Ley de Economía Circular en Chiapas: el reto está en aplicarla

Ley de Economía Circular en Chiapas: el reto está en aplicarla

Jenner Rodas Trejo

Chiapas construye actualmente su Ley de Economía Circular y, como parte de ese proceso, se realizan foros de consulta pública que han reunido a ciudadanos de distintos sectores. Así debe iniciar la construcción de cualquier ley: escuchando a la ciudadanía, para que pueda opinar, priorizar los contenidos y adecuarlos al territorio y a las particularidades del estado.

Para quienes no están familiarizados con el término, la economía circular no es muy distinta de lo que ya hacíamos antes. ¿Quién no tomó agua en un vaso de veladora en casa de la abuelita? ¿Quién no heredó la ropa o los zapatos del hermano mayor? En palabras sencillas, se trata de darle otro uso a lo que compramos o alargar su vida útil, generar la menor cantidad posible de residuos y reincorporar los materiales a la economía.

Uno de los mayores desafíos está en la operación de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos. En su mayoría, en el estado son tiraderos a cielo abierto donde no hay separación ni reciclaje, y donde se deposita lo mismo un residuo orgánico que uno electrónico. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, una tercera parte de los residuos sólidos urbanos generados en Chiapas es orgánica. Con una adecuada separación, estos residuos podrían compostarse, lo que reduciría el volumen que llega a los tiraderos y la presencia de fauna nociva y asociada, como ratas, perros y gatos ferales. Los sitios de disposición final son, en principio, una oportunidad para dar a los materiales una segunda vida útil; sin embargo, en sus condiciones actuales y con los métodos de recolección vigentes, esto no es posible.

Separar los residuos y darles una nueva vida útil también es un problema en sí mismo, porque en Chiapas existen pocas industrias dedicadas a ello. Los centros de acopio y de compraventa de residuos se concentran en las principales ciudades y dejan fuera a las comunidades. No olvidemos que Chiapas es un estado predominantemente rural, con localidades alejadas y de difícil acceso, donde los residuos con frecuencia terminan quemados o en ríos, arroyos y lagunas.

En cuanto a la reincorporación de los residuos a la cadena productiva, los centros de compra no están regulados. Los precios varían de un sitio a otro y solo se reciben unos cuantos materiales, principalmente cartón, fierro y aluminio. Quedan fuera residuos altamente contaminantes, como los electrónicos, que además podrían tener un valor económico considerable por los materiales que contienen; sin embargo, en el estado no contamos con empresas dedicadas a su recuperación.

La educación, la sensibilización y la información son otro desafío por atender. El modelo económico actual nos dice que comprar nos hace sentir mejor, que debemos consumir y renovar ropa y zapatos cada temporada, y que la economía debe ser lineal: extraer, fabricar, usar y tirar. Cambiar este paradigma es indispensable, y para ello hay que reeducar no solo a las nuevas generaciones, sino también a las actuales, que somos quienes tenemos el poder adquisitivo y, en nuestras manos, la tarea de educar. Como consumidores debemos procurar productos con una vida útil mayor y que, una vez desechados, puedan reincorporarse a otro ciclo. Para lograrlo necesitamos informarnos, leer y conocer cómo participar en la economía circular.

Chiapas debe apostar por una innovación tecnológica accesible para la población. Aunque en el estado hay poca industria, la innovación tiene un campo enorme en el sector agropecuario, cuyos residuos pueden resolver necesidades básicas. Un ejemplo es el biogás para cocinar, en lugar de la leña, cuyo uso contribuye a la deforestación y a enfermedades respiratorias que afectan sobre todo a las mujeres. Otros ejemplos son los fertilizantes orgánicos o el aprovechamiento del suero de la elaboración de quesos como alimento animal. Algunas de estas prácticas ya se aplican en ciertos lugares, pero la tecnología suele ser cara e inaccesible para la mayoría.

Más allá de los alcances de la ley estatal, como ciudadanos debemos exigir que se aplique la Ley General de Economía Circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2026, para que en México se deje de comercializar productos de un solo uso y se combata la obsolescencia programada, mediante la responsabilidad extendida del productor y la valorización de los residuos.

El verdadero reto no es construir la ley, sino aplicarla una vez publicada. Existen numerosas leyes que buscan proteger el ambiente, garantizar el derecho a un medio ambiente sano y regular las actividades que lo dañan. Sin embargo, abundan los ejemplos de leyes que no se aplican y de prácticas que continúan pese a contravenir las regulaciones.

Con esta ley se busca poner en práctica las siete erres. Rediseñar, para que el sector empresarial y la academia trabajen de la mano e incorporen criterios de sostenibilidad y ecodiseño desde el origen de los productos. Reducir, mediante un consumo consciente y eficiente. Reutilizar, dando una segunda vida a los objetos o alargando su uso. Reparar los productos averiados en lugar de desecharlos, combatiendo así la obsolescencia programada. Renovar o reacondicionar objetos antiguos, como equipos tecnológicos o maquinaria, para que vuelvan a ser útiles. Recuperar materiales usados para reintroducirlos como materia prima o aprovechar su valor energético. Y reciclar, transformando los residuos en nuevos materiales mediante procesos de separación y reprocesamiento.

Gobiernos y empresas tienen el reto de aplicar la economía circular en toda la cadena de valor, desde la obtención de la materia prima hasta la llegada del producto al consumidor y su destino final.

Como ocurre con todas las leyes ambientales, esta no será fácil de aplicar ni de cumplir. Pero si alguna esperanza hay de hacerlo, es que, además de los beneficios ambientales, ofrece beneficios económicos directos para la población. Ahí puede estar la clave de su éxito.

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