Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
En condiciones de hacinamiento y tortura mantienen a mujeres embarazadas y menores de edad sujetos de protección internacional en las estaciones Cupapé 1 y Cupapé 2 del Instituto Nacional de Migración en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, respectivamente.
Lo anterior fue visibilizado por las organizaciones del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano que documentan las graves violaciones a los derechos humanos que el INM también ejerce en la ruta migratoria denominada corredor central de Chiapas, en los municipios: Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.
En las estaciones migratorias mencionadas, “no se implementan protocolos de bioseguridad ante la pandemia de COVID-19, incrementando de forma grave las probabilidades de contagio. La situación de hacinamiento es tal que recibimos testimonios de mujeres durmiendo de pie o en los baños de las celdas y algunas junto con sus hijas e hijos han pasado la noche y día en el patio al aire libre bajo la lluvia”.
En La Mosca se calculan cerca de 400 personas privadas de la libertad, “es una bodega abandonada que no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de las personas migrantes por el contrario las expone a sufrir diversas formas de violencia, tortura y abusos de autoridades públicas y privadas”.
En el caso de Cupapé 1 no hay una cifra consolidada de personas detenidas, aunque el colectivo documentó la presencia de por lo menos 80 mujeres detenidas, entre ellas mujeres embarazadas que fueron violentadas por personal público y privado dentro de las instalaciones.
Además, contabilizaron a más de 15 menores de edad en detención, incluyendo bebés de solo 4 meses en contravención a las normas vigentes que prohíben su detención.
Tras la desintegración de las caravanas encabezadas principalmente por haitianos, los operativos de detención entre el INM y la Guardia Nacional se concentran en los alrededores de la capital de Chiapas y en las carreteras entre los municipios fronterizos de Motozintla, Frontera Comalapa y Chicomuselo.
En una acción ilegal, “recientemente se denunció que policías municipales en esta región están deteniendo en separos preventivos (cárceles) a personas migrantes incluyendo familias con NNA para luego entregarlas al INAMI”.
Por ello, recordaron que las fuerzas de seguridad no tienen funciones de control migratorio como recientemente se confirmó en el amparo 1597/2018 para el caso de Tijuana, Baja California.
“Exigimos la liberación inmediata de personas solicitantes de refugio y con procedimientos de
regularización migratoria; alto inmediato a la violencia y represión, además de seguridad y soluciones integrales y respetuosas de los derechos humanos”.
Para el Colectivo es importante que la Comar y el INM agilicen y respeten los procesos de atención y seguimiento a las solicitudes de refugio: En tanto la CNDH y la FGR investiguen los actos de tortura aplicados por el INM el pasado 3 de septiembre en las instalaciones de Cupapé 1; y las detenciones ilegales por parte de la policía municipal en los municipios fronterizos.
Hasta el 2003, La Mosca o Cupapé 2 operó como planta productora de moscas estériles para combatir la plaga del gusano barrenador en el país; y en el 2019 fue habilitada como estación migratoria vigilada por la Guardia Nacional.
