M de R/Diario de Chiapas
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, pretende ahora mostrarse como una víctima luego de la denuncia que presentó en su contra la regidora, Adriana Guillén Hernández, a quien tacha de “resentida”; no obstante que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) determinó, luego de analizar el procedimiento especial sancionador en su contra, que sí actuó con violencia política en razón de género contra la denunciante.
solo busca evadir su responsabilidad de presentar una disculpa pública, también pretende evitar que su nombre quede inscrito en un registro nacional como violentador político, donde debería aparecer durante un periodo de tres meses, según lo que determinó el IEPC.
En un escrito que dirige al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), y que mostró la denunciante en sus redes sociales, Carlos Morales argumenta: “…la regidora Adriana Guillén Hernández no pertenece al partido político de la planilla que resultó ganadora para dirigir los destinos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; luego entonces, éste resentimiento por parte de la citada regidora, como integrante de uno de los partidos políticos perdedores, ha trascendido más allá del período del proceso electoral, y ahora, está afectando mis derechos político electorales de ciudadano…”.
En respuesta, la funcionaria municipal opinó que este escrito solo muestra al munícipe en la mayor de sus arrogancias conocidas; “los hombres que hacen política sucia y machista, creen que las mujeres por expresar lo que pensamos ‘los atacamos’”, escribió en su cuenta de Facebook, donde fue objeto de ataques dirigidos desde cuentas recién creadas.
Además, consideró que al dirigirse en estos términos al Tribunal Electoral local “vuelve a violentarme”, buscando que se revoque la decisión del IEPC.
Según la defensa legal del presidente municipal “la queja ante la autoridad responsable, no tiene sustento en razones de género, sino en discrepancias de opinión relacionadas con la manera en que se debe conducir el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez”.
No obstante, al querer reducir la denuncia en su contra a un simple “resentimiento político”, Morales Vázquez pasa por alto que reiteradamente ha incurrido en acciones para evitar que la funcionaria tenga participación en los temas álgidos de la administración municipal, buscando así que no haya voces contrarias a sus decisiones. Con ello se configura uno de los supuestos contemplados en la ley para tipificar la violencia política en razón de género, es decir, dirigido a una mujer; por ejemplo: al “limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, funciones o cargos públicos del mismo tipo”. Los elementos de género, que se tomaban en cuenta anteriormente, son ahora elementos fundamentales a la hora de reconocer acciones u omisiones “cuando se dirigen a una mujer por su condición de mujer, le afectan desproporcionadamente o tienen un impacto diferenciado en ella”, como ha ocurrido en el Cabildo, donde se evitó que la regidora estuviera presente.
