• Eduardo Ramírez envió al Congreso una iniciativa de ley para fortalecer las acciones legales contra inmuebles utilizados en actividades ilícitas.

Selene Álvarez / Diario de Chiapas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que envío al Congreso del Estado una iniciativa para crear la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados de Chiapas, con la que se busca fortalecer las acciones legales contra inmuebles utilizados para actividades ilícitas.

El mandatario explicó que esta propuesta responde a situaciones detectadas en algunos municipios, donde establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas no respetan los horarios autorizados y, en determinados casos, pueden convertirse en centros de distribución, además de operar sin cumplir con requisitos de protección civil, uso de suelo y permisos correspondientes.

Ramírez Aguilar señaló que la iniciativa también busca generar responsabilidad entre los propietarios de inmuebles que rentan sus espacios para bares, cantinas y otros establecimientos donde se comercializan bebidas alcohólicas, por lo que los exhortó a verificar que los arrendatarios cuenten con las licencias y autorizaciones necesarias.

Advirtió que, cuando se compruebe que un inmueble es utilizado para actividades delictivas y no cumple con la normativa, además de proceder legalmente contra quienes resulten responsables, el Gobierno estatal buscará recuperar esas propiedades mediante los mecanismos de extinción de dominio.

El gobernador recordó que desde 2004 se realizaron reformas en materia de extinción de dominio, inicialmente relacionadas con la delincuencia organizada, cuyo catálogo de delitos posteriormente se amplió para incluir actos de corrupción.

Indicó que con esta nueva legislación se pretende ampliar las facultades de la Fiscalía General del Estado para intervenir en los procedimientos relacionados con bienes asegurados, abandonados y decomisados.

La iniciativa fue enviada al Congreso del Estado, acompañada de su exposición de motivos, para que las y los legisladores realicen la revisión correspondiente y determinen su proceso legislativo.

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