Razones
Un delator, el Chapo, los Beltrán y García Luna
Jorge Fernández Menéndez
El miércoles pasado, en la corte de Nueva York donde se llevó el caso de Joaquín el Chapo Guzmán y ahora el de Genaro García Luna, inició el proceso contra Iván Reyes Arzate, un ex comandante, durante muchos años, de la Policía Federal que fue el responsable, entre 2008 y 2016 de la relación de esa dependencia con la DEA estadounidense. En 2017, Reyes Arzate se entregó en la Unión Americana ante una corte de Chicago y aceptó haber entregado años información al cártel de los Beltrán Leyva, incluyendo la identidad de un agente encubierto que fue asesinado por el propio cártel.
Reyes Arzate recibió en Chicago, merced a los acuerdos que estableció con la justicia estadounidense, una condena de tres años que terminaría de cumplir a fines de enero pasado. Pero poco antes de quedar en libertad, fue reclamado por la fiscalía de Nueva York, acusado de narcotráfico, para involucrarlo en el caso de García Luna que lleva esa misma fiscalía.
El miércoles, el expediente de Reyes Arzate fue presentado ante el juez Brian Cogan y el propio fiscal argumentó que su proceso estaba ligado con el del Chapo Guzmán y el de García Luna. Se indicó que existen horas de grabaciones de audio de Reyes Arzate con líderes de los Beltrán Leyva, que demostrarían su responsabilidad en los hechos por los que es procesado.
De la culpabilidad de Reyes Arzate no quedan demasiadas dudas: él mismo reconoció haber dado información al cártel de los Beltrán Leyva. Lo que llama la atención es que haya llegado a un acuerdo para tener una condena reducida en el tribunal de Chicago y luego, prácticamente por los mismos delitos, sea procesado en Nueva York. En el juicio contra el Chapo, Arzate no participó, sobre todo porque sus relaciones eran con uno de los principales enemigos del cártel de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva.
Este grupo fue parte del cártel que encabezaban el Mayo Zambada, el Azul Esparragoza y el Chapo Guzmán y llegaron a convertirse en los responsables de la seguridad de toda la organización, sobre todo en Sinaloa. Entre 2004 y 2006 los Beltrán comenzaron a distanciarse porque querían un lugar en la mesa con los tres jefes y mayores márgenes de autonomía. Pero lo que detonó la ruptura fue la detención de uno de los Beltrán Leyva, Alfredo, el Mochomo, que sus hermanos atribuyeron a una delación del propio cártel de Sinaloa. En ese hecho podría encontrarse el momento del inicio de la verdadera guerra entre los cárteles del narcotráfico.
Los Beltrán Leyva se aliaron con el cártel de Juárez, de Vicente Carrillo (también separados de Sinaloa luego del asesinato de Rodolfo, otro hermano de Amado Carrillo, el señor de los cielos, y su esposa cometido en Culiacán) y más tarde con los Zetas, contra el Chapo y sus socios. La lucha entre esas organizaciones criminales fue brutal y dejó, sigue dejando, miles de muertos.
Todo esto viene a cuento porque entonces resulta difícil entender cómo un agente que trabajó en la PF para los Beltrán Leyva termina siendo testigo en un proceso que involucra al Chapo y, vía la acusación que hizo en el juicio del Chapo, Jesús El Rey Zambada (hermano de El Mayo), a García Luna, acusado a su vez de proteger al cártel del Chapo. Con varios otros capítulos oscuros: Reyes Arzate que, insistimos, reconoció haber dado información a los Beltrán Leyva, estuvo hasta 2016 trabajando en relación con la DEA. Eso quiere decir dos cosas: primero, que siguió en su responsabilidad en la PF por otros cuatro años luego de que dejara su cargo García Luna, pero tuvo que haber estado certificado por la agencia estadounidense para recibir de ella información todos esos años.
Tampoco se explicaría cómo en medio de esa guerra entre cárteles, un funcionario como Reyes Arzate, o incluso como García Luna, pudiera recibir dinero de cárteles enfrentados sin sufrir represalias de esos mismos grupos. Por cierto, en su comparecencia en Chicago, Reyes Arzate, al declararse culpable de los cargos que se le atribuían, no acusó a García Luna ni dijo que fue obligado a dar esa información a dicho grupo criminal.
Todo en esta historia es muy raro. Son demasiadas versiones contradictorias e hilvanadas entre sí por demasiados dichos y pocas pruebas, al mismo tiempo que se desarrollan negociaciones de las que obviamente no tenemos noticias.
Por cierto, esta semana mil cien ex funcionarios del departamento de justicia y de distintas fiscalías estadounidenses han pedido la renuncia del fiscal general William Barr, por la evidente intromisión del presidente Trump en las investigaciones y decisiones judiciales que lleva su departamento. Hablaban, claro, del caso del asesor de Trump, Roger Stone, pero algo muy extraño está pasando, en este y muchos otros temas, en la justicia estadounidense.
