Letras Desnudas
Mario Caballero
Corrupción e insensibilidad
En los primeros días de abril de 2016, alrededor de doscientos trabajadores del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) fueron despedidos, en su mayoría mujeres y madres solteras que dijeron que las habían corrido por no haber aceptado las propuestas sexuales de los directivos. No hubo uno sólo al que no hubieran destituido injustificadamente, con alegatos falsos, algunos bajo intimidación y tampoco los liquidaron conforme a la ley.
En consecuencia, hubo una demanda que nunca prosperó. El entonces alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor usó sus influencias para que la demanda fuera desechada. El despido masivo fue anunciado como una “depuración de aviadores” cuando en realidad se trató de un abuso de poder. Ese grupo de personas eran realmente trabajadores de la dependencia, y por un capricho de la autoridad se quedaron sin el sustento para sus familias. Al poco tiempo se supo que los puestos vacantes fueron ocupados por amigos y gente allegada al presidente municipal.
Quien se encargó de hacer el trabajo sucio fue el director administrativo de nombre Jonathan Díaz Gallegos.
Este sujeto fue el principal secuaz en el SMAPA. Obviamente, tenía a su gente cobrando en la nómina y tejió una red de corrupción que lo apoyaba en los desvíos de recursos, en la asignación de obras y en las amenazas al personal. Entre ellos estaba su amante, una tal Gloria, que cobraba un jugoso sueldo sin trabajar.
Es del conocimiento público que el SMAPA ha sido siempre la caja chica de cada gobernante en turno. Es utilizado para pagar facturas políticas, dar empleo a amigos y compadres, mantener los lujos de las amantes y, por supuesto, llenarse los bolsillos. Se estima que en los dos primeros años de la gestión de Castellanos (de octubre de 2015 a diciembre de 2017) se cometió un fraude por arriba de los 650 millones de pesos.
Fabián Tovilla y Luis Pavía eran los encargados de escamotear el dinero. Se presume que mes con mes desviaban la cifra de 3 millones de pesos que inmediatamente ponían en manos de Jonathan. Ese recurso iba a parar a una casa de seguridad en las cercanías de San Cristóbal de las Casas, aparentemente propiedad de Fabián Tovilla.
Por instrucciones de Jonathan Díaz en varias ocasiones no se dio el servicio de agua potable a varias colonias de la ciudad, se contrató la renta de cien teléfonos celulares que eran usados por su séquito y familiares, se cancelaron los vales de despensa a los trabajadores, asimismo el servicio médico. Por lo cual a algunos empleados les cancelaron cirugías y con su propio dinero tuvieron que pagar consultas médicas en consultorios privados y los medicamentos, cuando era un derecho que debían recibir y por el que les descontaban en sus pagos quincenales. Incluso, Jonathan fue acusado de no pagar los sueldos y de jinetear los recursos de la caja de ahorro.
En julio de 2017, los trabajadores del SMAPA señalaron a sesenta aviadores incrustados en la nómina de la institución, entre recomendados de Jonathan Díaz, del exsubsecretario de gobierno Jhovany Salazar, entre otros. La cantidad mensual que se pagaba en los sueldos de esos zánganos era de 873 mil 542 pesos con 34 centavos.
DE MAL EN PEOR
Veinte meses después de haber acabado ese infausto gobierno la situación ha empeorado en el SMAPA. Pero esta vez las autoridades han llegado al extremo de robarle al usuario en el consumo de agua potable.
Una persona de nombre Sandy Corzo denuncia en Facebook que su señora madre tiene cinco meses de no habitar su casa, pero el recibo del SMAPA le llega puntualmente cada mes y con un cargo elevadísimo cuando nadie está gastando una sola gota de agua. Teo Zenteno, que vive en la calle gardenias de la colonia 6 de junio, dice que su calle es un río porque desde hace meses SMAPA no ha podido o no ha querido ir a arreglar una manguera que está doblada.
Aparte, las denuncias por fugas de aguas negras en decenas de colonias que han convertido a la capital de Chiapas en un chiquero. Por si esto no fuera suficiente hay colonias como San José Terán, Plan de Ayala, Industrial, Fraccionamiento Buena Vista, Fraccionamiento Sabines, La Misión, Atenas, entre otras, que constantemente se quedan sin el servicio de agua durante cinco o más semanas y aun así les llega el recibo de cobro.
En el SMAPA opera una amplia red de complicidades que es encabezada por el director general, René León Farrera, un personaje de negro historial que ocupó ese mismo puesto durante la gestión de Juan Sabines Guerrero, que se distinguió por el saqueo a las arcas de los tuxtlecos.
León Farrera está ahora mismo bajo la sospecha de cobrar diezmos por los contratos de obra que otorga el organismo. Se le acusa de acoso laboral, prepotencia, corrupción y nepotismo. Abandona sus funciones por interferir en los asuntos de una agrupación de transportistas de la que su esposa es socia. Igualmente, se dice que buscando una candidatura en las próximas elecciones está en una abierta campaña política, y por eso mismo otorga “facilidades” a los contratistas para financiar su proyecto político.
Sus principales operadores son Juan Luis Paniagua Moguel (director técnico). Este personaje ha sido liquidado en varias ocasiones por diversos cargos que ha ocupado dentro del SMAPA en periodos anteriores, como el de director de Operación y Mantenimiento, puesto que actualmente ocupa su compadre Amílcar Bezares Aguilar. El subdirector de Mantenimiento a Redes, René Rosales Espinosa, también es una imposición suya. Éste, junto con Jorge Luis Rodríguez Jiménez, subdirector de Agua Potable, son acusados de adjudicar obras del Sistema a una constructora de su propiedad.
Sin duda, ha empeorado el SMAPA en el gobierno de la cuarta transformación. Hay señalamientos de que se reimprimen los recibos para desviar los fondos y que altos funcionarios controlan más de 20 mil tomas clandestinas. No hay transparencia en el ejercicio de los recursos, falta agua en las colonias, hay miles de fugas sin reparar, los drenajes están desbordados, se alteran las lecturas del medidor para elevar el cobro por el consumo de agua a los usuarios y en estos tiempos de contingencia sanitaria el alcalde Carlos Morales Vázquez no quiso ni siquiera prorrogar el cobro del servicio y hasta canceló los descuentos a los adultos mayores.
No le importa si la gente se quedó sin trabajo, no le importa si tienen para comer, él seguirá cobrando. ¿Y en qué se invierte el dinero? Si Tuxtla Gutiérrez es una ciudad que se está cayendo a pedazos. ¡Chao!
@_MarioCaballero
