Pensiones; la dignidad no se jubila

Pensiones; la dignidad no se jubila

Sumidero

Edgar Hernández Ramírez

Existen cifras cuya contundencia desmantela discursos ideológicos enteros y estadísticas que incomodan profundamente a quienes durante décadas hicieron del desprecio a las clases populares una doctrina económica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de arrojar sobre la mesa del debate público una de ellas: sin la cobertura de las pensiones no contributivas, la tasa de pobreza en México sería un 11.5 por ciento mayor. No se trata de un eslogan propagandístico emanado de las conferencias mañaneras ni de un boletín partidista de Morena; es el diagnóstico técnico de un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas.

El hallazgo del informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026 desbarata el viejo dogma neoliberal que dominó la política pública mexicana. Durante casi medio siglo, los teócratas del libre mercado sostuvieron que transferir recursos directamente a quienes ya no podían insertarse en el aparato productivo constituía un «gasto improductivo», un fomento a la pereza y una amenaza de quiebra fiscal, bajo la promesa de que la riqueza acumulada en la cúspide terminaría por «goteando» hacia la base social.

La experiencia mexicana reciente –que documenta una reducción de 13 puntos porcentuales en la pobreza por ingresos entre 2018 y 2024– demuestra lo contrario: las pensiones universales llegan exactamente cuando la capacidad biológica de generar ingresos decae y las necesidades de salud, alimentación y cuidados se disparan.

Las contradicciones históricas de este debate encuentran su caricatura más nítida en la figura del expresidente Vicente Fox. El mismo político que durante su sexenio advirtió que otorgar pensiones a los adultos mayores llevaría al país a la bancarrota –para años después atribuirse el origen del programa y, posteriormente, envalentonarse pidiendo la eliminación de los apoyos sociales mientras reclamaba la restitución de su propia pensión de retiro– sintetiza la doble moral de una élite. Exigir que un adulto mayor de 75 años resuelva su subsistencia bajo las mismas exigencias del mercado laboral que un joven de 30 no es una preocupación legítima por la productividad; es una ceguera de clase que confunde el derecho a la vejez digna con la subordinación al capital.

En estados con profundo rezago estructural como Chiapas, la pensión universal trasciende el ámbito contable individual: se convierte en un motor de reactivación para la economía local. El dinero fluye hacia las tiendas de barrio, los mercados populares y el consumo básico, al tiempo que concede a millones de mujeres mayores –cuyo trabajo doméstico y de cuidados jamás fue remunerado– un margen inédito de autonomía económica frente a parejas e hijos.

Reconocer la efectividad redistributiva de este programa no exige ignorar los severos desafíos que aguardan en el horizonte. La propia CEPAL advierte sobre las presiones fiscales que impondrá el acelerado envejecimiento demográfico. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentará la urgencia de ampliar la capacidad recaudadora del Estado, combatir la evasión fiscal y evitar la tentación de degradar un derecho constitucional en un mero instrumento de lealtad electoral. Asimismo, la transferencia monetaria no sustituye la urgente construcción de un sistema integral de salud y de cuidados; de poco sirve un ingreso periódico si la falta de medicamentos en los hospitales públicos devora la pensión familiar.

Sin embargo, el debate sobre la sostenibilidad financiera debe formularse con rigor y sin sesgos de clase. El costo fiscal de proteger la vejez merece vigilancia, pero con la misma contundencia deben auditarse las exenciones tributarias, los privilegios corporativos y las prioridades del gasto público. La política social inaugurada en la capital por el exjefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y hoy consolidada a escala nacional, cambió la relación entre el Estado y las personas mayores. Una sociedad no puede medir el valor de sus integrantes exclusivamente por su productividad presente en el mercado. La pensión no resuelve todas las carencias, pero establece un piso de dignidad para quienes entregaron sus mejores años; y la dignidad, por más que la derecha aún insista en contabilizarla como un gasto pasivo, jamás debería jubilarse.

[email protected]

Compartir:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *