La extracción de agua mediante pozos y norias se intensifica en Tuxtla Gutiérrez durante la temporada de calor: esto se refleja en la disminución del recurso hidríco.
Ainer González, Cinthia Ruiz, Karla García
Diseño: Luis Méndez / Diario de Chiapas
Durante la temporada de calor, la extracción de agua mediante pozos y norias se intensifica para atender la alta demanda en Tuxtla Gutiérrez, lo que ya comienza a reflejarse en la disminución del recurso. El abastecimiento proviene principalmente de norias y, en algunos casos, de manantiales, donde el agua es bombeada para su distribución en pipas hacia colonias con servicio limitado.
En este contexto, el aumento de la demanda y la operación de puntos sin regulación generan presión en el abastecimiento y elevan el costo del servicio de pipas. Asimismo, habitantes refieren que durante esta temporada de calor el servicio presenta un incremento en su costo, situación relacionada con la escasez del agua y la alta demanda.
Invasora extracción del agua en Chiapas
En esta época del año se concentra el mayor movimiento de abastecimiento, lo que genera una presión constante sobre los puntos de extracción y provoca episodios de escasez temporal. A ello se suma que la actividad se ha extendido a distintos puntos de la ciudad, algunos operando sin regulación, lo que incrementa la carga sobre los sistemas disponibles.
Uno de los focos de mayor actividad es la zona conocida como El Arenal, ubicada detrás del Club Campestre, donde se observa un flujo constante de unidades cargando agua. Durante esta temporada, el acarreo es continuo y ya se percibe una disminución en los niveles de los pozos, así lo mencionó el ciudadano Juan Amín.
En este escenario, se establece que para la extracción y comercialización del agua se requieren concesiones, las cuales determinan volúmenes permitidos que no deben ser rebasados. En Tuxtla Gutiérrez existen 181 concesiones de aguas subterráneas destinadas al uso de servicios, incluyendo la distribución en pipas o garrafones.
Sin embargo, el problema surge cuando la extracción se realiza sin permisos o excediendo los límites autorizados, lo que puede afectar la disponibilidad del recurso. De tal forma, que la extracción intensiva y la falta de control en algunos puntos impacta a mediano plazo en el abastecimiento, especialmente si persisten las altas temperaturas y no se registran lluvias suficientes que permitan la recuperación de los niveles de agua.
¿Aprovechando o extrayendo el vital líquido?
En relación con este escenario, el volumen de agua concesionado en el estado dimensiona el alcance del uso del recurso. Al menos 62 mil 354 millones 182 mil 721 metros cúbicos es el volumen de agua que se extrae y aprovecha de Chiapas cada año, revela el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Tras la polémica generada en el país por las concesiones para el uso del agua, que ya no podrán ser transmitidas entre particulares, este medio de información investigó dentro del registro histórico que, de 1994 a 2024, la Conagua ha otorgado miles de permisos.
Esta investigación documentó que, en 31 años, la Dirección de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Frontera Sur, el propio Organismo de Cuenca Frontera Sur y otras áreas de la Conagua han concedido 36 mil 076 títulos y permisos de aguas nacionales y bienes públicos inherentes a diversas instituciones públicas y privadas, para el aprovechamiento del vital líquido en actividades domésticas, agrícolas, pecuarias, industriales, de servicios, para la generación de energía eléctrica y otros usos.
El mayor volumen concesionado se concentra en hidroeléctricas de la CFE, cuyos registros superan de forma individual los miles de millones de metros cúbicos anuales, muy por encima del agua destinada al consumo humano en municipios del estado.
Entre los que más destacan se encuentra CFE Generación IV, con una extracción de 20 millones 200 mil 140 metros cúbicos de agua al año.
En esta misma línea, sobresale CFE Generación I, en un registro distinto, con una extracción anual de 13 mil 376 millones 60 mil metros cúbicos de agua, seguida de la Comisión Federal de Electricidad (Chicoasén II), cuyo aprovechamiento asciende a 10 mil 942 millones 20 mil metros cúbicos por año.
A estas concesiones se suma la Generadora Hidroeléctrica de Chiapas, S.A. de C.V., con un uso de 259 millones 70 mil 400 metros cúbicos de agua al año, así como C.F.E. Generación VI, que tiene autorizada una extracción de 226 millones 471 mil metros cúbicos anuales, ambas destinadas a la generación de energía eléctrica.
Además del sector energético, asociaciones de riego y empresas agroindustriales figuran entre los principales beneficiarios, con concesiones que alcanzan decenas de millones de metros cúbicos al año para uso agrícola y pecuario.
En el ámbito agrícola destacan los Usuarios del Distrito de Riego del Suchiate, A.C., con un volumen concesionado de 141 millones 55 mil metros cúbicos por año, además de autorizaciones a favor de la Comisión Federal de Electricidad, con 76 millones 543 mil 680 metros cúbicos, y del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con 69 millones 379 mil 200 metros cúbicos anuales.
También figuran empresas del sector energético, como la Hidroeléctrica Río Margaritas, S.A.P.I. de C.V., con una extracción de 47 millones 810 mil 170 metros cúbicos, así como otro Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con 31 millones 536 mil metros cúbicos por año, destinados principalmente al abastecimiento doméstico.
En el rubro industrial y petrolero aparece Pemex Gas y Petroquímica Básica, a través de complejos petroleros, con un volumen anual de 29 millones 437 mil 440 metros cúbicos, así como la Hidroeléctrica Río Opac, S.A. de C.V., que registra una extracción de 24 millones 376 mil 320 metros cúbicos de agua.
Por su parte, diversas unidades de riego concentran volúmenes relevantes, entre ellas la Unidad de Riego Río Huehuetán, A.C., con 21 millones 516 mil 480 metros cúbicos; la Unidad de Riego Hidalgo, A.C., con 20 millones 258 mil 640, y la Unidad de Riego Viva México, A.C., con 18 millones 409 mil 680 metros cúbicos al año. A estas se suman El Zapote, Sección Uno Suchiate, Ignacio Zaragoza y La Libertad, todas con concesiones superiores a los 13 millones de metros cúbicos anuales.
A la lista de concesionarios privados se suma Embotelladora Mexicana de Bebidas Refrescantes, S. de R.L. de C.V., que cuenta con una autorización para extraer 800 mil metros cúbicos de agua al año, destinados a sus procesos de producción y embotellado.
También aparece Industrias Oleopalma, S.A. de C.V., con un volumen concesionado de 552 mil metros cúbicos anuales, utilizado principalmente en actividades agroindustriales vinculadas al procesamiento de palma.
En el ámbito de concesiones a particulares figura la concesión a Luis Fernando Cruz Uc, quien tiene autorizado un aprovechamiento de 588 mil metros cúbicos de agua por año, correspondiente a un título otorgado a una persona física dentro del padrón de usuarios del agua en Chiapas.
De igual forma, destaca Grupo Agroforestal Uumbal, S.A.P.I. de C.V., con una extracción anual de 5 millones 189 mil 760 metros cúbicos de agua, destinada a actividades agroforestales.
Finalmente, se encuentra el Corporativo Porcícola Con Marca, S.A. de C.V., que cuenta con una concesión para extraer 2 millones 328 mil 700 metros cúbicos de agua al año, utilizados en sus procesos de producción pecuaria.
Control estatal y sistemas comunitarios
La nueva Ley General de Aguas (LGA) en México, que sustituye el modelo anterior de la Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de diciembre de 2025. El decreto entró en vigor al día siguiente, el 12 de diciembre de 2025.
La ley establece que el Estado, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tendrá control total sobre la gestión del recurso. Esto implica que será la única autoridad facultada para otorgar, supervisar, modificar, revocar o reasignar concesiones de agua.
Además, se prohíbe la compraventa o transferencia privada de concesiones. Por tanto, los títulos que no se utilicen o que incumplan su propósito regresarán al Estado, que decidirá su reasignación o cancelación.
Para ello, se establece en la ley la creación del Registro Nacional del Agua, cuyo objetivo es concentrar información sobre concesiones, disponibilidad, volúmenes y legalidad del uso del recurso, sustituyendo al sistema anterior.
Uno de los cambios más relevantes es el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento. De acuerdo con el artículo 40, estos podrán operar en zonas donde no exista cobertura de servicios municipales o metropolitanos, gestionando el suministro y tratamiento conforme a sus propios usos y costumbres.
En el caso de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, el artículo 43 establece que estos sistemas se regirán por su propia legislación derivada del artículo 2º constitucional.
Entre los ajustes más relevantes, se establece que las concesiones ya no podrán transferirse libremente entre particulares. Las prórrogas deberán solicitarse entre tres años y seis meses antes de su vencimiento.
En caso de venta de tierras con derechos de agua, el nuevo propietario deberá tramitar nuevamente la asignación ante Conagua. El uso combinado en actividades agrícolas, pecuarias o acuícolas no se considerará cambio de uso.
El dictamen eleva las penas por extracción irregular de agua, ajustando los criterios según el volumen involucrado. Menos de 50 mil litros implicará de tres a cinco meses de prisión y multa de 100 a 200 UMAs, mientras que más de 50 mil litros será sancionado con seis a ocho meses de prisión y multa de 150 a 250 UMAs.
A la par, el artículo 123 Bis 4 establece que quedan exceptuadas las personas que realizan extracción para uso personal o doméstico, así como ciertos sistemas de producción agropecuaria. Además, el artículo 123 Bis 5 incrementa las sanciones máximas, que ahora serán de dos a catorce años de prisión.
Por esta situación, organizaciones agrícolas han manifestado preocupación por la eliminación de la transferencia de concesiones y la posible pérdida de derechos históricos.
La implementación de la ley incluirá la creación de nuevos lineamientos, procesos de regularización y revisión de concesiones vigentes en un plazo de hasta 180 días tras su entrada en vigor.
