Letras Desnudas
Mario Caballero
El añejo conflicto de Carranza
La ambición por la posesión de tierras ha sido históricamente la madre de todos los males en el mundo. Así empezó la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión de los alemanes sobre Polonia, que fue el detonante para que el Reino Unido y Francia le declararan la guerra a la Alemania nazi. El resultado: alrededor de 60 millones de muertos (más de la mitad de ellos civiles), el triple de heridos y 50 millones de desplazados o deportados.
En épocas actuales, los conflictos agrarios son la causa principal de enfrentamientos sangrientos que han dejado enlutadas a cientos de familias por todo Chiapas. Aparte del tema legal están otros ingredientes que exacerban los ánimos, como la cerrazón y la necedad de las organizaciones campesinas, los intereses políticos y la presencia de grupos caciquiles, que están dispuestos a todo con tal de quedarse con la propiedad de un puñado de predios.
Esto es lo que está pasando en el municipio Venustiano Carranza, donde dos grupos campesinos que dicen ser los legítimos dueños de miles de hectáreas pelean entre ellos sin importar que a lo largo de varias décadas haya un saldo de decenas de muertos y cientos de heridos. El sábado pasado, los enfrentamientos armados que duraron varias horas cobraron la vida de tres personas más, una de ellas de apenas 20 años de edad.
ORIGEN
El conflicto en Venustiano Carranza se agudizó el 25 de abril, pero tiene su origen hace más de cincuenta años.
Todo inició en 1965 tras una resolución presidencial que otorgó la tenencia de 50 mil 152 hectáreas a 746 beneficiarios, bajo el título de bienes comunales. Sin embargo, dicha resolución se ejecutó parcialmente en 1974, con el reparto a los comuneros de 41 mil 992 hectáreas. A partir de entonces, comenzaron las luchas por la entrega total de las tierras.
Nótese la fecha y la causa del problema, que al no resolverse aquel año llevó a la comunidad a enfrentamientos con los caciques de la región, el asesinato de decenas de campesinos, entre ellos los líderes, la represión de las entonces autoridades gubernamentales y la división al interior de la organización desde los años setenta, entre “coras” y comuneros de la Casa del Pueblo, que luego derivó en la conformación de las agrupaciones que conocemos hoy en día: Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de los Llanos.
No sólo eso. Otros resultados son la invasión de terrenos privados, la violencia en el interior del municipio y comunidades, la expulsión de comuneros, el saldo de heridos y muertos por arma de fuego, hasta llegar a la situación de suma violencia agraria, como las emboscadas a grupos rivales ocurridas en 2000 y 2001.
Posteriormente, el Estado mexicano le expropió a la comunidad 2 mil 454 hectáreas para la construcción de la presa La Angostura, lo cual propició nuevos enfrentamientos entre los miembros de la Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de los Llanos, ésta con sede en la comunidad Paraíso del Grijalva.
Los socios de la Alianza solicitaron a la extinta Secretaría de la Reforma Agraria la división de los bienes comunales, reclamando 20 mil hectáreas y acusando asimismo a los de la Casa del Pueblo de intentar despojarlos de sus tierras.
Aunque lo que vino a recrudecer la violencia entre esos grupos fue la reducción del total de las tierras por 8 mil 229 hectáreas, de las cuales más de 5 mil correspondían a la presa La Angostura y las restantes 3 mil 184 quedaron fuera del deslinde sin que las entonces autoridades dieran una explicación. Estos terrenos se tratan de áreas más fértiles y productivas, que extrañamente quedaron en poder de los caciques y que desde siempre se han negado a entregar.
Por otro lado, la Casa del Pueblo exigía la restitución de esas más de tres mil hectáreas, así como una compensación plena por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que sólo había pagado por 2 mil 545 de las más de 5 mil hectáreas que había inundado.
CONFLICTO ACTUAL
Con esta breve historia creo que basta para entender que lo de Carranza es un problema que data desde los tiempos del cardenismo y poscardenismo que no fue atendido por los gobiernos pasados, tanto federal como estatal, que tiene tintes políticos, la intromisión de gente poderosa y con dinero (si no cómo se explica que los comuneros tengan armas de fuego y echen bala por horas) y una controversia legal respecto a los límites y legítima propiedad de las tierras de la que no se han podido poner de acuerdo los dos grupos en disputa.
Dicho más claramente, los de la Casa del Pueblo y la Alianza de San Bartolomé de los Llanos se pelean 7 mil hectáreas, de las cuales ambos grupos dicen ser los dueños, y éstos a su vez son respaldados por caciques que buscan a través de la violencia y el derramamiento de sangre obtener prebendas políticas con el gobierno.
Entre los implicados en el conflicto se dice que está el excandidato al Gobierno del Estado, Jesús Orantes Ruiz, quien desde hace muchos años ha sido acusado de despojar terrenos ilegalmente y de haber amasado una enorme fortuna con la explotación de humildes campesinos.
Ahí parece estar el porqué de que los líderes de ambas organizaciones se hayan venido negando a respetar los compromisos y resolver el conflicto por las vías legales.
El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas ha dialogado con las partes inconformes desde el año 2019, y ha insistido desde entonces en realizar mesas de trabajo para lograr los acuerdos que privilegien la paz y terminen con los brotes de violencia en el municipio.
No obstante, tanto la Casa el Pueblo como la Alianza han desatendido los llamados a la civilidad y por eso el 4 de mayo, en un enfrentamiento entre ellos, murieron 3 personas y cinco más resultaron heridas. Y estos últimos se niegan a devolver los 31 vehículos que tienen retenidos desde hace varias semanas del grupo adversario.
Ante esa situación bien ha hecho el Gobierno del Estado en reforzar la presencia de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, para prevenir más confrontaciones y garantizar la seguridad de los habitantes.
Algo rescatable de los enfrentamientos del sábado pasado es que los líderes de las dos agrupaciones han solicitado al Gobierno una mesa de diálogo con las autoridades estatales y federales para alcanzar una solución duradera y justa para ambas partes. Ojalá así sea.
HAY QUE ENTENDER
Mientras tanto, que nadie sea llamado a engaño. Hay que entender que en el conflicto agrario de Venustiano Carranza hay muchas manos involucradas, donde cada una mece la cuna al ritmo que mejor le convenga. Pues no hay que olvidar que en el chantaje siempre hay buenas ganancias, tanto políticas como económicas.
A la sazón, aquel que acuse al gobierno de ser parcial en el conflicto, miente. Y quien niegue que detrás de este problema por la tenencia de la tierra no existen intereses políticos, también.
