Todo el apoyo a Andy, está tan limpio como el agua clara
Por supuesto que hay que apoyar a Andy. Faltaba más. Está tan limpio como el agua clara…al menos eso parece desprenderse de la narrativa oficial, pero en la realidad el problema es que, cuando se intenta sostener esa supuesta transparencia a fuerza de declaraciones políticas, lo que aparece alrededor del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador es un escenario bastante menos cristalino.
El nombre de Andy López Beltrán vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública por las revelaciones periodísticas relacionadas con Amílcar Olán Aparicio, señalado como uno de sus amigos cercanos y como operador de una red de negocios que habría obtenido contratos durante el sexenio pasado.
Aquí conviene hacer una precisión fundamental: una acusación periodística no equivale a una sentencia judicial. Nadie puede ser declarado culpable desde una columna, una conferencia de prensa o una red social. Pero tampoco puede pretenderse que las denuncias desaparezcan simplemente porque resultan incómodas para el poder.
De acuerdo con documentos difundidos en las redes sociales, Amílcar Olán promovió en marzo de este año un juicio de amparo ante un juez federal, alegando que personal de la Fiscalía General de la República lo vigilaba en su domicilio y temiendo una eventual orden de aprehensión.
El asunto terminó sobreseído el 28 de mayo, al establecerse la inexistencia de una orden de aprehensión en los términos planteados en esa demanda. Hasta ahí, jurídicamente, no hay una detención ni una sentencia que permita afirmar que Olán haya cometido un delito, pero políticamente la historia es otra.
Porque Olán no es un personaje cualquiera. Durante el sexenio de López Obrador se convirtió en un importante proveedor gubernamental y obtuvo contratos millonarios relacionados con obras y servicios públicos. Su cercanía con Andy y con Gonzalo “Bobby” López Beltrán ha sido objeto de múltiples señalamientos y reportajes.
Y cuando alrededor de una persona cercana al círculo familiar del expresidente comienzan a acumularse contratos, negocios, audios, denuncias y versiones sobre presuntas redes de influencia, lo mínimo que puede exigirse es una explicación.
No una defensa automática. No es un “no pasa nada”, y mucho menos el recurso de esconderse detrás de la ausencia de una orden de aprehensión.
Porque una cosa es que una persona no tenga una orden de captura y otra, completamente distinta, que todas las dudas que existen alrededor de sus actividades hayan quedado aclaradas. Eso parece ser precisamente lo que algunos quieren confundir.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que, hasta donde tiene conocimiento, la FGR no investiga a Andy López Beltrán por el llamado “huachicol fiscal”. También ha señalado que existen diversas líneas de investigación relacionadas con el contrabando de combustibles.
El problema es que la Fiscalía no hace su trabajo y que, si no existen elementos contra Andy, nadie tenga por qué preocuparse. Pero también sería saludable que el gobierno entendiera algo elemental: negar una investigación no equivale a disipar todas las dudas públicas.
Mucho menos cuando el propio gobierno reconoce que existen investigaciones abiertas sobre redes de contrabando de combustible y cuando algunas de las personas mencionadas en reportajes sobre esas redes tienen vínculos empresariales o personales que han sido relacionados públicamente con integrantes del entorno de la familia López Obrador.
La oposición sí ha presentado denuncias, basándose en los reportajes periodísticos, pero eso para la mandataria no existe. Si está limpio, que lo demuestre en la investigación correspondiente, pero no. Hay gato encerrado.
