Janet Hernández Cruz / San Cristóbal
Transportistas legalmente concesionados de la región Altos, presentaron una propuesta a las autoridades para solucionar la problemática del transporte que se está dando en San Cristóbal de Las Casas.
El grupo conformado por más de 30 organizaciones propuso dar solución desde el origen del problema, sus causas y efectos, ya que solo de esta manera aseguraron se dará solución a esta problemática que existe con el transporte irregular.
En conferencia de prensa, Ricardo Lazos, aseguró que como transportistas legalmente concesionados y con el conocimiento que han adquirido a través de los años, proponen cuatro puntos para el otorgamiento de concesiones.
Como primer punto piden la retirada voluntaria de las unidades ilegales y que esto se pueda realizar sin ningún operativo, ya que la Secretaría de Movilidad y Transporte conoce y tiene contactos con los líderes que promueven y protegen las unidades ilegales.
“Que voluntariamente retiren todas las unidades ilegales y que en caso de que se negaran hacerlo, se solicité a la Fiscalía General del Estado se efectúen las carpetas de investigación que ya existen de cada uno de ellos y realizar un fuerte operativo para que no exista ninguna unidad ilegal”, puntualizó.
El segundo punto se refiere al reordenamiento de las rutas urbanas ya establecidas y que están legalmente concesionadas. Tercero, que se realice un estudio técnico de factibilidad por alguna institución, como puede ser la Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Tuxtla o el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Cuatro, que el otorgamiento de concesiones sea con apego al resultado del estudio técnico de factibilidad y de lo enmarcado en la Ley de Transportes del Estado de Chiapas y su reglamento.
El grupo de organizaciones transportistas denunció que el origen del problema se dio a principio del año 2017, con el entonces titular de la Secretaría del Transporte, quien permitió a organizaciones como la CIOAC, UNTA, Mocri y Antorcha Campesina, pusieran a trabajar de manera ilegal unidades del servicio público.
