Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
La detención de Raúl Piña Horta, uno de los hombres más cercanos a Jorge Emilio González, el “Niño Verde”, desató un escándalo que rebasa por mucho los verificentros del Estado de México. El exdirector general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red que, según la Fiscalía mexiquense, obtenía decenas de millones de pesos mensuales mediante extorsiones, amenazas y despojos contra concesionarios. Sin embargo, en las cúpulas de Morena y el Partido Verde la captura se interpreta como un mensaje político dirigido al verdadero jefe de Piña.
Fuentes que los conocen desde hace décadas aseguran que Piña Horta y Jorge Emilio son tan cercanos que llegaron a compartir domicilio y construyeron una amistad íntima que se mantiene hasta ahora. Piña fue secretario particular del Niño Verde, diputado federal del PVEM e integrante de los órganos de dirección y justicia del partido. Su nombramiento en el gobierno de Delfina Gómez, en octubre de 2023, formó parte de las cuotas entregadas al Verde después de la alianza que permitió a Morena conquistar el Estado de México.
La investigación establece que Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega exigían cuotas a propietarios de verificentros para permitirles operar, evitar el cierre de líneas y garantizar la revalidación de sus autorizaciones. Las denuncias hablan de pagos mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos en 145 establecimientos, además de una cuota extraordinaria de 500 mil pesos por cada carril de verificación. El objetivo de esta última operación habría sido recaudar hasta 435 millones de pesos antes de la renovación de permisos para 2027.
Los empresarios denunciantes identificaron a Piña Horta, a dirigentes y operadores del Verde, y aseguraron que las exigencias económicas se justificaban como instrucciones de Jorge Emilio González. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que una línea pendiente es determinar si parte de esos recursos terminaba financiando estructuras o actividades políticas del PVEM.
La captura de Piña coincide con la tensión entre Morena y el Verde por la sucesión en Quintana Roo. Jorge Emilio, la gobernadora Mara Lezama y su grupo impulsan al senador Eugenio “Gino” Segura para 2027. El obradorismo, en cambio, promueve a Rafael Marín Mollinedo, fundador de Morena en el estado, exdirector de Aduanas y personaje cercano a López Obrador y a sus hijos.
La confrontación escaló con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre Alejandro Enrique Arcos Romero, a quien identifican como uno de los presuntos operadores financieros de la organización encabezada por Florian Tudor, conocido como el “Tiburón” y señalado como líder de la mafia rumana que operó en la Riviera Maya.
Pese a esos antecedentes, Arcos se incorporó a la Agencia Nacional de Aduanas durante la primera gestión de Marín Mollinedo. Documentos oficiales lo colocan en la oficina del titular y en el acto de entrega-recepción con Horacio Duarte. Actualmente aparece de manera recurrente en actos de promoción de Marín en Quintana Roo y hasta tramitó ante el IMPI la marca “Rafa Marín”. El aspirante morenista reconoció que Arcos participa como voluntario en su proyecto y pidió que sea investigado, aunque rechazó cualquier responsabilidad personal. No existe, hasta ahora, una acusación formal que vincule directamente a Marín con la organización de Tudor.
En el entorno de Marín atribuyen las revelaciones al aparato político del Verde y las consideran parte de la guerra para impedir que sea candidato. La respuesta, según fuentes de ambos partidos, habría llegado desde el Estado de México con la detención del hombre más próximo al Niño Verde. El mensaje sería que Morena también posee expedientes, capacidad de investigación y control institucional para elevar el costo de la disputa por Quintana Roo.
Horacio Duarte, secretario general de Gobierno y antiguo director de Aduanas, conserva interlocución con Marín y forma parte del grupo cercano a los hijos de López Obrador.
Así que la caída de Raúl Piña Horta puede ser el resultado de una investigación legítima y, simultáneamente, convertirse en instrumento de presión política. Si la Fiscalía sigue la ruta del dinero, establecerá si el esquema terminaba en bolsillos de funcionarios o alimentaba una estructura superior.
Por lo pronto, a Jorge Emilio González lo tienen contra la pared, de cara a las alianzas que deberá firmar para las elecciones del 2027.
Posdata 1
Nuevo pleito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora por el presupuesto del próximo año. El máximo tribunal solicitó 6 mil 104 millones de pesos, cifra representa un incremento de 17.2% frente a los 5 mil 208 millones autorizados para este año, aunque no todos los ministros estuvieron de acuerdo. El aumento aún deberá pasar por el Órgano de Administración Judicial y la Cámara de Diputados, pero fue avalado por el Pleno desde el pasado 6 de agosto.
