Pepe Rey/ San Cristóbal
Desplazados del ejido Puebla, Chenalhó realizaron una manifestación sobre el kilómetro 46 de la carretera de cuota a Tuxtla Gutiérrez, para demandar su pronto retorno, ya que fueron expulsados desde mayo de 2016 y hasta la fecha ninguna autoridad les da una solución. Al respecto, Aracely Cruz López responsabiliza de esta situación a la ex presidenta municipal Rosa Pérez Pérez y al actual Abraham Cruz Gómez. Y es que este jueves falleció una mujer desplazada, Marcela Hernández López, y con ella son tres los que han perdido la vida en los cuatro años que llevan de desplazados.
Los desplazados son 53 familias con un total de 254 personas, que a pesar de haber sostenido diálogo en reiteradas ocasiones con el secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, no se han construido mecanismos para que se garantice la seguridad, la protección, la integridad, el respeto a su vida, la recuperación de sus propiedades, casas y terrenos.
“Tampoco se ha logrado establecer un programa integral para una posible reubicación en condiciones dignas, pero el grupo armado agresor prevalece en la comunidad gozando de impunidad y sosteniendo amenazas en contra de los desplazados”, apuntó.
Por lo anterior, solicitaron una fecha de retorno en condiciones dignas y seguras “a nuestra comunidad de origen, ejecución de órdenes de aprehensión contra nuestros agresores, avance en las carpetas de investigación, pago de gastos funerarios por el deceso de la señora Marcela Hernández, entierro en el panteón municipal de San Pedro Chenalhó”.
“Merecemos ser tratados con dignidad, pero solo nos invade el dolor, la impotencia, la rabia y la desesperación por la falta de acceso a la justicia, vivimos hacinados en un campamento en San Cristóbal de Las Casas, mientras que niñas, niños, adolescentes y jóvenes no pueden acudir a las escuelas”, concluyó.
Protestan en CEDH
Desplazados de los ejidos Tenango y Cintalapa de Ocosingo, así como del paraje Shulvó de Zinacantán, sostuvieron una protesta en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para exigir su pronto retorno y se cumplan los compromisos pactados con las autoridades.
En un escrito, citan que el pasado 20 de marzo, a través de una minuta firmada por Gonzalo de Jesús López Nandayapa, director Jurídico de la CEDH y José Luis Armendáriz González, director de Estudios y Proyectos de la CEDH, quedó establecido que el 31 de marzo se emitiría una Recomendación en favor de las personas en situación de desplazamiento del ejido Tenango, en Ocosingo.
“En el mismo documento, se establece el final del mes de abril como la fecha límite para la emisión de una Recomendación en favor de las personas desplazadas del ejido Cintalapa, en Ocosingo, Chiapas”, dicta el escrito.
Por lo anterior, denunciaron públicamente la negligencia y discriminación en la que incurre nuevamente Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
Aclaran estar conscientes que en el marco de la pandemia mundial por Covid-19 era imposible cumplir con los encuentros previstos por la seguridad y la salud de todos los participantes, por tanto se re agendaron los compromisos.
“Sin embargo, cuando se flexibilizaron las medidas y la CEDH retomó sus actividades en sus instalaciones, nos hicimos presentes para ser notificados personalmente de la emisión de las dos recomendaciones para las personas desplazadas de los ejidos Tenango y Cintalapa de Ocosingo, Chiapas, como era lo acordado. Pero sólo hemos encontrado dilaciones, evasivas y puertas cerradas”.
Por lo anterior, exigen públicamente a Juan José Zepeda Bermúdez, cumpla con lo pactado, ya que anunciaron están dispuestos a quedarse el tiempo que resulte necesario hasta ser atendidos como corresponde, a pesar de ser intimidados con las supuestas fumigaciones y con amenazas de que serán encerrados dentro del edificio hasta el próximo lunes.
