Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal de Las Casas

Organizaciones civiles solicitaron al gobierno federal garantías de seguridad para los presos en los centros penitenciarios de Chiapas luego de la muerte de dos internos por arma de fuego en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Número 5 (Cerss 5), suscitado el pasado 5 de abril de este año.

El Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH), externó que ha solicitado a las comisiones Estatal de Derechos Humanos y Nacional Derechos Humanos estar pendientes de la investigación de esos hechos para que los responsables materiales e intelectuales sean castigados y no se quede en la impunidad como tantos otros casos.

Los demandantes responsabilizaron al gobierno por la integridad física de los presos políticos e internos del Cerss 5, después de los hechos violentos donde murieron dos tzotziles.

Las organizaciones externaron la preocupación de los presos comunes de que se vuelva a repetir una situación de ese tipo, donde sin lugar a dudas las autoridades carcelarias tienen que ver con la problemática al permitir la entrada y el uso de armas de fuego y otros tipos de armamento de uso exclusivo de la policía y el ejército al interior del penal.

Cabe destacar que, en diversas ocasiones desde ese penal, reclusos y sus familiares han denunciado los tratos crueles e inhumanos por parte de algunos presos con privilegios y protección de la autoridad, también se ha denunciado extorsión de esos mismos sujetos hacia los presos y sus familiares, todo bajo el amparo de la autoridad.

“Ley del más fuerte” en Cerss 5 de San Cristóbal