• Asociación Nacional de Regidores de México la respalda y exigió también que se investiguen los posibles hechos constitutivos de este delito, que lo llevaría a perder también la presunción del modo honesto de vivir
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Su último atropello podría costarle a Carlos Orsoe Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, más que acrecentar su mala fama pública, quedar inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, del Instituto Nacional Electoral (INE), y con ello quedar imposibilitado para postularse o reelegirse en un cargo público.
En los próximos días, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), deberá pronunciarse respecto al Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política en Razón de Género, que presentó la regidora Adriana Guillén Hernández, quien señaló los constantes ataques en su contra por haber evidenciado actos de corrupción en el Ayuntamiento.
El último de estos incidentes ocurrió durante una sesión de Cabildo, donde la injurió de diversas maneras; sin embargo, como señaló la funcionaria “si tiene alguna prueba en mi contra debe acudir a las autoridades, no utilizar estas sesiones para atacarme como lo hizo”.
Hechos que están integrados en el expediente que la regidora presentó ante el órgano electoral local, donde detalló las conductas misóginas del munícipe, quien anteriormente incluso ha protegido a personal señalado por acoso sexual y laboral, descalificando las denuncias.
De quedar inscrito en el registro, no podrá participar en elecciones a cargos públicos, como lo señala la ley en la materia.
Este listado tiene por objetivos inhibir este tipo de violencia, concretar la reforma sobre violencia política en razón de género y servir como una base para que las personas que incurren en este delito no tengan acceso a cargos públicos.
Si Carlos Morales es hallado culpable, sería el tercer hombre en ser sancionado. Hasta ahora, dos servidores públicos, uno de Querétaro y otro de Campeche, que cometieron violencia de pares y jerárquica, respectivamente, han sido sancionados. El primero permanecerá en el registro hasta noviembre de 2021 y el segundo hasta marzo del mismo año.
La regidora Adriana Guillén comentó que esta violencia se ejerce de modos distintos en la administración pública y, en su caso, ha sido resultado de haber pedido que se aclaren adjudicaciones directas, contratos que afectan a la ciudad, y una constante omisión en el seguimiento de las denuncias presentadas por acosos sexual y laboral en el Ayuntamiento de la capital.
Y las cosas se le podrían complicar más a Carlos Morales; este jueves, la Asociación Nacional de Regidores de México, manifestó su apoyo a Adriana Guillén Hernández, exigiendo también que se investiguen los posibles hechos constitutivos de este delito, que lo llevaría a perder también la presunción del modo honesto de vivir.
Para Carlos Morales el futuro pinta “negro”. Meses de abusos y el ejercicio discrecional del cargo, podrían recibir finalmente un castigo ejemplar. Queda en el IEPC hacer valer la ley y evitar que estos ejemplos se repitan en Chiapas.
