Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Con seis años de edad, Ana fue abusada sexualmente por su tío. Durante el confinamiento su madre tuvo que dejarla bajo el cuidado de su familia cercana hasta que la menor cambió su actitud.
Dejó de sonreír y comenzó a aislarse incluso de otros niños, “entonces me di cuenta, le pregunté y con mucho trabajo me dijo lo que estaba pasando”, recuerda su madre, que ahora lucha porque su hija pueda recobrar la alegría en su ser.
Casos como el de Ana incrementaron durante la pandemia del COVID-19 en los hogares chiapanecos. De acuerdo a la Fundación Internacional Granito de Arena, las violaciones sexuales contra menores de edad se triplicaron desde a mediados de 2020.
Antes de la llegada del coronavirus a Chiapas, atendían 20 casos en un mes, actualmente reciben hasta 60, incluso 10 en solo una semana. El 100 por ciento de esta violencia sexual ocurre en el núcleo familiar o la casa de familiares que, ante la ausencia de clases presenciales, se hacen cargo de los pequeños.
“Los principales responsables de las violaciones son los padres biológicos, padrastros, abuelos, abuelastros o tíos”.
La situación es grave, dijo la fundadora de Granito de Arena, Elena del Rosario Torres Villanueva, pues con la pandemia hubo un cambio radical en la forma de trabajar de la fundación y muchos casos fueron canalizados a las autoridades.
Por la falta de solvencia económica y el nulo apoyo del Estado, se vieron obligados a cerrar temporalmente las instalaciones. Pero en junio y julio del año pasado, el aumento de personas pidiendo atención la llevó a brindar acompañamientos.
“Tuvimos algunas madres enojadas, tristes y desilusionadas por la falta de atención porque las instancias gubernamentales cancelaron los tratamientos terapéuticos por la pandemia misma. Aunque la Fiscalía siguió recibiendo denuncias, no realizaban a las niñas los tratamientos psicológicos o las revisiones ginecológicas”.
La falta de compromiso de las autoridades con el paciente provocó atrasos y desistimientos del proceso legal; razón que llevó a Torres Villanueva a tocar puertas para poder reactivar la atención, documentación y seguimiento de los casos.
Reconoció que hay ministerios publicas comprometidas con la causa, sin embargo, por la agravante de muchos casos es necesario brindar seguimiento, incluso médico, hasta una años después de la agresión sexual.
Este 2021, la fundación volvió a recepcionar y recibir a menores de Tapachula, Cintalapa, Mitontic y San Cristóbal de Las Casas, que son atendidos por cuatro profesionales. Actualmente dan seguimiento a 32 denuncias activas por violaciones sexuales: 24 niñas y dos niños, en su mayoría adolescentes, además de preescolar y con discapacidad.
PREVENCIÓN Y SECUELAS
Para la psicóloga Pamela Trejo Félix existe una baja en la denuncia de violaciones sexuales contra niños debido a la de ideología que “solo a las niñas las pueden violar”. Aunque en ambos casos se producen daños a corto y largo plazo.
Un menor que fue abusado pierde la confianza, presenta una distorsión de la familia y al paso de los años puede haber intentos suicidas, autolesiones, depresión, ansiedad, entre otros trastornos. “Todo esto lo trabajamos de la mejor manera posible desde la intervención psicológica” y en estos tratamientos, la participación de los tutores es crucial.
Por ello, dijo es importante que los pequeños conozcan las partes de su cuerpo, “porque el conocimiento ayuda a la prevención, a la confianza y si hay abuso, pueden hablar y si no lo hay puedan saber qué hacer o cómo actuar cuando una persona quiere violentarlos”.
En este contexto, ambas expertas en el tratamiento de menores violentados, coincidieron en que las madres también viven algún tipo de violencia “por eso es muy difícil que vengan a denunciar y a nosotros nos cuesta la parte del seguimiento, aunque hacemos lo posible”.
Ante el panorama, la experta hizo hincapié en la importancia de trabajar desde la prevención, “así podemos encontrar a alguien que necesite de nuestra ayuda”.
De acuerdo con Fernando Álvarez Vázquez, de Sabiduría Sexual, AC. el hecho de compartir los espacios de la casa con el agresor sexual aumenta el riesgo de agresión por la cercanía en la que se encuentran ambas partes y esto sucede de diferentes maneras como tocamientos, exhibicionismo o exponer al menor a ver material pornográfico.
En 2020, se denunciaron 54 mil 314 delitos contra la libertad sexual, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es la cifra más alta desde los registros disponibles de 1997.
Durante la crisis de la enfermedad por coronavirus, factores como las limitaciones de la actividad económica, el cierre de las escuelas, el acceso reducido a los servicios de salud y el distanciamiento físico pueden incrementar la vulnerabilidad y exposición en la infancia y adolescencia a la violencia y otras vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que es importante que el Estado abra espacios seguros de atención psicológica a las distintas problemáticas que enfrenta este sector de la población.
