Ainer González/Diario de Chiapas
Las autoridades a cargo del Centro de Reinserción Social para Sentenciados de Chiapas (Cerss) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, siguen violentando las garantías y derechos humanos de la población interna.
El Colectivo Feminista “Cereza” denunció a José Miguel Alarcón García, subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y encargado de este penal, de haber autorizado la roción de gas lacrimógeno al interior del penal femenil del Cerss 5, agravando la salud de 20 internas y de una bebé.
La organización de mujeres activistas, universitarias y feministas de la sociedad civil, dio a conocer que el 20 de mayo de 2020, la población femenil del Cerss 5 reportó que durante cuatro días fue suspendida la línea telefónica del penal, y ante tal situación exigieron la comunicación con sus familiares.
El Colectivo expuso que las internas optaron por manifestar su inconformidad y ante ello, las autoridades reaccionaron reprimiéndolas con un gas tóxico, el cual fue rociado al interior de las celdas donde se hallaban 26 mujeres; entre ellas, Marisela y su bebé de dos meses, y Hermila de 65 años de edad con problemas de diabetes y asma, donde la mayoría quedaron con problemas respiratorios, dolor de cabeza, quemaduras en rostro y manos e irritación en los ojos por efecto del gas.
Esta acción, señaló la organización, fue ordenada por Alarcón García, ya que el director del penal, Javier Sánchez Ríos, fue dado de baja desde el lunes 18 de mayo por padecer Covid-19.
En colaboración con el Colectiva “Cereza”, se presentó la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por las condiciones inhumanas en las que se encuentran y por la represión aludida, donde se emitió la medida cautelar 67/2020 con la que se recomienda garantizar la salud, integridad, comunicación y alimentación de las mujeres en prisión en el Cerss 5, “haciendo alusión además a que la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad no implementó ningún protocolo de prevención de salud contra el Covid-19, no sanitizó las instalaciones y además ocultó por un mes que ya había enfermos por Covid-19 entre la población penitenciaria y el personal de custodia”.
Sin embargo, la organización precisó que fue hasta el lunes 1 de junio, 12 días después de presentada la queja que la CEDH, cuando el organismo defensor de derechos humanos se presentó a verificar las condiciones en las que se encontraban las mujeres, recabando testimonios y vestigios de la acción de represión llevada a cabo por las autoridades.
En esa diligencia, “Cereza” expuso que se recabaron indicios consistentes en restos de cartuchos de gas y de mujeres con sintomatologías características de Covid-19.
Por lo anterior, el equipo multidisciplinario exigió el derecho a una alimentación saludable y nutritiva, un espacio adecuado y digno para que puedan desplazarse y puedan ser visitadas, contar con espacio de esparcimiento, derecho a la educación, y garantizar la comunicación oportuna de las reclusas con sus familiares y con sus defensores.
