El presidente Andrés Manuel López Obrador fijó un plazo de dos meses a reguladores para que le respondan si es posible llevar a cabo su política energética nacionalista antes de contemplar una contrarreforma constitucional, dijeron a Reuters varias fuentes con conocimiento del tema.
Ese lapso fue fijado por el mandatario en la reunión que sostuvo con los reguladores e institutos públicos del sector energético mexicanos el 22 de julio en Palacio Nacional, sede del gobierno, de acuerdo a tres fuentes presentes en el encuentro, en el que participaron entre 20 y 30 funcionarios.
Las respuestas, junto con propuestas para implementar los 17 puntos de un memorándum que el propio López Obrador leyó a los funcionarios pero que no les entregó en un documento, deberán presentarlas en una nueva cita el 22 de septiembre, dijeron las fuentes.
El memorándum, que se hizo público hace una semana, fija directrices para “una nueva política” con la que López Obrador busca “recuperar” el dominio del Estado sobre las industrias petrolera y eléctrica, que asegura se perdió con la reforma energética constitucional implementada por el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
El mandatario ha dicho que quiere sanear las empresas estatales de crudo y electricidad, Pemex y CFE, altamente endeudadas, para que no pierdan terreno frente a otras firmas competidoras asegurando que la reforma energética sólo las debilitó y empeoró su desempeño.
De acuerdo a las fuentes, el presidente afirmó en la reunión que en caso de que su plan energético no pueda ser llevado a cabo sin modificar el actual marco legal energético habría que pensar en un nuevo cambio constitucional para que sea posible.
La oficina de la presidencia no respondió a una consulta de Reuters de comentarios sobre lo dicho por las fuentes.
Tras la reforma energética, se entregaron en licitación más de 100 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y se incentivó la generación de electricidad de fuentes renovables a través de empresas privadas.
Firmas como Eni, BP, Royal Dutch Shell PLC y Total tienen contratos y actualmente algunas ya exploran y producen en aguas mexicanas del Golfo.
La agrupación que aglutina a la industria privada y extranjera de hidrocarburos, la Amexhi, dice que hasta ahora se han invertido 11,000 millones de dólares tras la reforma, mientras que los datos del regulador, la CNH, contabilizan más de 5,000 millones de dólares.
Amexhi dice que en total, las inversiones aprobadas alcanzarán los 37,000 millones de dólares en los próximos años.
