Avalan reforma sobre paridad de género

•          La Sala Superior del TEPJF emitió una opinión favorable sobre la constitucionalidad de la reforma electoral de Chiapas, que establece la alternancia de género en las candidaturas a presidencias municipales.

Selene Álvarez /Diario de Chiapas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró constitucionales las disposiciones de paridad horizontal, vertical y alternancia de género en las planillas municipales de Chiapas, de cara al proceso electoral de 2027; sin embargo, evitó pronunciarse sobre presuntas irregularidades en el proceso legislativo y las facultades de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.

Mediante una opinión especializada emitida en el expediente SUP-OP-24/2026, a solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados analizaron el Decreto 307 de la reforma electoral de Chiapas, impugnado a través de diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos y el Ejecutivo Federal.

En su valoración, el órgano electoral federal consideró que las disposiciones que establecen la paridad y alternancia de género en la integración de los ayuntamientos son compatibles con la Constitución, al tratarse de acciones afirmativas encaminadas a garantizar que las mujeres tengan acceso efectivo a los cargos de elección popular.

No obstante, el TEPJF dejó sin analizar los señalamientos relacionados con posibles irregularidades durante la aprobación del decreto en el Congreso de Chiapas, así como la presunta omisión de consultas previas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

También evitó emitir una opinión sobre las facultades de la Jucopo en la definición de los bloques de competitividad y el procedimiento de insaculación de los 62 municipios que deberán ser encabezados exclusivamente por mujeres.

La opinión del TEPJF tiene carácter técnico y no es vinculante, por lo que la resolución definitiva corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá resolver las acciones de inconstitucionalidad y determinar la validez del Decreto 307, incluidos los cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo y las atribuciones del Congreso estatal.

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