Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ante el bloqueo y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos que brindan acompañamiento a personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
Hace algunas semanas, la sociedad civil denunció la negativa de agentes del Instituto Nacional de Migración para permitir el ingreso a territorio mexicano de solicitantes de asilo y refugio desde el puerto fronterizo ubicado en el puente Rodolfo Robles que une a México con Guatemala.
El Colectivo emitió un documento dirigido a Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de defensoras y defensores de los derechos humanos, para solicitar de manera urgente la garantía de condiciones de seguridad y dignidad en la labor de promoción y defensa de los derechos humanos que realizan como Colectivo.
La intervención de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se debe al hostigamiento constante por parte de autoridades del orden federal y de distintos cuerpos de seguridad y militares, “que ha escalado hasta la criminalización de nuestro trabajo”.
Cuando se da la negativa del INM de permitir la entrada de estos grupos, las organizaciones miembros del Colectivo acudieron para dar acompañamiento a las personas para garantizar el acceso al procedimiento de refugio y al territorio.
“A partir de las restricciones de ingreso por vía terrestre en la frontera sur de México, hemos documentado el rechazo constante a familias con necesidades de protección internacional, incluidas personas que viajan con niños, niñas y adolescentes y otras personas en condiciones de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, personas de la comunidad LGBT y víctimas de violencia de género”, argumenta el documento.
La persecución constante de las autoridades encargadas de la administración del Puerto Fronterizo y de agentes del INM, es documentada ante la reincidencia del hecho: una de ellas el 22 de marzo de 2021 según la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con fecha 2021/3/22 13:8; otra sucede el 5 de abril de 2021, que constan en la queja promovida con número de folio 2021/24391; y otra vez el 26 de abril.
“Los agentes migratorios asumieron una actitud confrontativa y violenta, sin permitirnos dialogar sobre la ruta de atención y protección que seguirían para garantizar el acceso de las personas al procedimiento de refugio”.
Por negarse a desistir del acompañamiento, los agentes solicitaron la presencia de la policía municipal de Suchiate, elementos de la Guardia Nacional y una patrulla más de la policía municipal.
Este bloqueo de las labores de acompañamiento además de violar el derecho de las personas, grupos y colectividades, tiene impactos negativos en la vida, la seguridad y la dignidad de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
La sociedad civil llamó a las autoridades involucradas en el tema migratorio para apegarse a la legislación nacional vigente, así como a los compromisos internacionales que México ha signado en la materia. Asimismo, que se genere un mecanismo conjunto para la interlocución directa con las organizaciones de la sociedad civil y el cese de los discursos que estigmatiza y criminaliza el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
