Letras Desnudas
Mario Caballero
Responsabilidad y reconocimiento
Ninguna otra institución pública en el estado carga con una mayor responsabilidad como la Secretaría General de Gobierno. Es su principal función atender los aspectos de la política interior y emprender acciones que garanticen la gobernabilidad, la paz social y el orden público. Dentro del Poder Ejecutivo, es el pilar que sostiene el enorme peso del gobierno.
Por tanto, la ingobernabilidad, la falta de acuerdos o, en contraparte, la consecución de los equilibrios, la estabilidad social y la concordia entre los pueblos, son consecuencias indefectibles de sus buenas o malas políticas en el ejercicio del poder.
En el pasado reciente, la Secretaría de Gobierno se concibió como un arma de represión. Fue la institución que, al torcer sus obligaciones, se dedicó a servir a los intereses de cada gobernador en turno, poniendo en indefensión a los chiapanecos.
El poder que ejerció el “Fiscal de Hierro”, alias Javier Coello Trejo, por ejemplo, en dicha dependencia, fue incluso superior al del exgobernador Absalón Castellanos Domínguez. En ese período la Secretaría fue señalada de ordenar torturas, de fabricar delitos en contra de los opositores del régimen, de encubrir la corrupción de los funcionarios y de violar las garantías individuales de los ciudadanos.
“¡Rómpanles la madre!”, era la orden que daba Coello Trejo para que sus muchachos molieran a golpes a cuanto político, dirigente sindical, maestro o estudiante se oponía a los caprichos del gobierno. Como Daniel Fernández Simón, ex alumno de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas que por órdenes del secretario fue enviado a prisión y supuestamente torturado en una celda del antiguo edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado, en el año 1983.
Durante el mandato de José Patrocinio González Garrido el encargado de la política interna del estado fue Juan Lara Domínguez.
A pesar de que Lara era un gran jurisconsulto, un experto en leyes, y que por eso mismo se esperaba de él un trabajo eficiente en la concertación de pactos de civilidad, diálogos de alto nivel con las organizaciones sociales y los distintos grupos disidentes, se dedicó a alabar al gobernador.
A diferencia de lo que fue la Secretaría de Gobierno con Javier Coello Trejo, con Lara Domínguez no fue una herramienta para el linchamiento político y la represión. Sin embargo, no dejó de ser una institución falsa, sin credibilidad y desprovista de carácter.
Cuentan que, en cierta ocasión, durante un acto público, el exgobernador Patrocinio González abofeteó a Juan Lara en frente de los invitados. No sé si por dolor o por la humillación, el exsecretario de gobierno lloró.
De cara a un gobierno centrado en el poder, calificado como el Imperio de la ley, con gravísimos señalamientos de violación a los derechos humanos y abuso de autoridad, con un comandante de la policía (Ignacio Flores Montiel) acusado del asesinato de al menos quince homosexuales en Tuxtla Gutiérrez, y supuestamente protegido por el propio gobernador, Juan Lara pasó a la historia como el secretario cuya importancia en el gobierno era igual a la de un florero.
Patrocino no terminó su periodo gubernamental, pues aceptó la invitación del expresidente Carlos Salinas para asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación, pero tras dejar la gubernatura nos sobrevino un largo y ominoso período de gobiernos interinos de los cuales quizá el peor de todos fue el de Julio César Ruiz Ferro (1995-1998).
Siendo un completo forastero, Ruiz Ferro mantuvo a los funcionarios de su antecesor, el exmandatario Eduardo Robledo, quien fue destituido 69 días después de rendir protesta.
Entre esos funcionarios estaba el escritor Eraclio Zepeda, un lujo en la Secretaría de Gobierno que se dedicó a representar al gobernador en los actos de mayor importancia y a firmar documentos oficiales. Quien llevaba realmente el control de la dependencia era Uriel Járquin Gálvez, el sanguinario ex subsecretario de gobierno.
Según informes, Járquin Gálvez fue responsable de 56 operaciones policiacas derivadas de diferencias políticas, agrarias y por desalojo de predios y carreteras. Los resultados de dichas acciones fueron 111 muertos y 160 heridos. Se presume que fue cómplice de la matanza de Acteal, en diciembre de 1997, donde 45 indígenas, entre ellos un niño de tan solo un año, fueron salvajemente masacrados por un grupo paramilitar.
En la segunda mitad del gobierno de Pablo Salazar, el perredista Rubén Velázquez López fue el titular de la Secretaría. Durante su gestión se cometieron los más deleznables agravios en contra de la clase política, el magisterio y la sociedad civil.
Por ejemplo, el 15 de febrero de 2005, ordenó el desalojo de un plantón en el municipio de Tila, del que resultaron 52 detenidos, decenas de desplazados, cuantiosos daños materiales y varias personas hospitalizadas.
El 10 de abril de 2004, instruyó la emboscada de un grupo de simpatizantes zapatistas que protestaban por los abusos del entonces presidente municipal de Zinacantán, el perredista Martín Sánchez Hernández. El saldo del ataque fueron 500 personas expulsadas, decenas de heridos, dos de ellos de gravedad por arma de fuego. El caso quedó impune.
A esas arbitrariedades hay que sumarle la persecución del ombudsperson Pedro Raúl López Hernández, dirigida por el mismísimo Rubén Velázquez, quien en un ataque de furia por no poder doblegar al orondo abogado lo llamó por teléfono para decirle: “No te metas en pendejadas, cabrón”.
El caso terminó con la huida del abogado al centro del país, después de haber sido amenazado de muerte.
Un caso similar al de Rubén Velázquez fue el de Nemesio Ponce Sánchez, subsecretario de gobierno en la administración de Juan Sabines Guerrero, quien fue el encargado de reprimir la disidencia, las movilizaciones magisteriales, estudiantiles, campesinas; controlar a los partidos políticos por medio de privilegios económicos; imponer en las alcaldías a los amigos del mandatario, repartir los cargos legislativos entre gente a modo al gobierno; hacer que el Congreso del Estado y el Poder Judicial blindaran al gobierno a través de amenazas y hostigamientos y dirimir los conflictos sociales con el uso de la fuerza.
ISMAEL BRITO
En la actual Secretaría de Gobierno se distingue el arreglo institucional. Asimismo, la promoción de los principios democráticos, la implementación del diálogo como principal política de conciliación y el fortalecimiento de los municipios. Existe respeto por las autonomías y una efectiva búsqueda de la justicia.
No ha sido fácil la reconstrucción. Por un lado, el descrédito que tenía la institución; por el otro, la crisis de ingobernabilidad en que se encontraba Chiapas al finalizar el anterior gobierno.
El secretario Ismael Brito Mazariegos, al romper esa cadena de maldiciones, al devolverle credibilidad al organismo, al ponerlo al servicio de los chiapanecos y no del poder como era antes y al lograr los acuerdos que tanta falta le hacían a Chiapas, ha demostrado estar a la altura de su responsabilidad.
El camino por recorrer es, ciertamente, demasiado largo y un estado con más de cincuenta años de atraso no se transforma con sólo desearlo. No obstante, el trabajo del secretario Brito es digno de todo reconocimiento. ¡Chao!
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