Marco Alvarado / Diario de Chiapas
La Confederación Nacional Campesina (CNC) manifestó su rechazo a la propuesta de “Régimen Simplificado de Confianza”, que se plantea en la Ley del Impuesto sobre la Renta para las y los productores mexicanos, aplicable a partir del año 2022, en la que se propone eliminar el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras para las personas físicas del sector primario.
En su lugar, el llamado “Régimen Simplificado de Confianza” plantea un nuevo gravamen para los productores que, de acuerdo con esta organización, no toma en cuenta los fenómenos meteorológicos cada vez más severos por el cambio climático que enfrenta, ni los riesgos sanitarios como plagas y enfermedades, y riesgos de mercados, que repercuten a tal grado que un productor no se sabe en cuánto se va a lograr vender lo que cosecha.
Actualmente, un productor por ingresos, exenta impuestos hasta por un millón 300 mil pesos y para los medianos productores hay una reducción de la tasa de hasta el 40 por ciento, pero con el nuevo régimen, el productor pagaría 26 mil pesos; sin embargo, si el productor forma parte de una persona moral, sea productiva o incluso asociación civil, pagaría impuestos como una persona física con ingresos por actividades empresariales y profesionales, es decir, pagaría más de 300 mil pesos en impuesto.
Se plantea también una tasa que será del uno al 2.5 por ciento sobre ingresos, pero solo pueden tributar las personas que no sean socios, accionistas o integrantes de personas morales.
Lo grave, según la CNC, es que no toman en cuenta que la legislación agraria, productiva y de desarrollo rural establece más de 25 figuras asociativas, en donde participan pequeños y medianos productores sociedades de producción rural, asociaciones rurales de interés colectivo, asociaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas y silvícolas, fondos de aseguramiento, cooperativas, sociedades en solidaridad, figuras asociativas de crédito, por mencionar algunas.
Y al pasar a contribuir como actividades empresariales y profesionales no existe ningún estímulo y la tasa puede llegar hasta el 35 por ciento, lo que representa un golpe directo al sector agropecuario cuando los efectos de la emergencia sanitaria aún no terminan.
