Razones
Seguridad: tres años irrecuperables
Jorge Fernández Menéndez
¿Qué va a hacer el presidente López Obrador en la gira de seguridad que está realizando por algunos estados del país? La verdad es que el escenario de la seguridad pública es uno de los más volátiles e inestables del país. Este fin de semana pasado hubo 222 asesinatos; la cifra global superó con amplitud, desde fin de octubre, los cien mil asesinatos en lo que va del sexenio; para esa fecha, según el subsecretario Alejandro Encinas, había 24 mil desaparecidos. Nadie puede gobernar con esas cifras dignas de una situación de guerra. Y no nos engañemos: por supuesto que hubo en todo lo que estamos viviendo responsabilidades de administraciones anteriores, pero después de tres años en el poder, después de asegurar cuando se asumió el mismo que la situación se controlaría en cien días, después se dijo que en seis meses y luego en un año, la responsabilidad intransferible de esta administración resulta imposible de ocultar.
La estrategia de seguridad está mal diseñada, parte de un mal diagnóstico y de un equívoco desde la propia campaña electoral. El presidente López Obrador siempre concibió la lucha contra el crimen organizado como una suerte de guerra civil, como un movimiento represivo contra la población. Por eso aseguró tantas veces que eran los militares, encargados de esa lucha, los que perpetraban masacres, por eso sostuvo que se atacaba con ella al pueblo.
Por eso su política de abrazos y no balazos estaba sustentada en una tesis falsa: poder establecer una suerte de acuerdo de paz, incluyendo una amnistía, con los grupos criminales, algo así como los acuerdo que se realizaron en Colombia entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. No era ni es posible: los grupos criminales no son una guerrilla, por más deteriorada ideológicamente que estuviera ese grupo armado colombiano, no hay acuerdos posibles porque son eso, son criminales, que no están dispuestos a ningún otro acuerdo diferente al que implique mantener su impunidad y expandir su negocio. No hay ideología de por medio.
El gobierno federal ha perdido tres años irrecuperables en la lucha contra el crimen porque ha permitido, con su política de contención y no enfrentamiento, que esos grupos se empoderen, controlen cada vez mayores territorios, cadenas productivas, de tránsito. Siempre he pensado que los defectos que hubiera en la Policía Federal podrían haber sido subsanados, incluyendo la participación militar en ella, con una fusión entre esa institución, que tenía sin duda problemas, pero también méritos, con la naciente Guardia Nacional.
Se decidió hacer una sustitución radical que recuerda en mucho, por sus consecuencias y resultados, la decisión que tomó en su momento el presidente De la Madrid cuando decidió desparecer de un plumazo la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales sin tener los instrumentos con qué reemplazarlas (o por lo menos para tener controlados a sus mandos y operadores). La consecuencia fue que se generó un vacío que fue aprovechado por muchos de los operadores de esos organismos se terminaron pasando abiertamente hacia los entonces nacientes cárteles y eso explicó su repentino poder. Es verdad: este razonamiento es simplista: ese proceso fue mucho más complejo, pero en el fondo eso fue lo que sucedió.
La Guardia Nacional es una institución que tuvo que nacer prácticamente de un día para el otro y su constitución tiene aciertos, pero quedó un vacío, en este caso por la propia concepción de la estrategia. Como ocurrió en los 80, respecto a la DFS y la DIPS, se llegó a la conclusión de que nada era rescatable y se desapareció a la PF y se dejó en el abandono a las policías estatales y municipales. No se comprendió que, sin esas policías locales, que deberían haber sido articuladas en un sólido esquema nacional, no se podía avanzar en la seguridad.
En los estados en los que así se trabajó, se han dado avances reales en la seguridad pública, desde la ciudad de México hasta Coahuila, desde Yucatán hasta Nuevo León, pero en la enorme mayoría de los estados se acentuó un fenómeno que ya estaba presente: los estados y municipios abandonaron la seguridad pública, la dejaron en manos del gobierno federal, se limitaron a decir que los delitos eran federales y que las instituciones federales se hicieran cargo de ello.
Un ejemplo: este fin de semana parecieron varios cuerpos descuartizados en San Luis Potosí. La fiscalía local declaró que traspasaba el caso a la FGR porque esos eran delitos federales. ¿Cómo pudieron saberlo si ni siquiera estaban identificados? ¿cómo pueden desprenderse de un crimen tan brutal sin siquiera saber qué sucedió?
La Guardia Nacional está llegando a los cien mil elementos, y se tienen ya decenas cuarteles, pero con ese enorme despliegue tampoco se puede controlar la inseguridad. La GN está concebida, y ese es un acierto, como una policía nacional con un fuerte componente militar. Pero una institución nacional no puede reemplazar a las policías locales, en todo caso tendría que integrarlas e irlas conformando de acuerdo a su modelo. Eso se intentó en el sexenio de Calderón y no tuvo apoyo político. En el de Peña Nieto se aprobó una ley de seguridad que fue declarada inconstitucional porque ni los estados ni la nueva administración quisieron avanzar en ella. El presidente López Obrador decidió que, con sus propias fuerzas, como en todos los demás capítulos de gobierno, controlaría la inseguridad. Pero ya se ha comprobado que eso no es posible, que no se puede avanzar seriamente con un mal diagnóstico y con esfuerzos unilaterales. En el camino se han perdido tres años.
