Razones
UIF: la política o la seguridad
Jorge Fernández Menéndez
Mi puesto es político, no técnico, y trabajo para el presidente, dijo una y otra vez a sus compañeros de Morena en la cámara de diputados el propuesto jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, cada vez que se le cuestionaba respecto a su evidente falta de experiencia en el manejo de una unidad especializada como la UIF. Incluso con el protagonismo de Santiago Nieto, que conjuntaba especialización con capacidad política, ninguno de los anteriores jefes de la Unidad, habían dejado tan en claro cuál sería su responsabilidad al frente de la misma.
Nadie puede dudar de que Pablo Gómez es un político que, con aciertos y errores, está presente en el escenario nacional desde 1968, asumiendo en ocasiones posiciones dialoguistas y en otras bastante intolerantes, dentro y fuera de los distintos estamentos en los que se fue constituyendo la actual izquierda, desde el Partido Comunista y el PSUM, hasta el PRD y Morena. Incluso Pablo fue uno de los pocos dentro del PRD, si no me equivoco el otro fue Demetrio Sodi, que reclamó en el año 2000 la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de México, considerando que no cumplía con los requisitos legales para serlo (lo que estrictamente era verdad, aunque un acuerdo con el gobierno del presidente Zedillo le permitió entrar en una competencia donde le ganó por muy poco a Santiago Creel, en medio de la ola foxista que recorría el país, la operadora de esa elección, por cierto, fue Rosario Robles, pero esa es otra historia).
También es verdad que ninguna de sus capacidades, muchas, está relacionada con el manejo de una institución financiera tan sofisticada como la UIF, salvo que se la entienda como un instrumento político y no financiero y de seguridad.
La solicitud de información de 79 personajes de la política, la empresa, el medio artístico, incluyendo miembros del gabinete, de amigos y enemigos del Presidente López Obrador, no deja de llamar la atención, primero porque se sometió esa solicitud a todas las instituciones financieras casi inmediatamente después de que Pablo Gómez fuera ratificado en la UIF; segundo, por lo obvio, porque implica que la propia Unidad ha abierto una investigación sobre esos hombres y mujeres. Se dijo que ello tendría relación con los Papeles de Panamá y de Pandora, pero resulta que entre esos 79 que se pide que sean investigados, hay varios casos que no figuran en ninguna de esas dos grandes filtraciones, incluyendo el hecho de que aparecer en esas listas no constituye, en sí mismo, delito alguno, sólo que se hicieron operaciones financieras en algunos paraísos fiscales o se constituyeron fideicomisos para la compra de ciertos bienes. De ahí a solicitar todos los manejos financieros de estas personas físicas desde diez años atrás parece haber una distancia bastante notable.
La pregunta es si es una decisión política (de eso no cabe duda) ordenada desde Palacio Nacional o directamente desde la UIF. No me imagino que Pablo Gómez se lanzara a una investigación de estas características sin la autorización presidencial. Tampoco llego a comprender la maniobra en curso, demasiado arriesgada para cualquier administración en su cuarto año. Pero el progresivo endurecimiento, y por ende polarización, que vive el país, deviene en buena medida del que propicia el gobierno federal. La simple comparación del discurso del primero de diciembre pasado comparado con el que pronunció el propio López Obrador, también en el Zócalo, el primero de diciembre del 2018, al asumir el gobierno, es una demostración transparente de ello.
En la UIF, en este sexenio, durante la gestión de Santiago Nieto, se cayó en ocasiones en el manejo político, pero incluso en eso se fue muy cuidadoso. Y lo importante en realidad fue la forma en como se trabajó en temas de crimen organizado, en la mayoría de las ocasiones en coordinación con las oficinas especializadas del Tesoro estadounidense. Si se le da a la UIF un manejo estrictamente político nadie gana, porque lo que se pondrá en juego es la credibilidad de una institución clave en la seguridad del país.
Ómicron
Sobre la variante Ómicron de Covid se pueden decir muchas cosas, menos lo que dijo el subsecretario López Gatell, de que la misma puede “ayudar a agilizar la inmunidad de rebaño”, un objetivo que planteó el ahora subsecretario desde el inicio de esta pandemia lo llevó a cometer innumerables errores, incluyendo subestimar las medidas preventivas, el uso de cubrebocas, de pruebas masivas y hasta de las vacunas.
Ómicron no parece tan grave como algunos supusieron. Ayer el Dr. Anthony Fauci, el epidemiólogo en jefe de los Estados Unidos, dijo que, aunque es demasiado pronto para hacer declaraciones definitivas al respecto, «no parece que haya mucha gravedad» y que «hasta ahora las señales son alentadoras sobre la gravedad» de la variante. Pero independientemente de ello, el gobierno de Biden ha ordenado universalizar la vacunación, incluyendo la tercera dosis; ha impuesto la vacunación obligatoria, en buena parte del sector público; ha autorizado las nuevas medicinas que ya se han puesto a disposición del sector sanitario; ha insistido en el uso de mascarillas y sobre todo en las pruebas, haciéndolas obligatorias para el ingreso a la Unión Americana. Ya hemos tenido desencuentros por el manejo de la pandemia con EU, sería absurdo volver a repetirlos.
