Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
La familia del defensor ambiental, Mariano Abarca Robledo, asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas, espera que el Tribunal Supremo de Canadá allane el camino para que el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública investigue a la Embajada de Canadá en México.
El apoyo incondicional de la Embajada a Blackfire ponía a Mariano en mayor riesgo, por ello, en el 2018 la familia presentó la denuncia en virtud de la ley para responder a abusos por la administración pública de Canadá.
Pero hace cuatro años el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública se negó a leer y aceptar casi mil páginas de pruebas; decidió no investigar, a pesar de tener la responsabilidad de examinar las denuncias recibidas y garantizar la confianza en el servicio público.
En febrero de 2022, la Corte Federal de Apelación confirmó la decisión del Comisionado y se basó, en gran medida, en mero tecnicismo. Los jueces alegaron que el Comisionado no tenía obligación de leer las pruebas como fueron entregadas.
Entonces la Corte tampoco aceptó considerar los argumentos de las tres partes intervinientes en el caso, incluidos los relativos a las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos.
Aún en la lucha para encontrar justicia para Mariano Abarca, la familia ahora esperará la respuesta del Tribunal Supremo de Canadá.
Si conceden la apelación, será la primera vez que el sistema de denuncias en torno al sector público de Canadá se someta al escrutinio del más alto tribunal, destacó el comunicado firmado por la familia Abarca, abogados, MiningWatch Canadá y Otros Mundos.
AJUSTE DE CUENTAS
La relevancia de este caso para la política de relaciones exteriores canadiense es innegable para Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos Chiapas, organización que trabajaba con Mariano antes de que fuera asesinado y que sigue apoyando a la familia.
“Una investigación en este caso abriría las puertas a un serio ajuste de cuentas sobre cómo los cuerpos diplomáticos canadienses proporcionan un apoyo irrestricto a las corporaciones canadienses a costa de la gente y el medio ambiente en México y otras partes del mundo. Creemos que esta es la razón por la que se ha rechazado una investigación hasta ahora y esperamos de verdad que la Corte Suprema de Canadá vea su tremenda importancia y brinde la oportunidad de hacerla avanzar”.
“Se supone que el proceso para denunciar irregularidades cometidos por funcionarios públicos tiene que ser informal y accesible”, dijo Nicholas Pope, uno de los abogados. Mientras para José Luis Abarca, uno de los cuatro hijos de Mariano, se niega el derecho a la verdad.
Sobre la presión que la embajada canadiense ejerció sobre las autoridades mexicanas y cómo eso pudo jugar un papel en el brutal asesinato de su padre, dijo José Luis.
Blackfire Exploration, con sede en Calgary, abrió su mina en Chiapas en 2007 y, desde el principio, la empresa solicitó y recibió un importante apoyo de la embajada canadiense. En este respaldo la embajada envió una delegación de alto nivel a la oficina del entonces gobernador de Chiapas para presionar a las autoridades estatales a fin de que protegieran a la empresa y sofocaran las protestas.
Mariano recibió amenazas de los empleados de Blackfire, incluso fue detenido por ocho días por una denuncia procedente de la empresa de Canadá; todo esto por alzar la voz sobre los impactos sociales y medioambientales de la mina de barita en Chicomuselo. Siete semanas después de su arresto fue baleado frente a su restaurante el 27 de noviembre de 2009.
Un estudio realizado por el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, con sede en Washington, y la Asociación Internacional de Abogados, en el Reino Unido, clasificó a Canadá como el peor de 62 países en cuanto a la protección de quienes denuncian abusos en el sector público.
