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El PRI que todos queremos

José Alberto Gordillo Flecha

México está atravesando por tiempos difíciles; hoy, su sistema democrático e institucional se encuentra a prueba. Son tiempos donde se requiere de una visión de futuro y la solidez de una oposición política que pueda hacer frente a ocurrencias del poder en turno y a su vez, adaptarse a las exigencias de la ciudadanía respecto de pendientes históricos, pero también de aquellos logros colectivos, propios de la evolución de nuestro sistema. Pasada la elección del 2018, con los resultados que ella arrojó, el PRI está obligado a responder a estos retos y hacer suyas esas exigencias para colocarse como una verdadera opción legislativa y de gobierno, pero, sobre todo, alzarse como la plataforma política más sólida, congruente y moderna.

Para lograrlo, en primer término, requiere de sacudirse de tabúes ideológicos que no le permitan ser competitivos y que reniegan del objetivo de todo partido político en el mundo, que es el de ganar elecciones. El PRI, desde su fundación en 1929, ha atravesado por diversos momentos históricos y ha podido adaptase. Hoy tenemos que reconocer que no sólo hemos dejado de ser un partido hegemónico, sino que los ciudadanos con su voto nos han relegado, por no ofrecer propuestas frescas, novedosas o por no tener los puentes con otras fuerzas políticas y ciudadanas que coadyuven a hacernos más competitivos.

El primer paso en este rubro ya se dio en la pasada LI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, celebrada el lunes 3 de agosto de este año, en el que, derivado de la prevención estatutaria en su artículo 16 que establece: “en caso debidamente justificado con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas, podrá reformar o adicionar el Programa de Acción y los presentes Estatutos, con excepción del Título Primero, que forman parte de los Documentos Básicos del Partido; así como el Código de Ética Partidaria.”

Por primera vez en la historia del PRI, no es la Asamblea -máximo órgano partidario- la que aprobó las reformas a los documentos básicos; pero también es la primera vez que nuestro país atraviesa por una emergencia sanitaria como la actual y eso hace ver a nuestro Partido, como un instituto que garantiza la certeza jurídica y que prevé todos los escenarios posibles en su normatividad interna para así poder hacer frente a cualquier eventualidad.

¿Cuál es el principal objetivo del PRI para el proceso electoral del 2021? Indudablemente ganar en los 300 distritos electorales federales, en los 15 gubernaturas, 621 diputaciones locales, 1,907 Ayuntamientos y 16 Alcaldías. ¿Podemos ganar por sí solos? Se tendrá que revisar fríamente en cada particularidad de los municipios o distritos, pero lo que, si queda claro, es que estamos obligados a conformar alianzas electorales que pudieran convertirse en alianzas legislativas y de gobierno, con otras fuerzas políticas que históricamente, han sido antagónicas al PRI, pero que la coyuntura actual nos acerca ideológica y estratégicamente.

Y en ese sentido va orientada la reforma a la fracción VI del artículo 83 de los Estatutos que reza “Conocer y acordar las propuestas para concertar convenios para constituir frentes, coaliciones y distintas formas de alianza con otros partidos;” suprimiendo la palabra “afines” que tenía la redacción anterior y que limitaba ideológicamente al PRI en celebrar este tipo de convenios con institutos políticos como lo son el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Esto nos coloca como un Partido ideológicamente sólido que nos permite, además, sumar esfuerzos con otros frentes políticos y ciudadanos para un fin común: regresar a nuestro país a la normalidad democrática con efectivos contrapesos del poder.

El PRI nació y se construyó desde el poder, es un hecho innegable; esto no lo podemos borrar. Lo que sí podemos hacer, es adaptarlo a las nuevas realidades para que, en lo sucesivo, sea un partido cada vez más autónomo del poder presidencial y de los poderes regionales. Con las nuevas reglas aprobadas, el PRI va ganando fortaleza institucional para que la Dirigencia conozca, apruebe y consense los intereses del partido en las diferentes regiones del país y en la agenda legislativa federal y local, para que estos prevalezcan sobre los intereses particulares que se suscitan en las entidades, principalmente donde el PRI no es gobierno. Es decir, la agenda legislativa de nuestros grupos parlamentarios debe atender los intereses y principios ideológicos del Revolucionario Institucional y no pueden ir de forma autónoma haciendo propuestas legislativas a veces contrarias al posicionamiento del Partido. Deben prevalecer la congruencia política y el mensaje ideológico en la base militante.

Por otra parte, el PRI se posiciona como un partido atento y respetuoso de los logros colectivos y de las nuevas dinámicas jurídicas, que incluso promovió desde la esfera legislativa; es el caso de que ninguna persona que haya cometido violencia política de género podrá abanderar al tricolor en un cargo de elección popular. Esto es un paso agigantado en la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres y las reinvidica en estas acciones afirmativas. Además, se ratifica y se hace efectiva la paridad de género total tanto en las dirigencias como en las candidaturas. A la par, los jóvenes tendrán acceso efectivo en la integración de las listas plurinominales y por lo menos el 30% de este sector estarán en las candidaturas propietarias y suplentes; además, las dirigencias del Comité Ejecutivo Nacional, Comités Directivos Estatales y Municipales deberán ser integradas preferentemente por un joven, ya sea a la cabeza como presidente o en la Secretaría General, lo que se convierte en algo inédito al interior del Revolucionario Institucional.

La lealtad y disciplina partidista se procuran garantizar con esta armonización estatutaria, ya que este ha sido un talón de Aquiles al interior del partido al postular candidatos con poca pertenencia y al haber obtenido el triunfo se cambian de partido atendiendo a sus intereses y olvidándose de la militancia que los respaldó en las urnas. Por ello, a partir de estas reformas, los candidatos están obligados política y moralmente en suscribir una carta compromiso para que, en el caso de que decidan dejar la fila priista lo hagan a título personal y soliciten licencia al cargo para que este sea ocupado por un militante del PRI. Esto abre el debate y la propuesta legislativa para evitar esta mala práctica en nuestro sistema político. Asimismo, con estas reformas, el PRI está obligado a postular por la vía de representación proporcional, a auténticos priistas y militantes. Esto representa un reconocimiento a la lealtad y a la trayectoria partidista.

Otro candado es el de restringir que destacados militantes ocupen cargos en la administración pública en gobiernos no emanados del PRI y que por lo menos, soliciten la dispensa estatutaria ante el Consejo Político y quede a discreción de esta instancia, concederla o no, según el caso en particular. Con esto se obliga a que no exista una doble moral de decirse priista, exigir derechos partidarios y pretender hacerlos valer; y, por otro lado, atender los intereses y trabajar para un gobierno que derrotó en las urnas al tricolor e hizo todo para que dicho partido ganara la elección. Eso no es ético, no es correcto y se debe sancionar y restringir. La reforma estatutaria da un paso importante en este sentido.

Con estas y otras reformas de los Estatutos del Revolucionario Institucional, este partido llega en mejores condiciones de competencia electoral y fortalecido en su interior para rescatar la confianza ciudadana y obtener un triunfo contundente. No es para menos que nuestro líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, considere que, con estas reformas estatutarias, el PRI se proyecta y consolida como “un partido moderno, democrático, plural, abierto y listo para el 2021” y así, se convierta nuestro partido en el PRI que todos queremos: un partido triunfador.

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