¿Se acabó el nepotismo o sólo cambiaron los apellidos?
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) acaba de poner el dedo en una de las heridas más sensibles de la llamada transformación del Poder Judicial: el posible resurgimiento de las redes familiares en los espacios donde, precisamente, se prometió acabar con ellas.
De acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), citado por la propia JUFED, cinco de los nueve ministros que actualmente integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen al menos un familiar que ocupa un cargo en el gobierno o que ha recibido contratos públicos. Es decir, 56 por ciento de los integrantes del máximo tribunal presenta algún vínculo familiar de esta naturaleza.
El dato tampoco es menor en los otros dos órganos surgidos de la reforma. En el Tribunal de Disciplina Judicial, creado precisamente para investigar y sancionar conductas indebidas dentro del Poder Judicial, tres de sus cinco integrantes —el 60 por ciento— tendrían familiares vinculados al servicio público.
En la nueva Sala Superior del Tribunal Electoral, según el mismo análisis, la proporción alcanza 71 por ciento. Más allá de los porcentajes, el asunto obliga a formular una pregunta que incomoda al discurso oficial: ¿la reforma realmente terminó con el nepotismo o simplemente modificó los nombres, los cargos y los grupos que ahora tienen acceso al poder?
Porque esa fue, justamente, una de las banderas con las que se justificó la transformación judicial. La reforma fue presentada como una ruptura con un Poder Judicial al que desde el oficialismo se acusó de estar atrapado en privilegios, intereses particulares, tráfico de influencias y redes familiares. Se habló de limpiar la casa, de terminar con viejas prácticas y de abrir paso a una justicia más cercana al pueblo.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros se planteó como una vía para democratizar el Poder Judicial y, al mismo tiempo, para impedir que los mismos grupos de siempre siguieran reproduciendo sus intereses.
Pero si el nuevo modelo comienza a exhibir porcentajes tan elevados de vínculos familiares en los máximos órganos judiciales, la pregunta es inevitable: ¿dónde está el cambio de fondo? Tener un familiar trabajando en el gobierno no convierte automáticamente a una persona en corrupta, ni constituye por sí mismo una prueba de nepotismo. Sería irresponsable afirmar lo contrario. Los familiares de servidores públicos tienen, como cualquier ciudadano, derecho a participar en la administración pública si cumplen con los requisitos legales y acceden a sus cargos mediante procedimientos legítimos.
El problema aparece cuando el parentesco deja de ser una simple coincidencia y se convierte en una vía de acceso al poder, en una ventaja indebida o en una red de protección e influencia. Y precisamente eso era lo que la reforma decía combatir.
El propio diseño del Tribunal de Disciplina Judicial revela la importancia que el discurso oficial concedió al tema. El nuevo órgano fue creado con facultades para investigar y sancionar, entre otras conductas, actos de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo.
Por eso el señalamiento de la JUFED no puede despacharse con el argumento fácil de que “son sólo familiares”. La discusión es mucho más seria. Si antes se denunciaban las redes familiares como uno de los vicios del Poder Judicial, resulta legítimo preguntar por qué esas redes vuelven a aparecer en la nueva estructura.
Si el nepotismo fue uno de los argumentos utilizados para desmontar el viejo modelo, ¿por qué ahora encontramos vínculos familiares en proporciones que llaman la atención precisamente en los órganos más importantes del nuevo Poder Judicial?
Y aquí está el verdadero desafío para quienes impulsaron la reforma: demostrar que no se construyó un nuevo sistema para reproducir las mismas prácticas con diferentes protagonistas. Cambiar el sistema no significa simplemente cambiar a los funcionarios. Tampoco basta con sustituir unos apellidos por otros.
La verdadera transformación debería medirse por la calidad de los perfiles, su preparación, experiencia, trayectoria, independencia y mérito. Debería garantizar que quienes ocupen los cargos de mayor responsabilidad lleguen por sus capacidades y no por pertenecer a una familia, un grupo político o un círculo de influencia.