La ministra Lenia Batres votó en contra y exhibió uno de los componentes más controvertidos del anteproyecto: la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 servidores públicos, entre mandos medios y superiores. También reclamó que siguen pendientes la reducción de las pensiones de ministros en retiro —cuyo excedente calcula en más de 54 millones de pesos— y la eliminación de las plazas asignadas a exintegrantes de la Corte, que representarían otros 39 millones.
El argumento de la mayoría es que el incremento permitiría recuperar los 661 millones de pesos que la Cámara de Diputados recortó al presupuesto solicitado para 2026. El problema es que la Corte surgida de la reforma judicial prometió ser menos costosa que la anterior.
La disputa ya provocó una fractura dentro del Pleno. Batres sostuvo que su postura generó una “animadversión insana” entre sus compañeros; los demás ministros rechazaron que sus diferencias jurídicas respondan a una represalia. Así de pesado se llevan en la Corte.
Posdata 2
Después de meses de bloqueos, plantones y desencuentros, la Sección 22 de la CNTE regresó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación, Mario Delgado, y el gobernador Salomón Jara. Fue la primera mesa formal y ordenada entre las partes después de la escalada de protestas; un encuentro que el gobernador oaxaqueño ayudó a construir y que tendrá seguimiento el próximo 3 de septiembre.
Los dirigentes de la Sección 22 llegaron con una actitud que fue calificada de “madura”. En términos políticos, el cambio de tono revela que la estrategia de movilizaciones perdió capacidad de presión frente a una Presidenta que se negó a negociar bajo bloqueos y mantuvo acotada la reunión a los problemas educativos de Oaxaca, no a la agenda nacional de la Coordinadora. Las marchas y los intentos por interceptarla durante sus giras no consiguieron modificar esa posición.
La reunión produjo acuerdos concretos: la autorización de más de mil plazas, recategorizaciones, horas adicionales, pagos pendientes y nuevos apoyos para uniformes escolares. También se revisaron casos judiciales derivados de protestas contra la reforma educativa. Es decir, el gobierno abrió una ruta para resolver asuntos laborales y educativos, pero sin entregar a la CNTE el control político de la negociación ni aceptar su exigencia central de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.
El contraste está en el SNTE, encabezado por Alfonso Cepeda, que mantiene una interlocución permanente con la SEP y ha retomado las mesas bilaterales para atender basificaciones, cambios de adscripción, compactación de plazas, promociones y prestaciones. El sindicato sostiene que en los últimos siete años se otorgó certeza laboral a un millón 150 mil trabajadores de la educación. Así que mientras el SNTE procesa sus demandas en mesas institucionales y sus maestros preparan el nuevo ciclo escolar, la CNTE terminó aceptando el diálogo que durante meses pretendió sustituir con presión callejera.
Posdata 3
Empresas Trafalgar nombró a Carlos Septién Michel como director general del grupo, que integra una Sociedad Financiera Popular y TRF Casa de Bolsa. Su encomienda será coordinar ambas operaciones y encabezar una nueva etapa de expansión, transformación tecnológica e institucionalización de la firma fundada en 1996 por Porfirio Sánchez Talavera.
Septién Michel acumula más de 45 años de experiencia directiva, tres décadas de ellos como director general y vicepresidente en compañías de los sectores financiero y de salud. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Administración de Empresas por Purdue University. Su trayectoria incluye procesos de expansión, estrategias de financiamiento y desarrollo de nuevos modelos de negocio.
La apuesta de Trafalgar consiste en integrar en una misma plataforma las soluciones de liquidez de su Sofipo y los servicios de inversión y administración patrimonial de su casa de bolsa. El objetivo es acompañar a pequeñas y medianas empresas, emprendedores e inversionistas conforme aumenten y se vuelvan más complejas sus necesidades financieras.
Posdata 4
Estados Unidos reanudó por completo las actividades de su personal en Michoacán relacionadas con la inspección y exportación de aguacate, después de evaluar las medidas de seguridad implementadas por el gobierno mexicano. El embajador Ronald Johnson reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad para restablecer las operaciones suspendidas y evitar un golpe mayor a una industria que depende del mercado estadounidense.
La decisión, empero, no modificó la evaluación de riesgo sobre la entidad. Michoacán permanece en el nivel 4 de la alerta de viaje del Departamento de Estado —“no viajar”— por la violencia y la actividad criminal. Estados Unidos considera que existen condiciones para que sus inspectores trabajen bajo un esquema reforzado de protección, pero no que el estado sea seguro.
La reapertura representa un éxito de las gestiones encabezadas por Omar García Harfuch, pero no resuelve la extorsión, el cobro de piso, el control criminal de huertas y empacadoras ni los problemas de trazabilidad que rodean al aguacate. El comercio se restableció porque México ofreció garantías específicas al personal estadounidense; la seguridad de productores, transportistas y habitantes de Michoacán sigue pendiente.
@MarioMal
