Carlos Matute González
¿Una nueva Constitución?
El pasado 5 de febrero el Presidente, en el discurso de conmemoración del 103º aniversario de la promulgación de la Constitución, hizo un recuento de las reformas a la misma en el último año (34 en total) y destacó la creación de la Guardia Nacional, la revocación de mandato y la consulta popular, las cuales unidas con la propuesta de incluir en ella los derechos sociales hacen “una Constitución nueva dentro de la Constitución de 1917” (Proceso, 05-02-20).
“Va a ser muy trascendente que en el Congreso se apruebe que los programas de bienestar, en especial el derecho del pueblo a la salud, el derecho a la pensión de adultos mayores, la pensión para niñas, niños con discapacidad, el derecho de los estudiantes de familias de escasos recursos, una beca, el poder estudiar, que estos derechos se eleven a rango constitucional, ésa es la reforma pendiente”
Desde el 20 de noviembre de 2019 se presentó una iniciativa de modificación constitucional al artículo 4 que establece esos derechos y esta semana se convocó a la comisión de salud para que el próximo 25 de febrero se apruebe el dictamen correspondiente que establece lo señalado por el Presidente, más la disposición de que las pensiones, los apoyos y becas “serán garantizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en ningún caso podrán ser menores a las establecidas en el año anterior.” Esto último quedó en los artículos transitorios del proyecto de decreto.
No hay que ser adivino para anticipar que se aprobará por unanimidad o con poquísima oposición y algunas abstenciones. Nadie en su sano juicio puede oponerse a que todos los mexicanos tengan la protección social mínima garantizada en la Constitución en contra de las adversidades de la vida. Los adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y niños siempre deben contar con lo suficiente para satisfacer las necesidades económicas esenciales.
El dictamen financiero favorable considera que el 2% del presupuesto será suficiente para otorgar atención a la salud y medicina gratuita a la población no asegurada y en un año se agotará todo lo ahorrado en el Seguro Popular durante 15 años. El resto de las prestaciones se pagará con el 4% del presupuesto.
La iniciativa considera que con el 1.3% del PIB se cubrirá la protección social de los mexicanos no asegurados y aquellos que viven en situación de pobreza extrema. Estos datos no cuadran con lo que, en el mundo desarrollado, en los países del OCDE, en los que se encuentran Noruega y Suecia, que son los países cuyo bienestar social alcanzaremos, según las promesas gubernamentales, al final de este sexenio.
Es deseable que el derecho humano a la protección social y un sistema nacional de salud para las personas no aseguradas queden establecidos en la Constitución, pero esto no significa que tengamos una nueva Constitución, ni sumando las recientes 34 reformas del último año.
La Constitución de 1917 es profundamente distinta a la actual por las profundas modificaciones que se realizaron en los doce últimos años en materia de derechos humanos y juicio de amparo, reforma del Estado, la reforma económica estructural, la creación de los órganos constitucionales autónomos, el régimen de combate a la corrupción y responsabilidades administrativas, así como la federalización de las facultades estatales.
La 4T sigue en la misma línea que los gobiernos antecesores, pero con una narrativa distinta. La incorporación frecuente de nuevos derechos humanos de contenido social sin el financiamiento suficiente o dudoso ha sido una práctica reiterada. Ésa fue una de las razones que generaron el “hartazgo” del 2018 que abrió el camino al nuevo gobierno para ganar las elecciones.
No basta el reconocimiento de nuevos derechos constitucionales. Hay que conseguir recursos e implantar políticas públicas para que lo deseable sea una realidad tangible. Lo paradójico, según el dictamen de la reforma constitucional referida, es que los últimos años del neoliberalismo hubo una reducción absoluta en el número de personas en pobreza y pobreza extrema conforme a las cifras reportadas por el CONEVAL.
Los mexicanos, más que nuevas constituciones, reformas constitucionales o cambios legislativos, aderezadas de discursos elocuentes, requerimos atención real a nuestras demandas de mejores y más amplios servicios públicos. Se agradecen las buenas intenciones y que los legisladores se pongan de acuerdo en lo obvio, pero es mejor que se destinen más recursos a la salud y a la protección social. Esto último requiere de una reforma fiscal que aumente el IVA u otros impuestos generales.
Mi bolita mágica muestra que este tipo de reformas son necesarias para hacer efectivas las buenas intenciones, pero seguramente no serían aprobadas por su impopularidad. Que contrasta con la popularidad de reconocer la protección social como derecho humano.
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