Francisco Mendoza / Diario de Chiapas
En el contexto de la pandemia de Covid-19, las estadísticas y los datos disponibles revelan que los niños y las niñas pertenecen al grupo poblacional que ha sufrido el menor impacto a nivel de salud, pues resultan menos propensos al riesgo de infección, sobre todo en comparación con los adultos mayores.
Sin embargo, estos datos hacen referencia meramente a los efectos sanitarios de la pandemia; las consecuencias sociales críticas, como el cierre de las escuelas, las restricciones de movilidad y las mayores dificultades económicas han contribuido al aumento de la inseguridad y vulnerabilidad de la población más joven, la cual tendrá que hacer frente a los impactos socioeconómicos a corto y largo plazo de la pandemia.
La situación de doble precariedad de los niños y niñas migrantes y desplazados, que ya se encuentran entre las poblaciones más vulnerables en el mundo, se ha deteriorado durante la pandemia, a causa de la mayor exposición a situaciones de pobreza agravadas por la crisis económica, a violaciones a los derechos humanos, como en los casos de explotaciones laborales de menores, fomentadas por las pérdidas en los ingresos del hogar, y del acceso temporáneamente suspendido a la educación, junto a un mayor riesgo de padecer de enfermedad mental en un contexto tan desalentador y crítico.
Existe un deterioro de la situación en los albergues y centros de detención; el número reducido de trabajadores humanitarios en los albergues, la escasez de recursos básicos y suministros y la disminución de los servicios brindados a las personas migrantes han endurecido las condiciones de vida de los niños y niñas en los centros de acogida, intensificando su vulnerabilidad.
Durante la emergencia de Covid-19, la capacidad de los sistemas de protección infantil en el norte de Centroamérica y México ha sido debilitada también por falta de equipos de protección personal, lo que ha implicado menores servicios de protección, prueba de virus y tratamiento.
