Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
Unos 522 mil millones de pesos dan la medida del poder económico de cuatro funcionarios de confianza del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Su secretaria de Energía, Luz Elena González, preside los consejos de Pemex y la CFE, con cerca de 314 mil millones de pesos de inversión física prevista para 2027. Su director de Birmex, Carlos Ulloa, acaba de conducir tres licitaciones por casi 131 mil millones para abastecer al sector salud en 2027 y 2028. El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, dicta la política tecnológica de un gobierno cuyo mercado de contratos en ese ramo se estima en al menos 50 mil millones de pesos este año. Y su subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, coordina desde Hacienda procesos por unos 27 mil 200 millones, incluido el intento de contratar el arrendamiento de la flota de más de 90 instituciones federales. Son cuatro incondicionales de Sheinbaum y por eso mismo cargan con una responsabilidad mayor. Si fallan, la terminan arrastrando a ella.
La cifra más alta corresponde al sector de Luz Elena González, sin duda la más cercana a Sheinbaum. La mujer que administró las finanzas de la Ciudad de México ocupa hoy la cabecera de los consejos de las dos empresas energéticas del Estado. En Pemex, que dirige su incondicional Juan Carlos Carpio Fragoso, la inversión física para el próximo año alcanza los 255 mil 529 millones de pesos. En la CFE, a cargo de Emilia Calleja, la proyección ronda los 59 mil millones.
Carlos Ulloa, uno de los más polémicos por su desconocimiento del sector y su gusto por los lujos, es el encargado del abasto de medicamentos para 2027 y 2028. La primera licitación rondó los 84 mil millones de pesos y la segunda sumó 12 mil 569 millones en material de curación. El 3 de noviembre, Salud dio a conocer el tercer fallo por 34 mil 398 millones. En total, las adjudicaciones de Birmex bajo la dirección de Ulloa suman casi 131 mil millones de pesos.
En la compra consolidada, el IMSS y el IMSS-Bienestar solicitan los medicamentos y pagan sus pedidos. Birmex reúne la demanda, conduce los concursos y adjudica los contratos. Ahí reside el poder de Ulloa. Al IMSS de Zoé Robledo le corresponden 117 mil 227 millones de los 164 mil 245 millones de pesos proyectados para medicamentos, material médico y de laboratorio en 2027. El Seguro Social concentra siete de cada diez pesos de ese presupuesto, pero Birmex se encarga de las compras.
En Hacienda, tres rubros de la cartera de Bertha Gómez Castro —combustible, seguros patrimoniales y vales mensuales de despensa— superan los 13 mil 200 millones de pesos. A esa cifra se suman los 14 mil millones en que se estimó el concurso para arrendar los vehículos de más de 90 instituciones durante cuatro años. La licitación quedó desierta.
Pero antes de que Hacienda convoque a los proveedores, aparece otra firma. María Guadalupe Arciniega García preside, desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Comité de Contrataciones Estratégicas. En agosto, ese órgano reunió en un solo procedimiento la compra de blancos y ropa quirúrgica y hospitalaria para 2026 y 2027. En noviembre, Hacienda salió a pedir cotizaciones. Para entonces, el comité de Arciniega ya había decidido que los proveedores competirían por dos años de pedidos en un mismo concurso.
La influencia de Pepe Merino también se extiende a Aduanas. Al 14 de noviembre, los datos de Compras MX daban cuenta de 12 contratos de Aduanas por 583.5 millones de pesos en 2026, incluidas algunas compras previas al relevo. Entre los procedimientos del año figuran la adquisición de licencias de Microsoft y la contratación de servicios de digitalización y de soporte a la infraestructura tecnológica.
Los cuatro funcionarios encargados de las grandes compras del gobierno han acompañado a Sheinbaum en distintas etapas de su vida. Uno fue su compañero de departamento en la universidad. Con los demás ha coincidido a lo largo de su trayectoria política y en la función pública. Son sus incondicionales y ella también los reprende, les pide cuentas y les exige resultados. Esa amistad es un arma de doble filo. Los errores y las omisiones de los cuatro tendrán un costo político para quien les confió el cargo.
Posdata 1
A propósito de adjudicaciones, el gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta construir seis penales con capacidad para 18 mil 480 personas en Chiapas, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Sonora y el Estado de México. Tres constructoras mexicanas tienen antecedentes en ese negocio federal. Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y Grupo Tradeco, de Federico Martínez, incluso fueron socios en Veracruz, mientras que Ingenieros Civiles Asociados (ICA) participó en dos penales bajo un esquema que extendía el contrato más allá de la entrega de la obra.
Prodemex participó en el desarrollo del Centro Federal de Readaptación Social número 14, en Gómez Palacio, Durango, y del número 17, en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Su tercer antecedente es el complejo de Papantla, Veracruz, que desarrolló en consorcio con Tradeco. Esta última también tiene en su historial el penal federal de Ramos Arizpe, Coahuila, y los trabajos de ampliación y mejoramiento del Altiplano, el penal de máxima seguridad del Estado de México.
La experiencia de Tradeco también se extiende a Guatemala y El Salvador. El proyecto más conocido en el que se ha reportado su participación es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT salvadoreño.
