Editorial

¡Crímenes de alto impacto!

La mayoría de los casos relevantes, de los llamados de alto impacto social y humano registrados en la historia nacional, por alguna u otra razón permanecen sin ser investigados, pero de inmediato alguien los estigmatiza como crímenes de Estado.

Antes de ocuparse de llegar a la verdad, apoyándose en tantos instrumentos que existen en la actualidad, optan por establecer de manera plena la responsabilidad del estado, sin contar más que con algunas versiones parciales y más de carácter interpretativo que verificable.

Los analistas interesados en que la vida pública nacional se transparente, siguen y se han quedado esperando a que se conozca la verdad, no la que se institucionaliza en todas partes y se difunde con gran interés. Si no lo que realmente pasó, ya que regularmente se encuentran testigos de los hechos.

La investigación del equipo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, difiere en mucho de la reconocida “verdad histórica” que construyera la entonces Procuraduría General de la República, que más parece un intento de “cerrar el caso” lo más pronto posible. Sin importar como.

Este es el caso de Ayotzinapa, en donde por lo visto el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a estas alturas otros datos, que lo han llevado a precisar que puede no tratarse de un crimen de estado, aun cuando puedan existir componentes del estado nacional, como policías y militares.

Desde luego que una vez que se conozca la verdad de lo que pasó, el destino de los 43 desaparecidos primero, y el papel que todos los actores jugaron, ya vendrá la etapa de las responsabilidades.

Aquí en México lo primero que hacen las organizaciones sociales, es demandar castigo para todo aquel que les parece puede ser culpable, sin antes haber concluido la investigación.

Incluso en estas especulaciones, las autoridades ayudan en mucho al asumir de inmediato con sus actitudes y cerrazones, que terminan pasando por sospechosas.

En el caso de Ayotzinapa por lo que se deduce, primero se establecieron quiénes eran los culpables y se encapsularon las autoridades en una “verdad histórica”, sin más elementos que confesionales arrancadas por la tortura.

Agarraron parejo y no se detuvieron en una necesaria primera etapa que debió circunscribirse a saber, cuál había sido el final de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Era tan indispensable comenzar por ahí, aunque para los investigadores fue suficiente saber por las confesionales que habían sido conducidos para asesinarlos y quemarlos en el basurero de Cocula.

Con esta “verdad histórica” terminaron por enredar tanto las cosas, que dejaron escondido el misterio del destino final de los normalistas: si están o no vivos.

El Estado volvió a intentar “cerrar el caso”, sin antes esclarecerlo plenamente, y sin esta primera etapa, no le será posible deslindar responsabilidades.

Luego aparecieron discrepancias entre aquellos que aseguraban que todos habían sido quemados y otros que señalaban un número menor, y los más que no aceptan que estén muertos.

De todo esto, las organizaciones sociales concluyeron que todo se había hecho con la complicidad del ejército mexicano, y la planeación por órdenes superiores, elementos con los cuáles hasta la fecha se insiste en que fue un crimen de estado.

Un crimen de estado advierte que es algo planeado y dispuesto en los más altos mandos políticos del país. Ideado por verdaderos psicópatas y desquiciados, que se despiertan por la mañana ideando las más perversas ideas. Entre ellas las de matar.

Desde este escenario lo que sí se puede señalar es que, en este tipo de crímenes de alto impacto social y humano, el Estado ha demostrado una franca incapacidad para resolverlos, y le ha apostado a la historia.

A partir de lo anterior es que se dice, que la actual administración presidencial, ha caído en la trampa diseñada por el anterior equipo de la PGR, y al cumplirse un año más, lo único que sigue existiendo es atención a los familiares de las víctimas y mucha voluntad para esclarecer los hechos.

En razón de este compromiso institucional, sería importante que el Estado frente a este tipo de crímenes ya pueda ponerles tiempo a los investigadores de campo, a los científicos de la criminología y criminalistas involucrados, para rendir un informe institucional sobre lo sucedido en Iguala, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda dar por cumplido este compromiso nacional.

Lo que se puede seguir, es apostando al paso del tiempo, porqué esto lo único que acumula son sospechas, frustraciones y desconfianzas en el Estado.

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