Letras Desnudas
Mario Caballero
Un Florero Demasiado Caro
En la definición escandinava el ombudsperson es un oficial independiente del ejecutivo y del judicial, generalmente creado por el legislativo, designado para recibir e investigar quejas de los ciudadanos contra abusos cometidos por funcionarios y dependencias gubernamentales y para sugerir soluciones para cualquier desviación o actos de mala administración. Su gran función es hacer recomendaciones y en algunos casos tiene el poder para tomar decisiones que tengan efectos obligatorios.
Por tanto, ¿qué puede esperarse cuando éste no cumple con su función?
La figura surgió en Suecia en 1809, y ha sido adoptado por muchos países y en varios estados y dependencias federales. En Suecia, por ejemplo, este oficial es independiente y tiene plenos poderes para investigar los detalles de un acto administrativo o ejecutivo, y ciertas actividades judiciales son reportadas a él por individuos cuando se trata de abusos a sus derechos. En otras palabras, tiene autoridad efectiva para perseguir y llevar ante la justicia a servidores civiles y otros funcionarios oficiales, incluyendo, en ocasiones, a los propios ministros.
En el estado de Texas, por ejemplo, el Departamento del Trabajo y la Comisión de Oportunidades Equitativas cuentan con un ombudsperson que investiga violaciones a las prácticas de contratación y empleo, y por ley las empresas del sector privado deben poner anuncios en lugares visibles de las oficinas el nombre y el teléfono del defensor para que los empleados le reporten prácticas discriminatorias de los patrones, sobre todo aquellas relacionadas con raza, credo, sexo o color de piel.
Así, pues, se ha generalizado que un ombudsperson debe reunir cuatro características para que sea considerado como tal: independencia, rectitud, eficacia y responsabilidad para rendir cuentas al pueblo. Porque debe ser capaz de detectar y reportar actos de mala administración, que son las medidas deficientes e infructuosas como irregularidades administrativas, abusos de autoridad, negligencias, ilícitos, agravios, casos de incompetencia, discriminaciones, injusticias, entre otros.
Insisto: ¿qué puede esperarse cuando el ombudsperson falla en su función? Simple, se corre el riesgo de que la impunidad se institucionalice y que los abusos de poder se vuelvan imparables.
En Chiapas no hay ombudsperson. No hay quien defienda los derechos humanos. Cualquiera, funcionario o no, puede discriminar, acosar laboral o sexualmente, violar en algunos de los casos, explotar a mujeres por igual, negarle a alguien el acceso a una universidad sólo por su color de piel o por su raza, desalojar de su propiedad a decenas de familias a punta de amenazas de muerte, maltratar a inmigrantes, exponer a trabajadores a contraer enfermedades mortales o a cometer violencia de género, entre otros, y sin recibir castigo alguno.
Porque Juan José Zepeda Bermúdez no es más que un florero en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y, dicho sea de paso, un florero que nos cuesta a los chiapanecos más de cien mil pesos mensuales, que es el sueldo que recibe por ser adorno de una elegante oficina.
ARTÍCULO DE ORNATO
Hace más o menos un par de años, la CEDH se había convertido en la institución más atenta a las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios estatales. Hubo casos en que hasta el titular de la pasada administración gubernamental fue instado a pedir disculpa pública ante la presencia de autoridades federales e internacionales por diversas aberraciones infringidas en contra de personas de origen indígena. Como la ofrecida en enero de 2016 por el fallecimiento de un menor de edad y por las lesiones a dos indígenas tzotziles. O por el asesinato de dos hondureñas que demandaron procuración de justicia y que nunca se les otorgó.
Pero poco puede esperarse del actual presidente de la CEDH en Chiapas que ni siquiera se ocupó de revisar la legalidad de su propia elección. No le importó que en su amañada designación se violaran los derechos de otros candidatos a presidir la institución.
El título de esta columna es el más correcto, sobre todo realista de lo que hoy vivimos los chiapanecos sin exagerar ni mucho menos dramatizar.
Zepeda Bermúdez es un artículo de ornato. Su función está sólo en el papel. Porque desde que asumió el encargo se ha dedicado a aplaudir cada logro del gobierno del estado, que ni siquiera necesita de zalameros, pues está cumpliendo con su responsabilidad. Pero esa es la trascendencia del actual ombudsperson.
Zepeda asumió la titularidad de la CEDH en marzo de 2018, y ese año ejerció 49 millones 490 mil 673 pesos, cifra que colocó a la institución en el noveno lugar con mayor presupuesto. No obstante, en ese periodo se registraron 5 mil 240 presuntos hechos violatorios de derechos humanos de los que el organismo defensor hizo caso omiso en la mayoría de los casos.
El hecho más frecuente fue violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, que representó el 9.7% del total registrado a nivel nacional, mas no hubo consecuencias para nadie. ¿De qué sirvieron entonces los recursos de la CEDH si no se encauzaron acciones para la protección de los derechos, si no se llevaron a cabo actividades en la observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos?
El año pasado, el estado se caracterizó por asesinatos de defensores del medio ambiente, abandono y desplazamiento de familias desalojadas, omisión en la revisión de casos de indígenas presos y torturados, amenazas de muerte contra activistas sociales, por el incremento en la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, violaciones contra mujeres migrantes et al. Sin embargo, JJ Zepeda se dedicó a lanzar loas al dios gobierno, ignorando su responsabilidad.
Desde su arribo a la Comisión ha sido señalado de realizar despidos injustificados del personal, para luego ocupar las vacantes con sus recomendados.
Hoy, en medio de la pandemia del coronavirus, tiene a los visitadores laborando como si aquí no estuviera pasando nada, con personal de guardia en las distintas delegaciones en el estado, mismos que cuentan que están trabajando sin que el organismo les haya proveído de material y equipo de protección. Es decir, por órdenes del “defensor del pueblo” están expuestos a contraer el virus que hasta la fecha ha matado a casi 180 mil personas en todo el mundo.
Sin más, quien debería estar vigilando por que se protejan los derechos de la sociedad es el primero en hostigar, en arrinconar a sus propios empleados. Trata a los trabajadores de la CEDH del mismo modo con que trata a los empleados de sus empresas, como los de Bisquet´s de Obregón o IHOP. Zepeda Bermúdez es el esclavista de la era moderna.
UNIDAD SOCIAL
Por todo esto, hoy más que nunca necesitamos organizarnos, pasar de la indiferencia a la actividad seria y consciente de unirnos para exigir al Congreso del Estado que ponga cartas en el asunto, exigir cuentas a un ombudsperson que ha sido autoritario, indiferente a su responsabilidad, corrupto, que desprecia los derechos humanos de los chiapanecos.
Es tiempo de ponerle un fin a Juan José Zepeda: un florero que cada mes cobra alrededor de 132 mil pesos y que en 2018 se autorizó un aguinaldo de 179 mil 727 pesos con 71 centavos.
¿No cree usted? ¡Chao!
yomariocaballero@gmail.com
