Puntos Fiscales
José Luis León Robles
Hay una cifra que resume buena parte de la discusión económica de México rumbo a 2027: 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. Esa es la cantidad de ingresos que el Gobierno federal pretende obtener durante el próximo ejercicio fiscal de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación presentada ante el Congreso de la Unión. Pero detrás de esos diez billones de pesos existe una discusión mucho más profunda. No se trata solamente de saber cuánto dinero tendrá el Gobierno. La verdadera pregunta es quién lo va a aportar, de dónde saldrá, cuánto tendrá que pedirse prestado y qué capacidad tendrá el Estado para responder a las necesidades de una población que exige servicios públicos, seguridad, salud, educación, infraestructura y programas sociales. La iniciativa, presentada el 9 de septiembre de 2026, contempla cuatro capítulos, 34 artículos y 30 disposiciones transitorias. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027, aunque todavía se encuentra en proceso legislativo. Y quizá sea precisamente ahora, antes de que se convierta en ley, cuando más atención debería prestarse a sus números. La primera confusión que suele producirse al hablar de la Ley de Ingresos es pensar que todo el dinero estimado representa recursos que el Gobierno puede gastar libremente. Los ingresos federales tienen diferentes fuentes y características. Una parte importante proviene de los impuestos que pagan personas y empresas; otra procede de cuotas de seguridad social, derechos, aprovechamientos, organismos públicos y empresas del Estado. Y existe una cantidad considerable que corresponde a financiamiento. La lectura importante está en la composición: la mayor fuente de recursos continúa siendo la recaudación tributaria, pero una parte significativa del total está relacionada con financiamiento. De los 10.6 billones de pesos estimados, aproximadamente 6.26 billones procederían de impuestos. Traducido al lenguaje de la calle: buena parte del dinero con el que funcionará el Gobierno durante 2027 saldrá de las actividades económicas de ciudadanos y empresas. Aquí aparece un elemento políticamente relevante: una mayor recaudación no necesariamente significa que se hayan creado nuevos impuestos. El Gobierno puede obtener más recursos porque crece la economía, porque aumenta el consumo, porque se incorporan más personas a la formalidad o porque mejora la fiscalización y disminuye la evasión. Por eso será importante observar durante 2027 no solamente cuánto recauda el SAT, sino cómo se comporta la economía que genera esa recaudación. Una economía que produce más puede generar mayores ingresos fiscales sin necesidad de aumentar las tasas. Pero si el crecimiento es menor al esperado, las cuentas públicas enfrentan otra realidad. La gran apuesta: recaudar más, el modelo fiscal que se desprende del paquete económico apuesta fuertemente por fortalecer los ingresos tributarios. El planteamiento tiene una lógica sencilla: antes de pensar en nuevos impuestos, el Estado puede intentar cobrar de manera más eficiente los que ya existen. La discusión, sin embargo, está en el equilibrio. Combatir la evasión fiscal puede fortalecer las finanzas públicas y reducir desigualdades entre quienes cumplen y quienes no cumplen con sus obligaciones. Pero una fiscalización cada vez más intensa también obliga a preguntarse si las reglas son suficientemente claras, si los pequeños contribuyentes tienen capacidad para cumplirlas y si la administración tributaria distingue adecuadamente entre evasión deliberada y errores administrativos. En otras palabras: el desafío no es únicamente recaudar más; también es construir un sistema en el que cumplir sea comprensible, previsible y proporcional. La propia legislación fiscal establece que las iniciativas tributarias deben procurar certidumbre jurídica, facilitar el pago de contribuciones, garantizar que la recaudación sea mayor al costo de cobrarla y mantener estabilidad para las finanzas públicas. La iniciativa contempla además autorizar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, un endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos. Para Petróleos Mexicanos se plantea un endeudamiento neto interno de hasta 160.6 mil millones de pesos y externo de hasta 5.259 mil millones de dólares. Para la Comisión Federal de Electricidad se proponen techos de 16.742 mil millones de pesos de endeudamiento interno y 725 millones de dólares de externo.
