega que no es cierto, y muestra como prueba de ello las detenciones de alcaldes. Pero sobre los que le han pedido que actúe, ha tendido un enorme manto de encubrimiento, pese a que hay imputaciones muy superiores, incluso, a aquellas con las que condenaron al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que tanto celebraron.

El viernes volvieron a recordárselo. Al comentar el viernes la sentencia de Antonio Oseguera Cervantes, hermano del fundador del CJNG, Rubén Nemesio Oseguera, Cole especificó que no solo estaban actuando contra sus líderes y operadores financieros, sino que alcanzarían a funcionarios y políticos que los protegieran. No sería solo quienes acepten su dinero para protegerlos, sino quienes contribuyan a que puedan operar. La declaración de Cole tiene como elemento diferenciador de otras, que es la parte pública de advertencias privadas de nuevas investigaciones contra políticos.

Los señalamientos de Washington han llegado al despacho presidencial en Palacio Nacional, pero Sheinbaum, por lo que ha trascendido, no se ha inmutado. No está claro si es porque ante la ausencia de una escalada judicial que no se quede solo en retórica, Sheinbaum considera que no va a suceder nada, como es lo que piensan varios de sus asesores, o porque está tan envuelta en el escándalo de la exconsejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, y la estrategia para alejarla de Morena, que no ha sido capaz, como en otros casos, de pensar, planear y actuar en un plano multidimensional.

En los análisis internos después de las elecciones intermedias, las alertas de prendieron cuando Trump respondió a la derrota republicana con una estrategia de radicalización y polarización, al sustituir a su jefa de Gabinete, uno de los cargos más poderosos en el gobierno de Estados Unidos, con Stephen Miller, el ideólogo de Trump que diseñó la brutal política de migración. Cole no les había generado mayor preocupación por la forma como ha elogiado públicamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sin diferenciar que un respaldo a quien ha estando dispuesto a la cooperación bilateral, no significa que los agravios del pasado se hayan olvidado, como varios funcionarios mexicanos lo han comenzado a sentir en sus reuniones privadas en las últimas semanas.

Cole tiene un pasado de enorme frustración como director general para México, Canadá y Centroamérica durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la decisión política de Trump, en su primer mandato en la Casa Blanca, de liberar al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, que había sido detenido al llegar a Los Ángeles, como parte de una investigación de la DEA que lo vinculaba a los herederos del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, a cambio de que los investigaran en México. La investigación duró dos meses de donde salió, sin sorpresa alguna, exonerado. 

Aunque el caso sigue activo en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Cole preparó la primera relación de 35 políticos de Morena vinculados con los cárteles de las drogas, que se mantuvo archivado durante el primer término de Trump y la administración de Joe Biden. El regreso de Trump a la Casa Blanca trajo consigo una nueva agenda, que se venía calentando entre republicanos y demócratas en los años previos, sobre la narcopolítica en México y el control sobre el gobierno. Miller fue originalmente nombrado jefe de Gabinete adjunto, y comenzó a procesar las diferentes listas de narcopolíticos que habían integrado varias dependencias, además de la DEA.

En sus afirmaciones el viernes pasado a través de las redes sociales, Cole dijo que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional son quienes perseguirán a quienes desde cargos públicos y espacios políticos, estén protegiendo a las organizaciones criminales a cambio de dinero, y ofreciendo una cobertura institucional para que puedan seguir funcionando. Aunque no señaló a nadie directamente, ni los ha planteado en las varias reuniones que ha sostenido con funcionarios mexicanos, los nombres de quienes son los principales sujetos de interés para Washington se encuentran principalmente en el entorno del expresidente López Obrador.

La narcopolítica es un fenómeno que no es reciente, ni nació en el gobierno de López Obrador. Lo que nunca había sucedido y se ha dado en un puñado de países como Venezuela en las dos primeras décadas de este siglo, y Cuba, a finales de los 80s, es que la integración de la política con el crimen organizado se diera desde los cargos más altos de los gobiernos. 

Cole dijo que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional se encargarán de los narcopolíticos. La DEA es una vieja piedra en el zapato mexicano desde 1985, cuando el Cártel de Guadalajara, con la protección de varios miembros del gobierno de Miguel de la Madrid -incluidos prominentes miembros de la 4T-, asesinó al agente Enrique Camarena Salazar. Pero la Fuerza de Tareas no: nació por una orden ejecutiva del presidente Trump, firmada el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca.

La integran componentes del FBI, y de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que fueron quienes planearon y ejecutaron la captura y extracción de Ismael El Mayo Zambada en 2024, a espaldas del gobierno de López Obrador. Es decir, además de la CIA, que tiene unidades operando en México de manera clandestina, la Fuerza de Tareas también tiene experiencia en acciones encubiertas en territorio mexicano.

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