El antecedente de ICA ilustra la decisión económica que tiene por delante el gobierno. Tanto en el penal federal número 11, en Hermosillo, Sonora, como en el 12, en Ocampo, Guanajuato, los contratos incluyeron diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento. Para los seis nuevos penales se conocen las entidades y la capacidad conjunta proyectada. También falta conocer el presupuesto y si las empresas que entreguen las cárceles también cobrarán por mantenerlas.
Posdata 2
La Comisión Federal de Electricidad levantó 776 millones de dólares en México y el extranjero con cargo a una parte de lo que cobrará por transmitir electricidad. Fue la primera colocación de capital de CFE Fibra E desde su debut en Bolsa, en febrero de 2018. Con el dinero, el fideicomiso comprará a la CFE derechos de cobro adicionales. La empresa podrá así adelantar ingresos para ampliar su red de transmisión.
La CFE recibió órdenes de compra por mil 635 millones de dólares, equivalentes a 3.2 veces la oferta base. La colocación final superó los 675 millones de certificados e incluyó las opciones de ampliación y sobreasignación. Entre los compradores estuvo la Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial, que participó como inversionista ancla.
Los inversionistas tenían una referencia concreta. Al cierre del tercer trimestre, la Fibra reportó un rendimiento de 11.3% por las distribuciones a sus tenedores, cerca de su promedio histórico de 11.7%. Ese dinero proviene de lo que la CFE cobra por transportar electricidad a través de la Red Nacional de Transmisión.
CFE Capital, que administra el fideicomiso, se fijó la meta de obtener por esta vía 2 mil 473 millones de dólares. Los 776 millones de la colocación equivalen a 31% de ese monto. El destino son más de 60 proyectos de transmisión de los que depende la conexión de las nuevas centrales previstas en el programa eléctrico de Claudia Sheinbaum de aquí a 2030.
Posdata 3
Un apoyo de alrededor de 12 mil pesos mensuales que la Cámara de Diputados dejó de pagar en abril llevó a sus jubilados a bloquear de nuevo San Lázaro. Este jueves, después de que la negociación terminó sin acuerdo, tres de los inconformes se ataron con cinta adhesiva a la puerta de la oficina de Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva. La respuesta corrió por cuenta de Mauricio Farah, secretario general de la Cámara, quien calificó de irresponsable e insostenible reanudar los pagos.
Los jubilados reclaman el cumplimiento del numeral 23 de su convenio laboral. Sostienen que el apoyo es un derecho adquirido y piden destinar 144 millones de pesos a restituirlo. El 4 de noviembre habían liberado los accesos al recinto después de que Bolaños-Cacho se comprometió a revisar su pliego petitorio. Dos semanas después volvieron a cerrarlos.
Farah dio dos razones para rechazar la exigencia. La primera es que la Cámara carece de recursos para cubrirla. La segunda es que los propios jubilados llevaron el reclamo ante la autoridad laboral. A juicio del secretario general, si la Cámara paga y el fallo resulta adverso a los trabajadores, tendrá que responder por haber entregado dinero público sin sustento.
Con unas dos mil personas dentro del recinto, entre legisladores, empleados y periodistas, Farah descartó pedir el uso de la fuerza pública para abrir las puertas. Por cierto, se dice que el secretario general de San Lázaro podría ser el caballo negro para encabezar INE, por lo menos para la Secretaría Ejecutiva.
Posdata 4
Las críticas de la 4T al neoliberalismo caen directamente sobre José Antonio Meade. Fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, y en 2018 fue el candidato del PRI que perdió la Presidencia frente a Andrés Manuel López Obrador. Ocho años después, ya como presidente del Consejo de Administración de HSBC México, Meade tuvo palabras de reconocimiento para quienes llevan las finanzas públicas en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
En un foro de la Universidad Panamericana, el exsecretario le reconoció a Hacienda el trabajo de hacer espacio en el presupuesto para los programas sociales de Morena, aun con las presiones de gasto que han obligado a recortar otras partidas. También le dio crédito al Banco de México por contener las presiones sobre los precios sin perder de vista lo que cuesta, en términos de crecimiento, mantener altas las tasas de interés. A su juicio, la coordinación entre ambas instituciones podría mejorar las condiciones de la economía en 2027.
Meade sí le puso una condición a su optimismo. Antes de dar por buenas las cuentas del próximo año, dijo, habrá que revisar si Hacienda cumple al cierre de 2026 su meta de requerimientos financieros del sector público, equivalente a 4.1% del PIB. Alcanzarla, advirtió, importa para la credibilidad del siguiente paquete económico. El dos veces secretario de Hacienda sabe lo que vale una proyección de déficit cuando llega la hora de compararla con el cierre.
Ahora le toca hablar como presidente del consejo de un banco del tamaño de HSBC. El cargo exige moderación frente al gobierno en turno y, por lo visto, alcanza hasta para echarle porras. La ironía es que el elogio a la disciplina fiscal de Morena viene de uno de los funcionarios a los que la propia 4T carga la factura del neoliberalismo.
@MarioMal










