Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal
Autoridades comunitarias, ejidales y pobladores de 15 municipios del estado de Chiapas, entregaron este lunes a representantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Calakmul, Campeche, 12 mil 124 firmas en solidaridad y respaldo al juicio de amparo, mediante el cual una jueza les otorgó la suspensión definitiva de la construcción del Tren Maya en una zona de esa entidad.
Virginia Díaz Rojas, coordinadora de derechos humanos de la Diócesis de San Cristóbal, dijo que las firmas fueron recolectadas en diez días, por lo que continuará la campaña de respaldo a la suspensión de construcción del Tren Maya.
“Este es el comienzo de la iniciativa que tuvimos en la coordinación diocesana de derechos humanos, ya que nosotros hemos tomado conciencia de las afectaciones que traerá este proyecto y otros que vienen a destruir nuestra madre tierra y culturas”, dijo en conferencia ofrecida en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Cabe señalar que junto con las rúbricas también entregaron un documento dirigido a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y a la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en el que manifestaron: “Respaldamos en todas sus partes el juicio de amparo interpuesto por nuestros hermanos indígenas tzotziles, tzetales, cho’oles y mayas peninsulares, con número de expediente 12/2020 radicado en el Juzgado Primero de Distrito en la Ciudad de Campeche”.
Las firmas fueron entregadas a Ernesto Martínez Jiménez, defensor comunitario de Xpujil e integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Calakmul, quien dijo “estamos felices y sorprendidos por este apoyo, ya que Chiapas es el primer estado que se solidariza con nuestra lucha para evitar la imposición del Tren Maya”.
Por su parte, Elisa Cruz Rueda, asesora del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Calakmul, explicó que el pasado 6 de enero presentaron la demanda de amparo y el 14 de febrero les otorgaron la suspensión provisional, confirmada el 3 de marzo con una suspensión definitiva.
“Cuando nos otorgaron la suspensión definitiva la jueza dijo que no se le cancela el proyecto, sino que sólo sería en la parte del territorio en el que viven los 19 solicitantes del amparo, por lo que dijimos que no estamos conformes pues es sólo una pequeña parte y no todo el proyecto como se solicitó”, sostuvo.
Indicó que actualmente elaboran el recurso de revisión en contra de esa suspensión, pero antes interpusieron un recurso de queja porque desecharon pruebas fundamentales para probar que se trata de un proyecto integral y que con cancelar una pequeña parte no se garantizan los derechos de los solicitantes, sino que es necesario suspender todo el proyecto.
“Presentamos ese recurso de queja y la audiencia constitucional programada para finales este mes se suspendió indefinidamente porque nuestro recurso pasará al Tribunal Colegiado y cuando éste resuelva sobre las pruebas se programará la audiencia constitucional”, aseguró.
