Ainer González / Diario de Chiapas
Al menos 3 mil mujeres, hombres y niños del pueblo Maya Tsotsil de Chiapas, corren el riesgo de presentar signos de hambruna por la falta de alimentos.
El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (Fisanim) “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dieron a conocer que quienes conforman el Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Civil “Las Abejas de Acteal” en Chenalhó, están en riesgo de una emergencia alimentaria, que de prolongarse puede derivar en hambruna.
En conferencia de prensa, Pedro Faro Navarro, director del Frayba, manifestó que la organización ha documentado la vulnerabilidad a la vida de las familias que viven en desplazamiento forzado, ocasionado por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y la falta de atención integral de los gobiernos federal y estatal.
“En la documentación realizada por Fisanim y Frayba constatamos la situación de pobreza en la que viven las desplazadas y los desplazados, aunado a la falta de medidas sanitarias en el marco de la pandemia del Covid-19. La región Altos está marcada como una de las zonas marginalizadas en el estado de Chiapas”, expuso.
Faro Navarro señaló que unas 3 mil 304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, quienes pertenecen a los municipios de Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama, ciudadanos y ciudadanas chiapanecas que se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas.
“Cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas o baleadas, sin acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no han podido ir a cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, detalló.
Por su parte, Ofelia Medina, cofundadora del Fisanim, enfatizó que por las situaciones de desplazamiento forzado presentan un riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas, por la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidas, donde las niñas, niños, mujeres, ancianas y ancianos son la población con mayor vulnerabilidad.
Añadió que la soberanía alimentaria ha sido descrita como un derecho, y más como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.
Para finalizar, el director del Frayba urgió al Estado implementar un plan emergente para garantizar la entrega de alimentos para los pueblos priginarios, atender de manera irrestricta las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de los derechos humanos en la atención a la pandemia Covid-19, y desactivar la violencia provocada por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad en estas zonas indígenas.
Además, pidió la intervención de la Cruz Roja Internacional para contribuir en la ayuda humanitaria en los territorios que el desplazamiento forzado se ha prolongado.
