Editorial
Sanciones por campañas anticipadas
A pesar de la pandemia, muchos de los llamados “calientes” por ser candidatos o por la reelección para un cargo público, vienen realizando de manera abierta o soterrada campaña anticipada, algunos incluso utilizando dineros públicos.
Algunos de estos ya han comenzado a ser denunciados, y se han iniciado procedimientos para sancionarlos, frenando de esta manera el ímpetu de estos desesperados.
Ya están advertidos por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquellos funcionarios públicos que realicen campañas políticas anticipadas o intervengan en alguna de estas, van a ser denunciados, para que sean sancionados con toda oportunidad.
Es lamentable que a estas alturas no crean en la palabra presidencial, por lo que parece ser que, para no ser rebasado el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Elecciones y participación ciudadana, tendrán que comenzar a imponer sanciones a los que resulten responsables de estas conductas.
Ningún servidor público, del nivel de que se trate va a entender, hasta que no sea sancionado enérgicamente.
Por lo pronto la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y participación ciudadana de Chiapas, en sesión ordinaria, aprobó el inicio de procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento respecto de la queja formulada en contra del presidente municipal de Yajalón y del presidente municipal de Venustiano Carranza; así como de la presidenta del DIF municipal de Cintalapa, por probable promoción personalizada.
En la misma sesión, aprobaron acuerdo de medidas cautelares, en contra de los servidores públicos citados, para que lleven a cabo de manera inmediata, el retiro total de la propaganda exhibida en página de Facebook, así como toda la propaganda que pudiera advertirse en todas las redes sociales.
Ejecución que deberán realizar dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de dicho acuerdo y al término del mismo, deberán informar dentro de las 24 horas siguientes de su cumplimiento; apercibidos que, de hacer caso omiso, podrían ser acreedores a la aplicación de cualquiera de las medidas de apremio previstas en el artículo 19, en relación con el artículo 24, Párrafo 2, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC.
Cabe recordar que, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que todas y todos los servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad recursos públicos deberán aplicarlos con imparcialidad, respetando la equidad de la contienda electoral, y quedando prohibido difundir propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; resultando sujetos obligados del párrafo octavo del citado artículo, los siguientes: los poderes públicos; los órganos autónomos; las dependencias y Entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.
Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que quiere que en esta ocasión el proceso electoral no sea mañoso y sucio, y mucho de esto depende de responsabilidad de los servidores públicos.
Sobre estas prácticas sabe mucho el pueblo, que es el mejor testigo de lo vivido en las últimas décadas: estructuras electorales soportadas en los tres niveles de gobierno, apoyos de programas sociales que llegaron a regalar láminas y tinacos, compra de votos con despensas y hasta con dinero.
Contra todo esto tiene que luchar a brazo partido el INE y el IEPC, para que desde ahora se sienten las bases de una elección diferente para el 2021.
La ciudadanía en general debe estar atenta a locales donde se guardan despensas que luego son dispersadas como parte de una estrategia política. Deben denunciar aquellas casas que cumplen funciones de oficinas, en donde se guardan copias de credenciales de elector y se comprometen por lista para que los ciudadanos terminen votando por la persona y el partido que les indiquen.
Esta es una buena oportunidad, para confirmar si ya el pueblo de México ha transformado su conciencia social para luchas por una vida digna en México.
Desde luego que el mayor reto es llevar a los ciudadanos a las urnas de manera espontánea, sin la promesa de un pago, y a pesar de no existir muchas opciones para elegir. En las boletas.
Por lo pronto los servidores públicos y sus partidos deben entender, que tienen que respetar las reglas del juego, antes que correr riesgos innecesarios.
